En deuda con los ancianos

Entre las peores consecuencias de la pandemia está sin duda la elevada mortalidad que se produjo en las residencias de ancianos durante la primera oleada de contagios. Quizá sea la herida que más tarde en cicatrizar por las dramáticas circunstancias en que muchos hubieron de despedir a sus muertos. Entre marzo y finales de noviembre de 2021 fallecieron con diagnóstico de covid, o síntomas compatibles, más de 30.000 ancianos que vivían en residencias. La falta de medios, la...

Entre las peores consecuencias de la pandemia está sin duda la elevada mortalidad que se produjo en las residencias de ancianos durante la primera oleada de contagios. Quizá sea la herida que más tarde en cicatrizar por las dramáticas circunstancias en que muchos hubieron de despedir a sus muertos. Entre marzo y finales de noviembre de 2021 fallecieron con diagnóstico de covid, o síntomas compatibles, más de 30.000 ancianos que vivían en residencias. La falta de medios, la aplicación de protocolos que evitaban el traslado al hospital ante la saturación del sistema sanitario y la ausencia de atención médica suficiente en el propio centro dejaron una amarga duda que sigue pesando sobre el conjunto de la sociedad española: ¿cuántas de estas muertes se hubieran podido evitar?

La vía penal es sin duda legítima para aquellos casos en los que haya indicios de negligencia, pero este es un camino sumamente complejo por la dificultad de determinar la relación de causa-efecto entre las decisiones adoptadas y la muerte, y también el grado de responsabilidad concreta de cada una de las personas que intervinieron en una situación de gran caos organizativo y falta de medios. Prueba de esta dificultad es que hasta finales de septiembre la Fiscalía había archivado 411 de las 517 investigaciones penales iniciadas. También se han archivado 738 de las 1.040 diligencias abiertas por la vía civil.

La pandemia puso de manifiesto las graves deficiencias del modelo de atención a los mayores, y la gravedad de lo sucedido exigía una respuesta política contundente que dejara clara la voluntad de cambio y rectificación. En lugar de eso, lo que se ha producido es una actitud defensiva por parte de los diferentes gobiernos autónomos y una instrumentalización lamentable por parte de los partidos que están en la oposición. Muy pocos parlamentos regionales han constituido auténticas comisiones de investigación (o siquiera de estudio) y se ha dado la paradoja de que las mismas fuerzas políticas que reclaman una investigación en las comunidades en que están en la oposición, la rechazan en las que gobiernan. Este tipo de actitudes solo pueden generar desconfianza y desafección hacia la política.

Las muertes ocurridas en las residencias deberían concitar el mayor de los consensos políticos. Para garantizar que no vuelva a ocurrir es preciso subsanar las deficiencias estructurales observadas. El Gobierno y las comunidades autónomas se comprometieron en julio a presentar antes de final de año un nuevo modelo de residencias, menos masificado, con más recursos y mayor autonomía personal para los residentes. Es urgente poner en marcha un nuevo modelo de acreditación que fije los requisitos mínimos exigibles y un sistema de evaluación periódica que haga públicos los resultados sobre la calidad de vida de los residentes.