El cerco represivo del chavismo

Cada vez que Nicolás Maduro advierte una amenaza política, opta por una respuesta represiva. El último contraataque lleva gestándose desde enero y desembocó la semana pasada en la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel. La embestida contra la oposición está orquestada por la Fiscalía y por su máximo responsable, Tarek William Saab, alto funcionario encargado de ejecutar los designios del ...

Cada vez que Nicolás Maduro advierte una amenaza política, opta por una respuesta represiva. El último contraataque lleva gestándose desde enero y desembocó la semana pasada en la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel. La embestida contra la oposición está orquestada por la Fiscalía y por su máximo responsable, Tarek William Saab, alto funcionario encargado de ejecutar los designios del Gobierno. Primero denunció cinco supuestas tramas para asesinar al presidente Maduro. Más tarde puso en marcha una operación policial en la que fueron detenidas decenas de personas, entre ellas algunos colaboradores de María Corina Machado, candidata de las fuerzas antichavistas y ganadora de las primarias, hoy inhabilitada. Por último, ordenó la captura de San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y con doble nacionalidad, española y venezolana.

La abogada fue detenida en el aeropuerto de Caracas y durante tres días las autoridades no informaron de su paradero. A su arresto se sumaron también los de algunos familiares, que después quedaron en libertad. Sin embargo, San Miguel fue enviada al Helicoide, la prisión del servicio de inteligencia, bajo las acusaciones de terrorismo y traición a la patria. El aparato gubernamental suele recurrir a la supuesta amenaza de desestabilización en los momentos más críticos, lo que facilita a la vez la movilización de sus bases y la construcción de un relato. Un sector de la oposición sirvió en bandeja a Maduro esa estrategia porque sí existieron intentos probados de derrocar al mandatario, como la llamada Operación Gedeón, que en 2020 terminó en un disparatado desembarco con mercenarios extranjeros en dos playas de Venezuela.

El caso de San Miguel, no obstante, es radicalmente distinto: la única evidencia presentada es un vídeo editado en el que un militar la vincula con una presunta conspiración. Estados Unidos, la Unión Europea y decenas de ONG rechazaron su detención. Dentro de su política de acallar a los testigos incómodos, el Gobierno decretó este jueves la expulsión en 72 horas del personal de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta arremetida se da, además, en un contexto preciso. La celebración de elecciones presidenciales, previstas para este año, sigue en el horizonte, aunque de momento no existe ninguna claridad sobre el calendario. Una de las pocas cosas que el chavismo ha dejado clara es que no permitirá la participación de Machado. Una decisión ampliamente cuestionada por la comunidad internacional y que, con todo, supone un durísimo golpe para la unidad de las filas opositoras, donde ya ha aflorado el debate sobre un nuevo posible candidato.

El supuesto giro de Nicolás Maduro hacia la apertura ha sido un espejismo. En 2023 aceptó acercarse a la oposición y las partes incluso alcanzaron importantes acuerdos en una mesa de diálogo desplegada en Barbados. En paralelo, Caracas obtuvo algunos beneficios políticos y económicos: Washington relajó las sanciones al sector petrolero y acordó un intercambio de presos que permitió la liberación del empresario Alex Saab, acusado de ser el testaferro del presidente venezolano. El Gobierno no parece temer ahora una represalia de la Casa Blanca, ha vuelto a activar su maquinaria represiva y hasta ha amenazado con procesar a quien ponga en duda la teoría del complot. Una táctica que, aunque pueda tener como efecto inmediato la probable permanencia de Maduro en el poder, queda lejos del camino democrático de unas elecciones libres y con garantías que demandan los venezolanos.