La reconquista rusa de Cuba

Desde la desintegración de la URSS, hace más de 30 años, académicos de las ciencias sociales, dentro y fuera de Cuba, han discutido qué tipo de transición tendría lugar en la isla. Algunos vieron condiciones para una transición democrática; otros observaron que el tránsito se produciría hacia alguna modalidad autoritaria; y otros más señalaron que el desplazamiento sería mínimo, entre una preservación del antiguo régimen y la incorporación de elementos postotalitarios.

Al cabo de tres décadas, parece claro que ha predominado la tercera variante. En estos 30 años, el régimen cubano, ni e...

Desde la desintegración de la URSS, hace más de 30 años, académicos de las ciencias sociales, dentro y fuera de Cuba, han discutido qué tipo de transición tendría lugar en la isla. Algunos vieron condiciones para una transición democrática; otros observaron que el tránsito se produciría hacia alguna modalidad autoritaria; y otros más señalaron que el desplazamiento sería mínimo, entre una preservación del antiguo régimen y la incorporación de elementos postotalitarios.

Al cabo de tres décadas, parece claro que ha predominado la tercera variante. En estos 30 años, el régimen cubano, ni en su diseño institucional ni en sus políticas públicas fundamentales ha adoptado los modelos de sus grandes aliados internacionales: Venezuela, Rusia, China o Vietnam. Su sistema sigue pareciéndose más a la Unión Soviética y a los socialismos reales de la Guerra Fría que a cualquier comunismo capitalista o populismo autocrático del siglo XXI.

Esa certeza comienza a tambalearse en estos días. Apenas cuatro años después de adoptada la nueva Constitución y a más de una década de la aprobación de los llamados “Lineamientos” del Partido Comunista de Cuba, que condensaban aquellos ajustes postotalitarios, la cúpula gobernante, cada vez con mayor desinhibición, pide estudiar y transferir normas y prácticas de los modelos chino, vietnamita o ruso, muy distintos entre sí.

Delegaciones del Partido Comunista cubano viajan a China y a Vietnam y dirigentes chinos y vietnamitas visitan la isla y llaman a introducir cambios normativos e institucionales en Cuba. En 2018 el líder partidista vietnamita Nguyen Phu Trong defendió la “economía de mercado” en La Habana. Dos años después, el presidente Nguyen Xuan Phuc reiteró el mensaje y hace pocas semanas lo mismo hizo el dirigente parlamentario Vuong Dinh Hue.

Más evidente aún es la promoción del modelo ruso, en medio de la renovada complicidad geopolítica entre La Habana y Moscú, en apoyo la invasión de Ucrania. Las demandas de reformas dentro de Cuba, para alinear el sistema de la isla con alguno de sus aliados, o con varios a la vez, nunca habían sido tan explícitas. En tiempos del gran entendimiento entre Caracas y La Habana, conducido por Hugo Chávez y Fidel Castro, a principios del siglo XXI, predominaba la lógica inversa: Cuba era, o pretendía ser, el modelo a seguir.

Ahora vemos al Instituto de la Economía de Crecimiento Stolypin –en honor a Piotr A. Stolypin, el primer ministro del zar Nicolás II, a inicios del siglo XX, denostado por Lenin y Trotski y admirado por Solzhenytsin y Putin– elaborando un proyecto de reforma económica para Cuba, más exhaustivo y autorizado que el que propuso, en los años 90, Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda del Gobierno de Felipe González.

De acuerdo con Boris Titov, directivo del Instituto Stolypin, comisionado presidencial para “los derechos de los empresarios” y flamante presidente del Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia, es indispensable que en Cuba se realicen “cambios legislativos” para que la reforma rusa de la economía cubana pueda ser implementada en la isla. En días recientes, el vice primer ministro Dmitri Chernishenko reiteró algo parecido en La Habana: la “hoja de ruta” de la nueva “cooperación empresarial” con Rusia requerirá de “cambios en la legislación de Cuba”.

Lo poco que se sabe de ese proyecto de “soluciones integrales a los problemas de Cuba”, en palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, es que, además de energéticos, facilitaría el suministro de trigo ruso, entregaría tierras en usufructo a compañías rusas, desarrollaría la importación de insumos para las pequeñas y medianas empresas cubanas y aumentaría la afluencia del turismo ruso a la isla, hasta llegar, según el ministro de Economía, Alejandro Gil, a 500.000 visitantes por año.

Es muy pronto para saber qué tipo de reestructuración de la economía y la sociedad cubanas produciría una reorientación del modelo de la isla hacia el referente ruso. Por lo pronto, varios fenómenos de la historia reciente como la creación del aparato militar-empresarial y el geopoliticismo de la política exterior, en contraste con la mezcla de realismo diplomático y la apertura económica, todavía vigentes en China y Vietnam, preparan el terreno para la transición a un nuevo capitalismo oligárquico en el Caribe.

Algunos indicios recientes, como la presencia del sector privado y la publicidad en la nueva Ley de Comunicación y el llamado de sectores institucionales y académicos de la isla a avanzar hacia una “reforma del Estado”, se inscriben en la misma tendencia. Difícil precisar qué tanto responde ese desplazamiento a un desafío geopolítico a la Unión Europea y a Estados Unidos, para que flexibilicen sanciones, a razón de que no quedar rezagados en el reparto de intereses en la isla, o a un intento de reforzar los vínculos de Moscú en América Latina y el Caribe, en medio del rechazo global a la invasión de Ucrania.

Lo cierto es que, a diferencia de Venezuela o Nicaragua, ninguno de los gobiernos aquí mencionados, el ruso, el vietnamita o el chino, busca atizar sus conflictos con Occidente a través del acercamiento a Cuba. Al revés, como ha reconocido el propio Putin, la transición capitalista autoritaria, que esos gobiernos promueven en la isla, encontraría su desenlace más ventajoso en un escenario de recuperación de la estrategia de normalidad diplomática desde Washington o Bruselas. Sólo que, en cualquier variante de normalidad que apliquen, ni Estados Unidos ni la Unión Europea renunciarán a la agenda de derechos humanos y promoción de la democracia.