Necesario consenso para proteger al colectivo trans

El desarrollo del marco legal para propiciar mejores condiciones de vida a las personas trans es una aspiración que entronca con la tradición de España como referente internacional en la protección del derecho a la igualdad y el respeto a la diversidad. España ha sido pionera en varios aspectos que desarrollan tales derechos. La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, cuyo borrador ha sido dado a conocer esta semana por ...

El desarrollo del marco legal para propiciar mejores condiciones de vida a las personas trans es una aspiración que entronca con la tradición de España como referente internacional en la protección del derecho a la igualdad y el respeto a la diversidad. España ha sido pionera en varios aspectos que desarrollan tales derechos. La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, cuyo borrador ha sido dado a conocer esta semana por el Ministerio de Igualdad, pretende dar un nuevo paso permitiendo el cambio de sexo en la documentación oficial con la mera declaración de voluntad de una persona, sin necesidad de los informes médicos que son necesarios en la actualidad.

La ley busca la despatologización de la transexualidad, tal y como promueve la Organización Mundial de la Salud, así como afirmar el principio de autodeterminación. El proyecto amplía el marco de los derechos de un colectivo minoritario y vulnerable. Su difícil experiencia vital merece acompañamiento, mayor seguridad jurídica y capacidad de protección frente a los abusos y discriminaciones que se producen. Avanzar en esa dirección es, por tanto, buena noticia y alinearía internacionalmente a España con las legislaciones más avanzadas en esta área como las de Dinamarca, Portugal, Bélgica o Irlanda.

Pero la iniciativa gubernamental es también objeto de un intenso pulso. Por un lado, la defensa del avance que supone que las personas puedan decidir por sí mismas; por el otro, el contraargumento de que esto puede abrir paso a abusos, a una erosión de la posición de la mujer en la sociedad e incluso, en los ángulos de crítica más radical, el inicio del borrado del concepto de mujer, de la noción de sexo biológico. Dos sectores del Gobierno encarnan el pulso, con Podemos en el primer lado, y el PSOE, con la vicepresidenta Carmen Calvo como cabeza visible, en el otro. El debate tiene un fuerte componente ideológico y raíces sociales y generacionales que van mucho más allá de todo eso, con argumentos liberales que se alinean con la posición de Podemos, y otros reaccionarios que, paradójicamente, apoyarían la del PSOE.

En términos generales, la autodeterminación representa un avance para quienes tengan una visión progresista y liberal de la sociedad, y así lo avalan instituciones como la Comisión y el Consejo Europeo, que la señalan como el mejor instrumento para acompañar a la comunidad trans. Merece apoyo. El PSOE propuso en 2017 esta misma idea en una iniciativa que impulsó en el Parlamento en la anterior legislatura, pero cambió de parecer en el camino. Parece excesivo considerar que no exigir un informe médico para el cambio de sexo en la documentación oficial represente el caballo de Troya para el borrado de las mujeres, la noción de sexo biológico o la erosión sistémica de sus derechos o su posición en la sociedad, pero sí es cierto que una nueva ley debería contemplar puntuales situaciones de abuso que pudieran producirse. Las dos partes del Ejecutivo deben dialogar serenamente sobre la casuística de la ley. Esta materia no puede abordarse de prisa para usarla como bandera el 8-M, como da la sensación de querer hacer Podemos. El movimiento feminista y la ciudadanía en general se merecen tener un debate tranquilo y la ley necesita ser impecable; también porque poca duda cabe de que el conservadurismo la impugnará en los tribunales.

Hay previsiones que pueden mejorar el proyecto, como el periodo de reflexión de seis meses que contempla la legislación danesa, lo que limita el riesgo de decisiones sinceras pero inmaduras y, de paso, dificulta que se puedan producir abusos. Lo lógico es que estos últimos fueran anecdóticos, pero la inquietud es legítima y debería atenderse, incluso en el interés del colectivo trans. Puede considerarse modular ventanas de aplicación flexible en casos específicos, para evitar por ejemplo que un condenado se cambie de sexo después del delito para ir a una cárcel de mujeres, o para frenar cambios interesados en ámbitos laborales o deportivos. Además, es necesario un debate amplio sobre cuestiones que tienen que ver con menores de edad cuya personalidad se está formando.

Todo esto debe atenderse de manera sosegada. Sin prisa. Y sin una guerra inútil entre sensibilidades cercanas.