Apuntes del manejo de una tragedia

La cifra de víctimas mortales y las cuantiosas pérdidas para miles de familias en cinco Estados de la República por las lluvias del fin de semana obligan al Gobierno Federal a investigar lo sucedido, deslindar responsabilidades, informar al respecto y pr...

La cifra de víctimas mortales y las cuantiosas pérdidas para miles de familias en cinco Estados de la República por las lluvias del fin de semana obligan al Gobierno Federal a investigar lo sucedido, deslindar responsabilidades, informar al respecto y procurar la no repetición.

Hasta el momento se cifra en 66 las personas fallecidas en Veracruz, Puebla, Querétaro e Hidalgo por la confluencia de fenómenos detectados desde el jueves de la semana pasada. Poblaciones de San Luis Potosí también sufrieron daños, pero no se reportan fallecidos.

Como se ha repetido por doquier, se trata de la primera prueba tipo catástrofe de origen natural para la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de ello se han destacado un par de rasgos: la innovación de que viaja a las zonas del desastre; y gestos de impaciencia ante protestas.

Sobre lo primero hay que subrayar que no debería ser novedad que la máxima autoridad acuda a atender, y escuchar sin intermediación, a unas víctimas. Que su antecesor no lo hiciera siempre fue aberrante. Que ella lo haga es lo mínimo esperable. Ni más, ni menos.

Tampoco habría que sobredimensionar que en su estreno en este tipo de contingencias, Sheinbaum haya perdido la paciencia —o carecido de la habilidad— al conducir las interpelaciones de quienes en Poza Rica le demandaban, a gritos, buscar a estudiantes no localizados. Hasta el momento representa algo aislado antes que sintomático.

Más delicado parece la deriva asumida por la presidenta a la hora de tratar de exculpar de antemano a todas las autoridades y, al mismo tiempo, la tendencia del régimen a monopolizar no solo la versión de lo ocurrido, sino incluso la ayuda que la sociedad procura.

Muchas comunidades en las que se presenta la primera mandataria muestran alivio ante su decisión de acompañar a esos que desde el fin de semana lidian con el lodo, la pérdida de enseres, el aislamiento y, por supuesto, la carencia de lo más elemental, incluida comida y agua.

Y es en ese espíritu que lo que a la presidenta le toca es no descalificar las demandas de esclarecimiento de lo ocurrido. Ella es la abogada de quienes han de recibir una explicación puntual por parte de todo tipo de autoridades sobre lo que provocó su desgracia. Dicho de otra manera, en esta coyuntura no puede asumirse como defensora de los gobernantes.

Decir desde el lunes que no había manera de saber lo que ocurriría no solo es precipitado sino incongruente de quien ha hecho gala de su expertise de científica.

Y no se ha de señalar de inoportunos a los reclamos: estos se subsanan un tanto con la promesa de la más alta autoridad de revisar su propio actuar, no con una actitud que pareciera ofenderse con dudas legítimas.

El Gobierno Federal, en primer sitio; los de cada uno de los Estados donde hubo pérdidas humanas, de infraestructura y patrimoniales, en segundo, y por supuesto los gobernantes de todos y cada uno de los municipios afectados, deberán ser examinados para que sus respectivos gobernados sepan si actuaron con la atingencia obligada, tanto por los protocolos de protección civil, como del sentido de responsabilidad política.

Nada se debe descartar de antemano. Es una tarea de revisión que además ha de ocurrir en paralelo a las labores mismas de rescate y procuración de ayuda a los más necesitados.

Si se falla en esa auditoría de las responsabilidades se condena a la repetición de costosos errores, sea porque no se aprende de los fallos cometidos, sea porque quienes quedaron muy lejos de la óptima actuación se mantienen impunes en el puesto e incluso en un futuro hasta buscan uno de mayor calibre.

El Gobierno Federal tiene además la obligación de despejar cualquier duda de ocultamiento de sus errores en las instancias que dependen directamente de sí mismo —Conagua, Protección Civil, para empezar—.

Y por ser los de Morena tan dados a la tapadera entre ellos, la Administración Federal no ha de dejar sin aclarar toda duda sobre las autoridades de los Estados que son gobernados por sus correligionarios partidistas.

Máxime cuando en los hechos está cancelada la función del Congreso de la Unión como instancia que ha de revisar el desempeño de otros organismos y niveles de la función pública; y de la posibilidad hoy de demandar a un funcionario morenista ante un juez, ni qué decir.

Todo lo que ha ganado Sheinbaum con la reinstalación de lo obvio, del sentido de solidaridad in situ, se perderá si a la postre no se hace una relatoría de las causas del desastre, las omisiones donde las hubiere, las acciones positivas y, desde luego, las mejoras a futuro.

Y entre las cosas que ha de revisar la presidenta es la pulsión que tiene su grupo de impedir que la solidaridad sea plural en todos los tramos de la emergencia. Una de las cosas más bizarras de este régimen es que para cualquier cosa piden cooperacha, pero no quieren luego que se les acompañe en el proceso de entrega y menos rendir cuentas al respecto.

No vaya a resultar que de tanto monopolizar, insisto en el término, la acción frente a la emergencia, terminen por reeditar, para mal y toco madera, lo que sucedió en la tragedia de tragedias de medio siglo, esa de 1985 de la que justo conmemoramos cuarenta años.

Entre los mayores aprendizajes de hace cuatro décadas fue que el Gobierno que quiso hacerlo todo terminó rebasado por la sociedad que advirtió la deficiencia de los burócratas. No vale la pena tratar de demostrar que los actuales sí pueden.

Y otro aprendizaje nada menor es que una cosa es la causa original de la tragedia, en este caso las lluvias, y otra es que las consecuencias del desastre siempre son mayores cuando una o varias autoridades no están a la altura del reto.

Enhorabuena por la decisión de la presidenta Sheinbaum de reinaugurar la capacidad de la máxima autoridad de estar con quienes más lo necesitan en medio de una calamidad.

Un acto de tal envergadura debe ir acompañado de un informe de las acciones y omisiones de todos los niveles de gobierno, y de una apertura a que la sociedad ayude y cuestione a sabiendas de que la mandataria entenderá que eso es lo que aprendieron las y los mexicanos de sus tragedias. A dar y a exigir.