La asfixia de las afganas

Más de 1,5 millones de afganas sufren la prohibición de acceso a la educación ordenada por el régimen talibán en marzo de 2022, según ha denunciado Unicef. La medida, que tiene graves consecuencias en el desarrollo vital de estas jóvenes y niñas, se puede cuantificar en la inaudita cifra de horas de aprendizaje de las que han sido despojadas: 3.000 millones. Este es solo un dato de los muchos que ejemplifican la degradación de la vida de las mujeres, cuyo destino quedó en manos de una interpretación fundamentalista de la ley islámica tras el precipitado abandono de Afganistán por parte de las tropas occidentales, en especial las de EE UU, en agosto de 2021.

A pesar de las garantías dadas inicialmente por los talibanes, la brutal ofensiva contra la libertad de las afganas no tardó en llegar a Kabul. De hecho, ya había tenido lugar mucho antes en las zonas del país controladas por la milicia integrista. Desaparecido Afganistán del foco informativo diario, el nuevo pero viejo régimen, que hace gala de su desprecio por la dignidad de la mujer, ha tenido las manos libres para aplicar una sistemática política de opresión.

Lamentablemente, nadie puede sorprenderse: sucedió exactamente lo mismo cuando los talibanes gobernaron el país asiático entre 1996 y 2001. Ahora, desesperadas, jóvenes y adultas están recurriendo cada vez en mayor medida a productos de limpieza o venenos matarratas para quitarse la vida, según recoge un informe del relator especial de la ONU para Afganistán, que ha denunciado un verdadero apartheid de género.

Por eso resulta especialmente incomprensible que precisamente Naciones Unidas haya cedido a las presiones del Gobierno de Kabul y haya invitado a sus representantes a la tercera cumbre internacional sobre Afganistán, celebrada esta semana en Doha. El mayor sarcasmo es que en el citado encuentro se ha tratado, entre otros asuntos, la situación de las mujeres. Pero solo una vez que los talibanes abandonaron la cumbre. El secretario general de la ONU, António Guterres, se había mostrado tajante en la segunda reunión, celebrada el pasado febrero, ante la exigencia gubernamental de que no hubiera mujeres afganas —exiliadas, naturalmente— con el argumento de que la situación de sus “hermanas”, como las califica Kabul, es un asunto estrictamente interno.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han acusado a la ONU de primar la integración de Afganistán en el concierto económico mundial o la lucha contra el narcotráfico sobre la insostenible situación de las ciudadanas de ese país. Algo semejante no debería repetirse. La comunidad internacional tiene la obligación de hacer llegar al régimen talibán el mensaje inequívoco de que la dignidad de la mujer es una prioridad universal e innegociable. Justo lo contrario de la impunidad con la que actúan desde que volvieron al poder hace tres años.