Una idea de esperanza

Así ha titulado Ximo Puig lo que denomina una carta de urgencia, que recoge una primera reflexión tras ocho años de Gobierno y que nace, según afirma el autor, del sentimiento de que este tiempo no puede ser “un paréntesis entre dos nadas”. El texto, cuidado en sistemática y formulación, merece la pena ser leído. Incluye una reivindicación de la tarea de gobierno, con datos que actúan a modo d...

Así ha titulado Ximo Puig lo que denomina una carta de urgencia, que recoge una primera reflexión tras ocho años de Gobierno y que nace, según afirma el autor, del sentimiento de que este tiempo no puede ser “un paréntesis entre dos nadas”. El texto, cuidado en sistemática y formulación, merece la pena ser leído. Incluye una reivindicación de la tarea de gobierno, con datos que actúan a modo de protector de un legado que puede estar amenazado por el Gobierno salido de las elecciones del 28-M. Más interesante me parece, sin embargo, la manera sutil con la que se describe una forma de entender y hacer política; y es ahí donde se percibe con claridad que lo que allí se dice está pensado. Se habla de respeto, de palabra, de identidad, de lealtad, de reputación, de protección, de progreso y de esperanza.

He disfrutado de su lectura en una semana en la que el acuerdo de PP y Vox en Aragón ha permitido configurar el último de los gobiernos autonómicos en el que el partido de Núñez Feijóo acepta, en una estrategia poco meditada, una agenda ultraconservadora que no difiere en términos generales de la que Santiago Abascal ya impuso en Castilla y León y ahora ha replicado en Extremadura, Valencia o Baleares. La ultraderecha nunca ha ocultado el propósito para el que pide la confianza a los ciudadanos en las elecciones: derogar todo aquello que tenga que ver con la memoria histórica, desmantelar el avance en derechos para determinados colectivos, apoyar una idea de familia, rechazar la inmigración ilegal y perseguirla con métodos poco compatibles con la legislación vigente, intervenir en el ámbito de la educación sobre presunciones ciertamente disparatadas, negar evidencias científicas en materia de emergencia climática, además de apostar por bajar impuestos sin reparar en sus consecuencias sobre el Estado de bienestar, entre otros.

Imponer estas y otras ideas en aquellos gobiernos autonómicos para los que Vox es determinante resulta de una lógica política aplastante. Lo propio cabe decir en el supuesto de que los escaños obtenidos por ese mismo partido en las elecciones generales pudieran ser de utilidad para investir a Alberto Núñez Feijóo como presidente. Pero, ¿qué consecuencias tendrá para el PP que la ultraderecha colonice elementos tan sensibles para una mayoría a la que dice aspirar a gobernar? El riesgo, como resulta fácil de intuir, no está solo en la cesión de un área determinada de gestión con más o menos competencias y presupuesto. La verdadera hipoteca que el PP ha contraído a nivel autonómico impacta en la identidad política de un partido que aspira legítimamente a gobernar España, lastrando de manera definitiva las posibilidades reales de lograr su objetivo.

Y es aquí donde vuelvo a la reflexión de quien fue presidente de la Generalitat valenciana cuando afirma que “quien no es capaz de entender todas las miradas de una sociedad diversa, quien no es capaz de respetar la polifonía de voces de una sociedad plural es imposible que gobierne bien”. La reflexión sirve para el gobierno de las comunidades autónomas, pero resulta todavía más necesaria cuando se trata de gobernar un país como España donde la fragmentación parlamentaria que tanto complica los escenarios de investidura es el reflejo de la diversidad que describe al conjunto de la sociedad y que determina el parámetro para ordenar su convivencia. De ahí que los debates previos a la configuración de una mayoría que avale una investidura estén trufados de temas que enfatizan este rasgo de nuestro país. La cuestión territorial es, sin duda, un elemento recurrente que exige para su administración exitosa una mirada en clave federal y altas dosis de lealtad entre las partes que componen el todo, algo en lo que España tiene todavía margen de mejora desde la dimensión jurídica, institucional y también política. No es tiempo ahora de detalles, sino de señalar que quien sea capaz de declinar el conjunto de pretensiones, intereses o aspiraciones que representan los distintos partidos políticos con representación en las Cortes Generales dará prueba de estar mejor capacitado para comprender a la España real y, desde ahí, ganarse el derecho a gobernarla.