Freno al abuso de las aerolíneas

La multa de 150 millones de euros que el Ministerio de Consumo ha impuesto a cuatro aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea) por el cobro indebido de servicios considerados complementarios es un parteaguas en la batalla entre asociaciones de consumidores y las aerolíneas que viene de muy atrás y se mantiene en múltiples frentes. La impotencia y la confusión frente a las normas de cada compañía aérea son motiv...

La multa de 150 millones de euros que el Ministerio de Consumo ha impuesto a cuatro aerolíneas de bajo coste (Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea) por el cobro indebido de servicios considerados complementarios es un parteaguas en la batalla entre asociaciones de consumidores y las aerolíneas que viene de muy atrás y se mantiene en múltiples frentes. La impotencia y la confusión frente a las normas de cada compañía aérea son motivo de especial frustración para el usuario. No solo es la mayor sanción impuesta por las autoridades de Consumo, sino que recoge el malestar que sienten muchos usuarios cuando viajan en avión e intentan defender sus derechos.

La sanción es fruto de una investigación que se inició en el verano de 2023. El ministerio concluye que cuatro prácticas habituales de las aerolíneas son abusivas y quedan prohibidas a partir de ahora: cobrar por reservar asientos contiguos para acompañar a menores o personas dependientes; cobrar un suplemento por equipaje de mano; la falta de transparencia sobre el precio final del vuelo (respecto al precio que aparece en las ofertas), y no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos servicios. La medida todavía puede ser recurrida por las empresas ante el ministerio y, llegado el caso, ante los tribunales.

Las aerolíneas aseguran que todo seguirá igual, al menos hasta que la decisión sea firme, lo que supone que hasta entonces pueden seguir cobrando costes extras, por ejemplo, por el equipaje de mano, y que no afectará a la actual temporada de verano. Defienden además que la sanción vulnera la normativa europea de libre fijación tarifaria y advierten de una posible subida del coste de los billetes si se imponen estos cambios.

La falta de consenso en Europa sobre estos costes es uno de los problemas que afrontan los consumidores. El Parlamento Europeo pidió en octubre unificar los criterios en toda la Unión Europea sobre equipaje de mano y revisar la legislación sobre los derechos de los pasajeros aéreos. La Comisión Europea trabaja en estos momentos con las aerolíneas para armonizar las prácticas comerciales en lo relativo, precisamente, al equipaje de mano y en cabina. La normativa común es muy necesaria por cuanto el tráfico aéreo vive un nuevo bum en la UE tras las restricciones de movilidad por la pandemia en 2020 y 2021, y las normas sobre las dimensiones de lo que se puede o no llevar a bordo varían de una compañía a otra y dificultan los viajes con múltiples escalas. Es, además, especialmente importante para un país como España que recibió 85 millones de turistas en 2023, buena parte de los cuales llegan a través de los aeropuertos.

Lo cierto es que el cobro de estos servicios complementarios se ha convertido en un elemento muy importante del modelo de negocio de las compañías aéreas y más entre las de bajo coste, que fueron las pioneras en desagregar tarifas y servicios. El peso de estos servicios en la facturación ronda el 15% del total de ingresos del sector, pero alcanza el 45% en algunas de las empresas afectadas, y hasta el 56% en el de la húngara WizzAir, que sin embargo ha quedado fuera de las sanciones. Si las prácticas son consideradas abusivas en cuatro aerolíneas, lo lógico es que la prohibición se extendiera a todo el sector, aunque cada compañía pueda decidir qué medidas debe tener el equipaje de mano en sus vuelos.