El aborto terapéutico, en peligro en Perú

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El ala conservadora de Perú tiene entre ceja y ceja un mismo cometido: que un óvulo recién fecundado tenga los mismos derechos que una persona; en concreto, que los de la mujer gestante. Este miércoles, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 785, con 70 votos a favor y 29 en contra, que reconoc...

Esta es la versión web de Americanas, el boletín de EL PAÍS América que aborda noticias e ideas con perspectiva de género. Para recibirlo cada domingo puede suscribirse en este enlace.

El ala conservadora de Perú tiene entre ceja y ceja un mismo cometido: que un óvulo recién fecundado tenga los mismos derechos que una persona; en concreto, que los de la mujer gestante. Este miércoles, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 785, con 70 votos a favor y 29 en contra, que reconoce que la vida empieza en la concepción y no en el nacimiento y que un feto es beneficiario del derecho a “la vida, la salud, la integridad moral, psíquica y física, identidad y al libre desarrollo y bienestar”.

Si bien estos reconocimientos ya estaban parcialmente concedidos en la Constitución y el Código Civil —como también sucede en países como El Salvador, Guatemala o República Dominicana—, el brazo antiderechos del país andino se marca un tanto en la conversación sobre el aborto, extremamente polarizada. “Están generando confusión para las mujeres que quieran acceder a este servicio”, explica Rossina Guerrero, directora de programas del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Promsex. “Es la ruta de los grupos fundamentalistas para quitarnos agencia a nosotras. Este podría ser el primer paso para revertir el derecho a la interrupción del embarazo”.

La medida pone en jaque los escasos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en uno de los países sudamericanos más restrictivos con respecto a la interrupción del embarazo, ya que reabre una discusión ya cerrada por los organismos internacionales que han expresado alto y claro que los derechos del feto no podrán ser iguales que los de las mujeres. Hace más de una década que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto en Artavia Murillo vs Costa Rica, un caso sobre fecundación in vitro. La Corte IDH fue clara: la protección del feto ha de ser “gradual e incremental y no absoluta”.

Sin embargo, esta norma peruana fue derivada el miércoles al Ejecutivo para que la observe o promulgue, antes del 18 de mayo. Si no recibe ningún ‘pero’ de la presidenta, queda aprobada directamente. Carmen Cecilia Martínez, directora de estrategias legales para la región del Centro de Derechos Reproductivos lamenta que Perú se aleje de la tendencia progresista de otros países de la región como Colombia, Argentina o México, donde el derecho del aborto es mucho más amplio. “La protección de la vida prenatal no es absoluta, sino que debe ser siempre ponderada para no restringir o vulnerar los derechos de las personas embarazadas”, dice.

Aunque la medida tiene un tinte más simbólico que fáctico, para Melissa Guillén, vocera del Movimiento Manuela Ramos, las consecuencias pueden ser “muy preocupantes”: “Esto podría confundir a las ciudadanas de a pie, que no tienen por qué tener claros los conceptos jurídicos, e incluso abrir la puerta a que doctores, que ya se mostraban reticentes a cumplir los lineamientos sobre la interrupción del embarazo, se vean con herramientas para entorpecer los procedimientos”.

En Perú, el aborto sigue siendo considerado un delito, a excepción únicamente del terapéutico, es decir, cuando la vida de la madre está en riesgo. La mayoría de veces, la implementación ni siquiera es tangible, ya que más del 70% de los centros de salud desconocen la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico y 75% del personal sanitario se “autocapacitó”.

La Defensoría del Pueblo expresó también su rechazo a la iniciativa porque “incumple estándares internacionales” y también cuestiona el acceso a la pastilla del día después, legal en el país, incluyendo casos de violación sexual. Según datos del Ministerio de Salud, en 2022 se reportaron 7.614 casos de violaciones sexuales contra niñas y adolescentes y 1.624 nacimientos de niñas menores de 14 años.

La congresista que presentó el proyecto de ley encarna el lobby ultraconservador y religioso que persigue los derechos de las mujeres. María Jáuregui, pastora y congresista de la bancada de Renovación Popular, se autodenomina “defensora de la vida y la familia” y ha liderado proyectos de ley contra el lenguaje inclusivo o la educación sexual y otros que pedían transformar el Ministerio de la Mujer por el de la “Familia y Poblaciones Vulnerables”. También han sido muy polémicas sus declaraciones sobre el rol de las esposas: “Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa y ninguna mujer tiene el derecho de quitárselo”. “El Señor nos creó para ser ayudas idóneas de nuestro esposo”, decía en uno de sus vídeos más virales, sujetando la Biblia.

Para Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará (Mesecvi), el precio de voces como esta en el Congreso es demasiado alto: “Estos grupos antiderechos han invadido la política; ocurre en toda Latinoamérica. Tienen muchísima influencia por los recursos y la capacidad de llegar a espacios donde históricamente los Estados no están llegando; con poblaciones con poca capacidad crítica que, además, son los más afectados por políticas invadidas de conceptos morales o religiosos”.

El debate que propone la antigua presidenta de la CIDH y el Mesecvi es justamente el opuesto al que se habla estos días en Perú: garantizar al menos tres causales del aborto; por violación o incesto, el terapéutico o cuando la vida del feto corre peligro. “El problema de estos retrocesos va mucho más allá de lo político”, explica Guillén. “Lo que verdaderamente está en juego es la vida de muchas mujeres”.

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🎧 Un pódcast: Juntas

Por Sally Palomino

Marcela Rojas y Adriana González comparten su historia con la misma valentía con que hace diez años alzaron sus voces para luchar por el derecho al matrimonio igualitario en Colombia. Juntas se enfrentaron a las barreras de una institucionalidad que hizo todo lo posible para evitar que se casaran. Un día antes de la boda que habían soñado, una llamada de la jueza que oficializaría la ceremonia las obligó a poner los pies en la tierra: “No vengan vestidas de novias, vengan disimuladamente, no pueden venir con su familia”. La advertencia sería solo el principio de un largo camino que las puso en el centro de un debate que llegó hasta la Corte Constitucional.

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