Brasil se indigna con la amnistía de los congresistas a sus propios pecados de corrupción
Los políticos brasileños, de izquierda y derecha, buscan que se perdonen los casos de malversación de fondos en los que están inmiscuidos
Ha sido un clamor en la opinión pública la amnistía que los congresistas brasileños se están concediendo a sí mismos tras sus pecados de corrupción. En la importante Comisión de la Constitución y Justicia del Parlamento, que es la antesala para la aprobación general, con 46 votos contra 10, sus miembros acaban de aprobar que sean perdonados todos aquellos diputados que tienen pendientes ante la justicia casos de corrupción.
Entre esos pecados...
Ha sido un clamor en la opinión pública la amnistía que los congresistas brasileños se están concediendo a sí mismos tras sus pecados de corrupción. En la importante Comisión de la Constitución y Justicia del Parlamento, que es la antesala para la aprobación general, con 46 votos contra 10, sus miembros acaban de aprobar que sean perdonados todos aquellos diputados que tienen pendientes ante la justicia casos de corrupción.
Entre esos pecados, dos tipos han indignado de modo particular a los ciudadanos de a pie: los que han desviado la cuota recibida por el Congreso para financiar sus campañas electorales para lucro personal, que van desde la construcción de piscinas particulares a compra de coches de lujo y hasta de aviones. E incluso se aprovecharon de la cantidad que debió ser destinada por ley a favorecer las candidaturas de mujeres y negros.
Y lo que más ha indignado es que no solo han votado a favor del perdón de sus pecados los partidos de derechas y conservadores, sino la izquierda, con excepción del minúsculo partido PSOL, una izquierda que hoy está en el Gobierno y que vino con un problema de renovación social y moral de la política.
En el diario O Globo, los lectores se manifestaron con sarcasmo contra la indulgencia plenaria de los diputados a sus propios pecados. “Lo que está ocurriendo en el Congreso con la ley de Amnistía confirma que ‘los bandidos unidos jamás serán vencidos”, escribe Francisco Césare.
La grave y disparatada decisión del Congreso, que ha unido en un abrazo a la derecha bolsonarista y a la izquierda de Lula, ha acabado llegando al Supremo Tribunal de Justicia que deberá ahora dar su veredicto final.
Todo nació cuando Brasil decidió impedir que las campañas electorales fueran sufragadas, como en el pasado, por las grandes empresas, lo que acabó convirtiéndose en una serie de acusaciones de venta de proyectos de ley a favor de quienes financiaban las campañas. Desde entonces, es el mismo Congreso quien financia las candidaturas en las elecciones según el número de diputados y senadores de cada partido.
En dicho cambio fue aplaudida la idea de obligar a dichos partidos a favorecer con un 30 % de lo recibido para financiar las candidaturas femeninas y de negros, siempre las cenicientas en las elecciones. La mayoría de los partidos, sin embargo, desviaron dicha ayuda para intereses personales, a veces inconfesables.
En un momento en el que la política, sea de derechas o izquierdas, está en entredicho, lo que arrastra al dicho del “son todos iguales”, la disparatada ley de amnistía general de sus pecados, ha dejado al desnudo a un Congreso que ya no gozaba del aprecio de la sociedad.
Solo queda ahora la esperanza de que la ola de indignación creada en la sociedad lleve al Supremo a detener la locura del Congreso derribando la ley de Amnistía de la corrupción.
El partido de Lula, el PT, deberá reflexionar de ello. El nuevo Gobierno ha llegado con la promesa de revitalizar la debilitada clase política cada vez más alejada de los anhelos de una sociedad que está perdiendo su fe en quienes deberían confiar. Más si cabe esas minorías en la política de las mujeres y los negros, que, paradójicamente, constituyen la mayoría de los 210 millones de brasileños.
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