Guatemala: un laberinto perfecto, es decir, sin salida

La narcocleptodictadura en el país sólo puede ceder producto de la presión exterior. La presión interior jamás podría desplazarla hacia una genuina democracia

Ciudadanos guatemaltecos protestan para exigir que se respete el proceso electoral.Esteban Biba (EFE)

La democracia en Guatemala jamás se materializó. Ha sido una ficción, una fantasía con un disfraz soberbio. Desde un principio experimentó una metamorfosis siniestra: cada cuatro años nos limitamos a elegir un presidente ladrón, un cleptodictador que gobierna el país en coalición y alianza con una organización de exoficiales de inteligencia, que desde 1982 ejercen el control de las aduanas de puertos, aeropuertos y fronteras, la élite económica de extrema derecha, el envilecido alto mando militar y las mafias criminales, fund...

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La democracia en Guatemala jamás se materializó. Ha sido una ficción, una fantasía con un disfraz soberbio. Desde un principio experimentó una metamorfosis siniestra: cada cuatro años nos limitamos a elegir un presidente ladrón, un cleptodictador que gobierna el país en coalición y alianza con una organización de exoficiales de inteligencia, que desde 1982 ejercen el control de las aduanas de puertos, aeropuertos y fronteras, la élite económica de extrema derecha, el envilecido alto mando militar y las mafias criminales, fundamentalmente los carteles del narcotráfico. Como fuerzas de choque cuentan con el apoyo de los voraces sindicatos estatales y de las iglesias en expansión de cristianos “renacidos” o neopentecostales que han crecido bajo la sombra del narcotráfico.

El Estado y sus instituciones están capturadas por élites antidemocráticas implacables y un Gobierno que es más bien una banda de ladrones sin pudor.

El régimen es una narcocleptodictadura fascista, tiránica y multipartidista velada, con el atributo de que cada cuatro años, en cada elección refresca el rostro del gobernante y del partido oficial de turno y una vez más generan expectativas y esperanzas en la ciudadanía.

La dictadura ejerce un dominio absoluto sobre el Ejecutivo, el Congreso, el presupuesto del Estado, las Altas Cortes y jueces y operadores claves en el Poder Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, el Banco Central, la Contraloría de Cuentas, la Procuraduría de los Derechos Humanos, etc. Es un orden corrupto bien establecido y estructurado.

El sistema no puede combatir la corrupción y la impunidad porque el sistema es la corrupción y la impunidad.

La democracia está perfectamente capturada, al extremo que, si falla y se desborda, como sucedió con Pérez y Baldetti en 2015, el sistema tiene previstos mecanismos para superar sin sobresaltos crisis de legitimidad y credibilidad del Gobierno y reencauzar los procesos políticos y electorales, de suerte que los “negocios” sigan como de costumbre, de manera que sin tropiezos puedan retornar la “estabilidad macroeconómica” cuyo origen es el arraigo y responsabilidad de los migrantes. Sus remesas duplican las exportaciones totales del país y la “gobernabilidad democrática”, paradójicamente de la narcocleptodictadura, además de servir como válvula de escape para oxigenar la presión, estrés político y social; la fatiga de la gente.

Por cierto, el régimen dictatorial es insensible e inconmovible a las demandas y necesidades de la población y su parálisis y sordera aumenta en proporción directa al clamor de la población.

En su borrachera de poder absoluto, sin necesidad, la narcocleptodictadura se quitó su disfraz democrático y se mostró desnuda, y ahora enfrenta presiones externas e internas. Sin embargo, no está dispuesta a dejar con gracia el poder.

Aún a estas alturas, a menos de 20 días del balotaje, buscan caminos para imponer “democráticamente” a sus candidatos, Manuel Conde o Sandra Torres, que pertenecen a la banda y tienen vínculos muy estrechos con el narco.

No obstante, si se ven obligados a entregar el poder tendrán el control del Congreso y a marcha forzada se disponen a sustituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuyo período extendieron ilegal y escandalosamente por más de tres años, y elegir antes de 2024 los nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia, con la bendición de la Corte de Constitucionalidad que también tienen cooptada, para que su impunidad quede garantizada los cuatro años siguientes.

La existencia de una dictadura en Guatemala es una anomalía histórica y resulta intolerable. Pero sólo puede ceder y abrirse producto de la presión exterior. La presión interior jamás podría desplazar la poderosa y formidable narcocleptodictadura hacía una genuina democracia.

Seguir tolerando una narcocleptodictadura en Guatemala, simplemente es suicida.

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