El precedente

Julian Assange se ha declarado culpable de un solo cargo: conspirar para obtener y divulgar información relacionada con la defensa nacional de EE UU. Pero la Ley de Espionaje de 1917 estaba diseñada para perseguir a funcionarios gubernamentales o contratistas del Estado: analistas de Inteligencia como Chelsea Manning, Edward Snowden o Daniel Ellsberg, que filtraron información clasificada mientras estaban contratados por Es...

Julian Assange se ha declarado culpable de un solo cargo: conspirar para obtener y divulgar información relacionada con la defensa nacional de EE UU. Pero la Ley de Espionaje de 1917 estaba diseñada para perseguir a funcionarios gubernamentales o contratistas del Estado: analistas de Inteligencia como Chelsea Manning, Edward Snowden o Daniel Ellsberg, que filtraron información clasificada mientras estaban contratados por Estados Unidos; gente como Mark Felt, subdirector del FBI, garganta profunda del Watergate. No está pensada para perseguir a los periodistas que publicaron esos documentos. O no lo estaba hasta hoy.

Con este acuerdo, el presidente Joe Biden ha hecho lo que nadie había hecho antes. Lo que la administración Obama pudo y no quiso hacer. Ha usado la Ley de Espionaje para procesar a un extranjero fuera del territorio que no tiene ningún vínculo con el Gobierno por publicar documentos legítimos. Más importante todavía: un editor. La administración Trump había empezado ese proceso con la esperanza de obtener material útil sobre el Partido Demócrata antes de la campaña de 2020. Pero Biden ha terminado el trabajo, con la única intención de vengar a Clinton y darnos a todos una lección.

El precedente ha tenido varios actores secundarios. Algunos con papeles tan significativos como Suecia, que ordenó la primera extradición por acusaciones de delitos sexuales. O Ecuador, que protegió a Assange en su Embajada hasta abril de 2019. El Gobierno del Reino Unido, que mandó a Augusto Pinochet a casa mientras esperaba a ser extraditado por genocidio, crímenes de guerra, terrorismo y tortura, encerró a Assange sin cargos durante cinco años en una celda de seis metros cuadrados en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad. Australia, el único país donde tiene derechos civiles, olvidó defenderlos hasta que Anthony Albanese llegó al Gobierno, en mayo de 2022.

Julian Assange publicó los archivos de Irak y Afganistán que le entregó Chelsea Manning siete años después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un informe detallado con información falsa sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Seis años después de que un soldado llamado Joseph Darby filtrara imágenes de las torturas y crímenes de guerra que el ejército estadounidense cometía en Abu Ghraib. Cinco años después de que el fiscal general Jay Bybee, titular de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de EE UU, recomendara la implementación de esas mismas tácticas de tortura para interrogar a detenidos en Guantánamo. Tres años después de que un helicóptero Apache matara deliberadamente a varias personas en Bagdad, incluyendo dos niños que iban al colegio y dos periodistas de Reuters, Namir Noor-Eldeen y su asistente Saeed Chmagh. EE UU no ha perseguido estos crímenes de guerra. Le dio a Colin Powell la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración civil.

Una clave en este precedente ha sido la desacreditación de Assange como editor, con la notable colaboración de los medios dispuestos a repetir que Julian había sido “solo una fuente”, sin hacerse responsables de su protección. Con esa firma, el Gobierno de EE UU ha legitimado su derecho a detener periodistas de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo, por publicar documentos legítimos que vayan en contra de sus intereses. Y, con el suyo, el de China, Venezuela, Rusia o Irán.