Ley de secretos, ley de Estado

El hecho de que España siga manteniendo, 45 años después de la muerte de Franco, una ley de secretos oficiales heredada de la dictadura produce bochorno. Es cierto que la norma de 1968 se retocó en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución, pero su carácter anacrónico lo evidencia el que atribuya la potestad de clasificar documentos —además de al Consejo de Ministros— a un órgano que ya no existe: la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Lo más grave es que la ley todavía vigente no contempla...

El hecho de que España siga manteniendo, 45 años después de la muerte de Franco, una ley de secretos oficiales heredada de la dictadura produce bochorno. Es cierto que la norma de 1968 se retocó en octubre de 1978, antes de aprobarse la Constitución, pero su carácter anacrónico lo evidencia el que atribuya la potestad de clasificar documentos —además de al Consejo de Ministros— a un órgano que ya no existe: la Junta de Jefes de Estado Mayor.

Lo más grave es que la ley todavía vigente no contempla un plazo de caducidad para la desclasificación de documentos; de forma que, si el órgano que los clasificó —ya solo puede hacerlo el Gobierno— no se preocupa de levantar el secreto, este se prolonga in aeternum. Historiadores e investigadores se ven en la tesitura de peregrinar por los archivos extranjeros para reconstruir episodios cruciales de la historia de España mientras sus fuentes documentales siguen cerradas a cal y canto, lo que resulta difícil de explicar e imposible de entender.

España necesita dotarse de una legislación homologable a la de las democracias avanzadas, que fije un plazo máximo de clasificación de los documentos al término del cual, con todas las salvaguardas que se consideren oportunas, sean de libre acceso para la opinión pública y los estudiosos. Esto es tan obvio que, por dos veces, en 2016 y en 2020, el Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley del PNV con este objetivo. Sin embargo, recurriendo a una técnica que roza el filibusterismo parlamentario —la prórroga indefinida del plazo de enmiendas—, el PP y el PSOE han bloqueado su tramitación.

El Gobierno ha tomado finalmente la iniciativa y ha creado una comisión, dirigida por la Vicepresidencia Primera con representantes de Defensa, Exteriores e Interior, para elaborar su propio anteproyecto. Es lógico que una ley de este calado surja de una iniciativa del Gobierno y no de un de grupo minoritario de la Cámara, siempre que exista el firme propósito de llevarla a buen puerto y no sea una excusa para descartar la proposición del PNV. Pero es necesario que se busque el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas y, muy especialmente, del Partido Popular, ya que se trata —en este caso el adjetivo no le viene grande— de una cuestión de Estado.

El proyecto tiene que conjugar la salvaguarda de aquellas materias cuya difusión pueda poner en riesgo la seguridad nacional o la defensa de los intereses generales con la necesaria transparencia que debe regir el comportamiento de los poderes públicos. La ley debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España e incorporar los mecanismos de acceso de jueces y diputados a la información clasificada. Son asuntos complejos, pero no irresolubles si hay voluntad política de abordarlos, lo que ha faltado hasta ahora. Será además necesario modernizar los archivos públicos, de forma que los documentos sean accesibles y, una vez desaparecido el obstáculo legal, no lo impida la falta de medios materiales. La pulcritud democrática de un país depende también de la capacidad de analizar y comprender su pasado. España debe establecer un marco normativo mejor y compartido para ello.