Vendrán a por ti, pero será demasiado tarde

Es sabido que en los regímenes autoritarios prevalecen los fines políticos sobre el ordenamiento jurídico. Sin ir más lejos, en la inmediata posguerra civil, con objeto de exterminar al enemigo interno —izquierda y nacionalismos—, el bando vencedor impuso la idea de que, pese al cese de las hostilidades, había que proseguir la lucha por medios más sutiles, en palabras del cuñadísimo Serrano Suñer. Así, policía y jueces devinieron una auténtica milicia que se empleó a fondo en lo que se conoce como el “derecho penal de autor”, forma desviada y de matriz schmittiana, ya empleada por los nazis, p...

Es sabido que en los regímenes autoritarios prevalecen los fines políticos sobre el ordenamiento jurídico. Sin ir más lejos, en la inmediata posguerra civil, con objeto de exterminar al enemigo interno —izquierda y nacionalismos—, el bando vencedor impuso la idea de que, pese al cese de las hostilidades, había que proseguir la lucha por medios más sutiles, en palabras del cuñadísimo Serrano Suñer. Así, policía y jueces devinieron una auténtica milicia que se empleó a fondo en lo que se conoce como el “derecho penal de autor”, forma desviada y de matriz schmittiana, ya empleada por los nazis, para castigar no tanto los delitos como a sus autores. Se trata, mutatis mutandis, de la “guerra híbrida” de nuestros tiempos. Del lawfare que utiliza de forma ilegítima el Derecho para perseguir falsamente comportamientos que se sabe de antemano que van a suscitar el repudio entre la ciudadanía, para así desactivar al “enemigo político”. Y, aunque esas prácticas están al orden del día ya hace algún tiempo, lo cierto es que hasta no hace mucho su existencia era negada, quizás porque repugnaba a algunas conciencias que ello pudiera acontecer en nuestro Estado de derecho. Si bien, hay que admitir que ese negacionismo ha cedido. Quizás porque, como decía Martin Niemöller, corremos el peligro de que cuando vengan a por nosotros ya no quede nadie.

En efecto, quien más quien menos conoce la via procedendi de algunos casos en los que ha habido investigaciones policiales espurias —a cargo de la llamada “policía patriótica”, por ejemplo—, aderezadas con testigos y pruebas acusatorias fabricadas y convenientemente filtradas a medios afines con el propósito de crear un estado de opinión conducente inexorablemente a una “sentencia popular” adversa. Para ello, solo hay que recurrir a algunos elementos corruptos e indeseables en las fuerzas de seguridad, además a algunos jueces permeables. Tales métodos se han empleado con profusión para derrocar a Lula da Silva, con el pretexto de recibir una mordida en forma de apartamento de 600.000 dólares; a López Obrador, por intentar abrir una calle en el Distrito Federal; o a Rafael Correa, al que se atribuía una contabilidad con pagos ilegales. Y, entre nosotros, en la “guerra sucia” contra Podemos, en la operación Cataluña, o incluso en las invectivas contra Pedro Sánchez en el caso Begoña. En este caso, siguiendo los pasos de Vox, el juez Juan Carlos Peinado ha pulverizado todos los registros históricos: ha citado a declarar por primera vez a un presidente del Gobierno en fase de instrucción, a partir de la denuncia llena de bulos de un pseudosindicato como Manos Limpias. Y no solo eso, ha dispuesto lo necesario para recibir y grabar la declaración en Moncloa, pese a que Sánchez no tiene obligación de declarar contra su cónyuge. Pura farsa partidista.

Con todo, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, al parecer investiga el caso de los de Pablo Iglesias a raíz de una querella de la misma formación morada. ¡Albricias! Hay bastante evidencia de que Mariano Rajoy tejió, con la ayuda de una tupida red de hasta doce siniestros mandos policiales, una estrategia para desacreditar a Podemos manufacturando pruebas falsas, extorsionando a expolíticos venezolanos para que informasen de una delirante financiación ilegal o escarbando en las bases de datos del propio Ministerio del Interior a la búsqueda del menor intersticio de culpabilidad. Se supone que no porque fuera un adversario directo del PP, sino porque con 69 diputados en 2015 constituía una amenaza para el bipartidismo de las aguas estancadas desde la transición.

En relación con la operación Cataluña, sabemos de la existencia de decenas de “notas informativas” elaboradas desde 2012 para atribuir torticeramente delitos fiscales, malversaciones, comisiones ilegales e incluso cuentas en paraísos fiscales a líderes políticos independentistas. Cierto que uno de esos documentos reveló la fortuna en Suiza de los Pujol, pero el equipo policial que lo filtró ha admitido que los datos fueron “facilitados” por la Banca Privada de Andorra ante el temor de que el Gobierno del PP le retirase la licencia para operar en España. Lástima que estos días la Audiencia Provincial de Madrid haya rechazado la comisión rogatoria solicitada por las autoridades andorranas contra Rajoy, Montoro y Fernández Díaz (¡oooh!). Quizás la ausencia de un celo asaz al de Pedraz nos va a impedir conocer si esas “notas informativas” —léase toda una panoplia de investigaciones prospectivas al margen de la ley y sin control judicial—, instigadas por el exministro Jorge Fernández Díaz, acabaron en el despacho de Rajoy.

En fin, algunos togados, inmersos en su metaverso, y con una creatividad rayana en la extravagancia, han reputado como terrorismo unas protestas ciudadanas o descartado aplicar la ley de amnistía, aunque esa norma no presente duda jurídica o gramatical alguna. Además de que constata la voluntad del legislador: basta con acudir al diario de sesiones. Hay que ser muy abstruso para querernos hacer creer que los artífices del procés perseguían enriquecerse, además de perseguir objetivos políticos con los que se puede o no estar de acuerdo. Y ahí no acaba la cosa: algunos jueces no han ahorrado críticas al poder político, verbigracia el reciente auto de la Sala del Supremo presidida por Manuel Marchena, donde se alude a “la condescendiente lenidad del legislador español ante malversadores condenados en sentencia firme”. Eso sí, con un registro más culto que el de su colega Joaquín Aguirre, el de la desternillante trama rusa, que ha augurado, sin ulteriores consecuencias, por cierto, que Pedro Sánchez durará “dos telediarios alemanes, dos, y ya está, a tomar por el culo (sic)”.