Justicia: bajo ataque

Sí, la justicia está bajo ataque y ya no tan solo en el “sur global”. Tanto por la voracidad de corrientes o gobiernos autoritarios, como por la delincuencia o el crimen organizado buscando impunidad. Aunque, en ocasiones, en estrecha y volcánica interacción crimen organizado/autoridad.

Vivimos una realidad compleja y retadora en la que las tentaciones autoritarias en las que gobernantes elegidos visten ropajes democráticos erosionando o arrasando con una justicia independiente. Y viene ocurriendo en simultáneo en países tan diversos como El Salvador, Filipinas, Hungría, Polonia o Túnez...

Sí, la justicia está bajo ataque y ya no tan solo en el “sur global”. Tanto por la voracidad de corrientes o gobiernos autoritarios, como por la delincuencia o el crimen organizado buscando impunidad. Aunque, en ocasiones, en estrecha y volcánica interacción crimen organizado/autoridad.

Vivimos una realidad compleja y retadora en la que las tentaciones autoritarias en las que gobernantes elegidos visten ropajes democráticos erosionando o arrasando con una justicia independiente. Y viene ocurriendo en simultáneo en países tan diversos como El Salvador, Filipinas, Hungría, Polonia o Túnez. Procesos como esos, en los que son hechos polvo los estándares internacionales sobre independencia judicial o ejercicio libre de la abogacía adoptados por las Naciones Unidas desde hace décadas.

Son procesos como esos a los que he tenido que dar seguimiento este último sexenio como Relator Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados. He terminado esta semana mi segundo y último mandato posible; compartir algunas reflexiones a través de esta columna me parece saludable. Fue auspiciosa la reacción recibida de la mayoría de delegaciones cuando presenté el mes pasado mi último informe ante la asamblea general de la ONU en Nueva York. Estaba guiado por el concepto vertebrador “Justicia para Todas y Todos”. Va más allá de una mera descripción de catástrofes y se vincula directamente a una estrategia: a la Agenda 2030 de la ONU con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. El número 16 trata del tema, precisamente, de la justicia (“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”).

Dicho esto, no se puede tapar el sol con un dedo soslayando un hecho grave y fundamental: la justicia se ha convertido en un botín y objetivo institucional de crecientes vocaciones y realidades autoritarias. Esa justicia a la que se quieren fagocitar los apetitos autoritarios, se suele articular dinámicamente a redes de corrupción y de violación de derechos humanos. Maridaje siniestro pues está precisamente en la justicia la clave que tiene la humanidad para prevenir y enfrentar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.

Tres asuntos fundamentales recorren hoy la justicia como realidad o amenaza.

El primero es la expansión y fortalecimiento del autoritarismo en el mundo. Que ha repercutido en asuntos de diversa índole afectando de manera muy seria la independencia judicial y el libre ejercicio de la abogacía. Dentro de ello se ha producido un importante número de ataques contra jueces y fiscales y al ejercicio libre de la profesión legal en una amplia gama de países.

Parecería que la prioridad que otrora tenía el objetivo de controlar políticamente los cuarteles para operativizar los proyectos autoritarios ha sido sustituida en la actualidad por el control, de la justicia como una herramienta central para desbrozar el camino para la construcción impune de un proyecto autoritario. Así, las lógicas autoritarias de Kuczynski u Orban, en Polonia y Hungría, respectivamente; de Bukele en El Salvador u Ortega en Nicaragua; de Duterte (hoy Marcos Jr.) en Filipinas y del novísimo proyecto autoritario en curso de Saied en Túnez. Están todos marcados por mismo ADN que es el autoritarismo sustentado en una justicia sometida.

Más allá de las tentaciones y prácticas autoritarias, la promoción de sociedades justas y pacíficas, la erradicación de la violencia de género, la protección de los derechos humanos, el derecho a la salud, a la educación o a un medio ambiente sano son algunos de los varios temas de interés general en los que el sistema judicial está llamado a desarrollar una actuación transversal que garantice que no se deja a nadie atrás a la hora de poner en marcha la Agenda 2030.

El segundo asunto es la estrecha relación entre la corrupción con las responsabilidades y vulnerabilidades de los sistemas de justicia. Están comprobadas las consecuencias devastadoras de la corrupción en los derechos humanos; impacta directamente en la obligación de los Estados de proveer del máximo de recursos disponibles a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Frente a ello la justicia es la principal arma con la que cuentan las sociedades; eso, por cierto, en la medida que actúe con independencia e integridad para investigar, formular cargos, recabar pruebas y juzgar.

En eso es medular, desde el ángulo estratégico y normativo, el papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ella tiene un objetivo operacional muy claro asignándole a la justicia y a la cooperación judicial internacional el papel central para que no sea letra muerta. Es uno de los tratados vigentes con más Estados parte (181).

Para que la Convención tenga “dientes” y no sea todo ello no sea simplemente decorativo se requiere dos condiciones, entre otras.

De un lado, un obvio requisito sine qua non: que se trate de una interacción entre sistemas de justicia independientes. Condición obvia para un efectivo cumplimiento de las obligaciones del tratado y para poder funcionar; por ejemplo, llevando a cabo extradiciones y otras responsabilidades de la cooperación judicial internacional. ¿Extraditaría un país democrático con justicia independiente un individuo a un país en el que la justicia tenga un dogal al cuello puesto por un gobernante autoritario?

Por otro lado, que la Convención se use para lo que fue creada y no para objetivos subalternos o como herramienta política para asuntos locales. La Convención no puede servir de herramienta para ajustes políticos locales sino para generar y articular una capacidad institucional eficaz con jueces y fiscales que no actúen con sujeción a objetivos políticos. Debe usarse en los justos y exactos términos de sus estipulaciones, que son muy claras.

Hemos visto recientemente un ejemplo en el Perú de cómo una alta autoridad ha pretendido distorsionarla para servir a un propósito que parecería más bien político. Recientemente la controvertida fiscal de la nación -investigada ella misma por la Junta Nacional de Justicia por una acusación seria- propuso en un voluminoso dictamen no aplicar la Constitución en el caso del presidente Castillo recurriendo a una improcedente interpretación de la Convención en contradicción de una clara norma en el texto constitucional.

En ese orden de ideas es muy importante que gestiones mías y de otros hayan conducido a que en conferencia de los Estados parte de la Convención se haya incorporado desde junio del 2021 en la respectiva resolución de la asamblea general (A/RES/S-32/1) la referencia expresa a los instrumentos medulares de la ONU sobre la independencia judicial. Por ejemplo, los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura o las Directrices sobre la función de los fiscales del mismo año, ambos vigentes desde que fueron adoptados en 1990.

El tercer y fundamental reto es el del acceso a la justicia para todos. Con 6.000 millones de personas en el planeta sin acceso a la justicia, avanzar sustancialmente en cerrar esta brecha de aquí al 2030 es fundamental. Los estados están en la obligación de garantizar, a plenitud, el pleno acceso a la justicia formal e institucionalizada incluyendo el presupuesto adecuado para una cobertura territorial adecuada. El uso de nuevas tecnologías en la administración de justicia debe ser considerado un ingrediente esencial. Tras la pandemia se ha constatado la urgencia de las mismas para avanzar al acceso universal a la justicia.

Concluyo destacando dos asuntos fundamentales a tomar en cuenta: género y administración de justicia, los pueblos indígenas y el uso de nuevas tecnologías en la administración de justicia. Las mujeres ocupan un porcentaje desproporcionadamente bajo en la alta jerarquía de los sistemas de justicia. Propuse en la ONU, por ello, el objetivo de lograr que, de aquí a 2030, el 50 % de los altos cargos públicos, tanto en la judicatura como en la fiscalía, estén ocupados por mujeres. Por otro lado, la Agenda 2030 aspira a un mundo en el que la no discriminación sea universal. Traducido a la justicia apunta a que las identidades étnicas diversas sean consideradas en los sistemas de organización del Estado y de su justicia considerando el pluralismo jurídico como un valor esencial.

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