A los de Colón

La convocatoria de Colón resultó deslucida respecto a la de hace dos años porque congregó a la mitad de asistentes. Pero la gente de a pie merece igual respeto que la de las manifas secesionistas de un millón en algunas ediciones de la Diada: pues ejerció un derecho democrático. Y porque el asunto de los indultos a los indepes encarcelados es muy ...

La convocatoria de Colón resultó deslucida respecto a la de hace dos años porque congregó a la mitad de asistentes. Pero la gente de a pie merece igual respeto que la de las manifas secesionistas de un millón en algunas ediciones de la Diada: pues ejerció un derecho democrático. Y porque el asunto de los indultos a los indepes encarcelados es muy sensible: para todos, incluidos los condenados. Lo saben bien quienes los ultiman y los apoyan, y se ven por ello tildados de traidores, ese epíteto digno de entierro.

Quienes ya merecen menos respeto son sus convocantes y dirigentes. Que Rosa Díez advierta de que “los españoles de bien no lo vamos a consentir” [el otorgamiento de indultos] sonaría como un trallazo a muchos. Entre ellos a los millones de catalanes constitucionalistas y partidarios de las medidas de gracia —se supone que también son españoles—, que desde hace años son estigmatizados como malos catalanes y ayer se descubrieron doblados también de malos españoles. ¿O acaso los de bien son solo ese 1,04% de votantes que Díez consiguió en 2015, una humillación que la obligó a renunciar al liderazgo de UPyD, enseguida disuelto? Aviados estaríamos.

Más grave es que la verdadera catapulta del PP, Isabel Díaz Ayuso, amenazase sin veladuras al jefe del Estado con la especie de que si firma los indultos le “harán cómplice” de la supuesta traición, la presunta ilegalidad y el pretendido apoyo al golpismo que esas medidas supondrían.

Por decirlo suave, Díaz olvida que la Constitución obliga al Rey a “expedir los decretos” del Gobierno (artículo 62.f) y en concreto a “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley” (62.i). Y que la ley, la del indulto de 1870 (la 175 de 24/6/1870), establece que su concesión compete al Gobierno: “Se hará” por decreto “en Consejo de Ministros” (artículo 30). Cuestionar el deber de firma del jefe del Estado, presionarlo para que actuase ilegalmente, es, ese sí, empeño contrario a la Constitución.

El fiasco de Colón-2 restalla en esas sinrazones. También en las sonoras ausencias de los barones moderados del PP, de todos. Y en el simbolismo de la falta de foto conjunta de los líderes asistentes de derecha y ultraderecha. Las prédicas de unidad —ese indemostrado together entre unionistas, autonomistas y federalistas; o entre progresistas, centristas y conservadores— quiebran cuando ni son todos, ni se atreven a lo menos, retratarse juntos en las plazas. Menos creíble parece su apuesta por lo más.