La ‘fatwa’ de la obediencia catalana

De resultas de las elecciones al Parlament del 12 de mayo hay ahora mismo una pugna abierta en el escenario político catalán entre dos posiciones contrapuestas. La primera es la del PSC negociando con ERC y los Comunes la articulación de la mayoría progresista para elegir presidente de la Generalitat a ...

De resultas de las elecciones al Parlament del 12 de mayo hay ahora mismo una pugna abierta en el escenario político catalán entre dos posiciones contrapuestas. La primera es la del PSC negociando con ERC y los Comunes la articulación de la mayoría progresista para elegir presidente de la Generalitat a Salvador Illa y formar el nuevo gobierno catalán. La otra es la de Junts, que consiste simplemente en lograr el fracaso de la negociación entre el PSC y ERC y la consiguiente repetición de las elecciones.

En tanto que uno de los tres socios imprescindibles para dar forma a la mayoría progresista existente en el Parlament, ERC ha fijado las condiciones para forjar un acuerdo. Se resumen en tres puntos: avances para un referéndum de autodeterminación, mejora de la financiación de la Generalitat y garantías para la consolidación de las políticas de bienestar social.

Nadie piensa que vaya a ser una negociación fácil, tanto por las dificultades de las condiciones en sí como por la incidencia de factores ajenos a ellas y en el entorno político catalán y español. Una de las mayores dificultades es precisamente la determinación que exhibe Junts para impedir el acuerdo. Para sabotearlo antes de que fragüe, la dirección de Junts ha recurrido a un viejo argumento del nacionalismo catalán: la descalificación de los socialistas como eventuales aliados o socios de gobierno por no ser “un partido de obediencia catalana”. Antaño, hasta 1914, la interdicción de los socialistas por parte de las derechas se basaba en su pertenencia a la Segunda Internacional, lo que según ellas les restaba fiabilidad como partido nacional, fuera cual fuera la nación. Ahora se trata de lo contrario: su condición de partido español les niega, a los ojos de Junts, la legitimidad para dirigir el Gobierno catalán.

Es una versión local de la fatwa de los musulmanes: la autoridad religiosa se atribuye la facultad de decidir qué se permite y qué está prohibido a los fieles. En este caso, Junts se erige en la autoridad de todo el independentismo catalán y pretende que ERC acate su orden.

Puede parecer una exageración, pero no lo es. El nacionalismo de Junts no es el único en el mundo. Sin ir más lejos, su esquema político e ideológico es el mismo que rige en España. La medicina que Junts quiere aplicar al PSC en Cataluña es la misma que PP y Vox aplican allí donde pueden. El nacionalismo españolista libra desde hace cinco años una ferocísima batalla en la que PP y Vox niegan toda legitimidad política al Gobierno de Pedro Sánchez precisamente porque se sostiene en una coalición parlamentaria de la que forman parte partidos que a su juicio no son de obediencia española, sino catalana, vasca, gallega, valenciana. Esquerra y Junts entre ellos, en posición destacada.

Esta argumentación está lejos de ser una excentricidad. Se basa en ideas muy arraigadas: nosotros y ellos; los de aquí y los de fuera. Los partidos nacionalistas catalanes, ahora convertidos en independentistas, son, según Junts, los únicos con legitimidad para gobernar la Generalitat. Los otros pueden existir, concurrir a las elecciones, incluso puede que alguno de ellos las gane alguna vez, pero gobernar Cataluña, no. De ninguna manera. Eso solo deben hacerlo los de obediencia catalana, los nuestros, los de casa.

La receptividad entre las bases de ERC a este mantra, que en Cataluña resuena desde 1980, determinará ahora que haya o no un acuerdo político de las izquierdas en el Parlament.