Alivio en la sanidad pública

Cuando parecía que los profesionales de la salud podrían por fin tomar las primeras vacaciones con cierta normalidad después de más de dos años en emergencia sanitaria, el rápido aumento de contagios por covid ha vuelto a poner al sistema en tensión. La séptima ola ha escalado en pocas semanas hasta casi 1.000 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años. Entre las vacaciones de una parte del personal, l...

Cuando parecía que los profesionales de la salud podrían por fin tomar las primeras vacaciones con cierta normalidad después de más de dos años en emergencia sanitaria, el rápido aumento de contagios por covid ha vuelto a poner al sistema en tensión. La séptima ola ha escalado en pocas semanas hasta casi 1.000 casos por 100.000 habitantes en mayores de 60 años. Entre las vacaciones de una parte del personal, las bajas provocadas por la propia covid y el aumento de la presión asistencial, la red asistencial pública vuelve a una situación de estrés que debilita su capacidad de respuesta. De nuevo es la atención primaria la que sufre el mayor impacto, aunque en esta ola se observa también un preocupante repunte de las hospitalizaciones.

No es extraño que cunda el desánimo. La pandemia ha agudizado unas carencias estructurales que no acaban de abordarse, pese a que existe un amplio consenso político sobre la necesidad de hacerlo. En medio de este clima de tensión, el anuncio por parte del presidente del Gobierno de que se regularizará la situación laboral de 67.300 sanitarios que trabajan encadenando contratos temporales, algunos de ellos desde hace años, es un alivio que calma la sed extrema, pero no la debilidad de un organismo sometido a una gran sobrecarga.

El real decreto ley pactado con las comunidades autónomas obligará a convocar concursos de mérito o de oposición antes de que termine el año y a regularizar la situación de los sanitarios afectados en el plazo de dos años. También regula el porcentaje máximo de temporalidad y establece que no se podrán encadenar más de tres años de contratos temporales. La medida se adopta después de que Bruselas advirtiera a España de la necesidad de reducir el elevado porcentaje de temporalidad en las administraciones públicas.

Esta regularización es, sin duda, una medida justa y de enorme trascendencia, dado el volumen y el nivel de cronificación de problemas al que ha llegado el sistema. Mejora las condiciones de quienes ya trabajan en la sanidad en situación precaria, pero no resuelve el déficit estructural de recursos humanos que sufre el Sistema Nacional de Salud, que lleva años afrontando incrementos sostenidos de la demanda por el envejecimiento de la población y el aumento de las patologías crónicas, sin que hayan aumentado las plantillas ni se hayan acometido los cambios organizativos necesarios.

El sistema sigue funcionando con el mismo esquema con el que se desarrolló en los años ochenta, centrado en la atención de las patologías agudas en los hospitales, que concentran la mayor parte del gasto sanitario. La asistencia primaria tiene un millar de facultativos menos que en 2018 y en los próximos cinco años se jubilarán más de 12.000 médicos. Muchas de las vacantes no pueden cubrirse por falta de especialistas. En la última convocatoria de médicos internos residentes (MIR) han quedado sin asignar más de 200 plazas de medicina familiar y comunitaria, lo que indica que esta especialidad, con mucha sobrecarga y poca gratificación, no resulta atractiva. Las comunidades más afectadas por la falta de médicos y enfermeras compiten para atraer profesionales con mejoras retributivas que tampoco están funcionando. El problema es estructural y requiere una acción concertada a escala nacional que incluya un nuevo marco general de retribuciones revisadas al alza. En algún momento se tendrá que afrontar la mejora salarial de los profesionales sanitarios, que se encuentran entre los peor remunerados de Europa.