Los urgentes problemas de la dependencia

Han pasado 17 años desde que España consagrase por ley el cuarto pilar del Estado de bienestar, la atención a las personas en situación de dependencia, pero el despliegue de lo que entonces se consideró con razón “un hito histórico” sigue lastrado por el efecto de años de austeridad forzada, una procelosa burocracia y unos desequilibrios territoriales que vulneran la igualdad en el ejercicio de los derechos que...

Han pasado 17 años desde que España consagrase por ley el cuarto pilar del Estado de bienestar, la atención a las personas en situación de dependencia, pero el despliegue de lo que entonces se consideró con razón “un hito histórico” sigue lastrado por el efecto de años de austeridad forzada, una procelosa burocracia y unos desequilibrios territoriales que vulneran la igualdad en el ejercicio de los derechos que establece la norma. Más de 1,5 millones de personas se encontraban a finales del año pasado en situación de dependencia reconocida, pero casi 300.000 se hallan en la lista de espera, entre quienes aguardan recibir la prestación a la que tienen derecho y las pendientes de valoración, según los últimos datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, difundidos ayer.

El plan de choque que el Gobierno puso en marcha en 2021 para compensar los recortes impuestos en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha inyectado al sistema casi 3.800 millones de euros —lo que ha compensado prácticamente los recortes— y se constata un progresivo avance en las diferentes ratios. Sin embargo, ha tenido un impacto mucho menor de lo esperado en la mejora del sistema.

Datos como que el tiempo medio de tramitación de un expediente se sitúa en 324 días, cuando la normativa fija un máximo de seis meses, o que más de 40.000 personas falleciesen el año pasado esperando ser valoradas o atendidas muestran tanto la gravedad de las carencias como todo el camino que queda por recorrer. Igual de inaceptables son las profundas diferencias territoriales, cuando son las autonomías las competentes en la aplicación de los programas. Cuatro comunidades superan los 12 meses de espera —Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia— y solo otras cuatro, más Ceuta, cumplen el plazo legal.

Los indicadores de atención que analiza la asociación muestran una brecha territorial cada vez mayor, lo que implica que personas que tienen reconocidos sus derechos legales no pueden ejercerlos según donde vivan. Nueve comunidades redujeron el año pasado sus fondos en atención a la dependencia y en seis la lista de espera no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Obliga igualmente a la reflexión el fuerte impacto negativo de género: el 73% de los cuidadores son mujeres, muchas de ellas no por libre elección, sino por imposición económica y social o por falta de alternativas públicas.

España cuenta con una de las mayores esperanzas de vida del planeta, lo que lleva consigo unas necesidades crecientes a medida que la población envejece. La respuesta no puede seguir siendo unos servicios de bajo coste y unas prestaciones escasas, lo que afecta en mayor medida a las familias más vulnerables. Mejorar el modelo supone una urgencia social que solo comenzará a resolverse a partir de un acuerdo en el que toda la sociedad y sus representantes se sientan concernidos.