Ataque republicano a la sostenibilidad

Después de pasar los últimos años puliendo su imagen pública y prometiendo hacer uso de su músculo financiero para combatir el cambio climático, algunos de los gigantes de Wall Street están dando marcha atrás en sus compromisos medioambientales en medio de una ofensiva del Partido Republicano contra las prácticas de sostenibilidad de las empresas.

Cuatro de las principales firmas financieras estadounidenses (JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco), que gestionan billones de dólares en activos, ...

Después de pasar los últimos años puliendo su imagen pública y prometiendo hacer uso de su músculo financiero para combatir el cambio climático, algunos de los gigantes de Wall Street están dando marcha atrás en sus compromisos medioambientales en medio de una ofensiva del Partido Republicano contra las prácticas de sostenibilidad de las empresas.

Cuatro de las principales firmas financieras estadounidenses (JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco), que gestionan billones de dólares en activos, han anunciado que abandonan o reducen su implicación en Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos inversores para hacer que las empresas de las que son accionistas reduzcan sus emisiones contaminantes. Los gestores de estos fondos se justifican argumentando que la ley estadounidense les obliga a buscar el interés financiero de sus clientes y a no guiar sus decisiones por otros criterios, algo que los expondría a problemas legales. Algunos políticos republicanos llegaron incluso a acusar a estas compañías de abrazar el capitalismo woke, el término que utilizan para definir todo lo que no se pliega a su ideología.

Si durante años la América empresarial y financiera ha hecho gala de su apuesta por los criterios de inversión sostenible teniendo en cuenta factores medioambientales, sociales y de buen gobierno (conocidos como ESG, en sus siglas en inglés), ahora ese compromiso puede penalizarles políticamente. De hecho, algunos Estados gobernados por los republicanos, como Texas o Virginia Occidental, han vetado de los contratos con la administración a las firmas que respaldan los criterios ESG por entender que atentan, entre otras, contra la industria petrolera, fundamental para sus economías. De ahí una creciente tendencia de las empresas a evitar publicitar sus iniciativas verdes. Es lo que en la jerga se conoce como greenhushing —traducible por silencio ecológico—. Una interpretación menos benévola, sin embargo, apunta que el compromiso de algunos de estos grandes inversores con la causa climática no era tan firme, de ahí que opten por dar marcha atrás cuando se les exige adoptar medidas concretas.

A esto hay que añadir la creciente brecha que existe entre Estados Unidos y la Unión Europea en términos de regulación climática, con la diferencia añadida de que las firmas europeas carecen de la potencia financiera que tiene Wall Street y, por tanto, de su capacidad para influir como inversores en las empresas contaminantes. Las últimas decisiones adoptadas por los gigantes financieros de EE UU demuestran que el lobby antiecológico es una realidad y que la lucha contra el cambio climático puede ser otra de las víctimas colaterales de una posible victoria trumpista en las elecciones presidenciales de noviembre. La sostenibilidad puede pasar a la clandestinidad en los Estados Unidos de Donald Trump.