Los migrantes como moneda de cambio

En la infame tragedia de Ciudad Juárez con saldo hasta el momento de 38 extranjeros fallecidos en un centro de detención, que no albergue, hay tres niveles de responsabilidad que se superponen y explican el siniestro. El más básico es el personal a cargo del centro en cuestión. Hombres y mujeres de a pie que, sin cometer personalmente un asesinato, provocaron por inacción y errores de juicio la terrible tragedia. La llamada banalidad del mal. La empleada de seguridad que, al parecer, tenía la llave del candado y se salió de la oficina; los empleados que caminan de un lado a otro, sin que ninguno haga el intento de forzar la apertura de la puerta y en un momento dado se retiran para ponerse a salvo del humo, sabiendo que condenaban a su suerte a cerca de 70 seres humanos. No se requería una muestra de heroísmo, solo un poco de compasión y sentido de responsabilidad respecto a personas detenidas que, sin ser criminales, estaban a su cargo. Estos empleados son los que terminarán pagando sus propias culpas, pero sobre todo la de los dos niveles superiores.

Y es que no fueron estos empleados los que, cumpliendo órdenes, decidieron convertir supuestos albergues en centros de detención carcelarios. Basta ver imágenes del búnker de la “Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración” (INM) para darse cuenta de que eso no es un albergue para inmigrantes y refugiados, sino una celda improvisada, sin mobiliario siquiera para cumplir tales tareas y en condiciones de hacinamiento inadmisibles. Tampoco fueron esos empleados los que fijaron recursos obviamente insuficientes para atender las necesidades de agua y alimentos de los retenidos; razón que llevó a estos a incendiar las colchonetas para exigir ser tratados como seres humanos y no como animales. Los jefes de esos empleados ahora detenidos son quienes impusieron las prácticas injustas e inhumanas que ya victimizaban a los inmigrantes y en segunda instancia desencadenaron la tragedia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no habrá impunidad y se castigará a los responsables, pero lo cierto es que solo se han emprendido acciones contra el personal de piso del inmueble. El director del INM, Francisco Garduño, es un connotado político de 74 años, penalista, muy cercano al presidente desde hace décadas. En ocasiones similares (la corrupción en Segalmex la más reciente, y antes Julio Scherer o Gertz Manero, entre otros) el mandatario ha dejado al margen de las investigaciones o de las consecuencias a actores políticos destacados bajo el criterio de que “son personas a las que conoce bien y les tiene confianza”.

Y el tercer nivel de responsabilidad remite a las políticas de Estado a las cuales las propias autoridades del INM están sujetas y condicionan un contexto sumamente lesivo para los inmigrantes.

Al arranque de su gobierno, el presidente López Obrador planteó a la comunidad nacional e internacional una tesis humanista sólida y moralmente admirable: atendamos las causas de la migración, dijo. No son delincuentes, sino seres humanos en busca de mejor vida para ellos y los suyos, y deben ser tratados con dignidad. Propuso a Estados Unidos un vasto programa de apoyo al desarrollo de las regiones expulsoras, como estrategia fundamental respecto a los flujos migratorios. Por desgracia luego vinieron Donald Trump y las implicaciones de la real politik.

El endurecimiento de las condiciones legales para la admisión y permanencia de inmigrantes en suelo de la Unión Americana, iniciado por la administración republicana y muy poco aliviado por la de Joe Biden, provocó un apelotonamiento en la frontera. El tema se convirtió en la principal moneda de cambio en las tensiones entre México y Estados Unidos.

Primero Trump y luego Biden, por necesidades político-electorales, han requerido que nuestro país se convierta en filtro y retención de las oleadas de migrantes latinoamericanos que buscan el llamado sueño americano. Bajo distintas modalidades y en diferentes momentos, el gobierno de la 4T ha aceptado asumir parte de esa tarea. Desde admitir cuotas de inmigrantes de otros países deportados por Estados Unidos (30.000 al mes), ser país de espera para miles de aspirantes a conseguir visas y permisos de distinta naturaleza, asignar un considerable número de tropas a ambas fronteras, desalentar por distintas vías inhibitorias el paso de caravanas por territorio mexicano, entre otras. Solo el llamado Título 42, que con el pretexto del Covid impuso Trump, provocó la devolución de 1.8 millones de casos a lo largo de dos años (muchas de esas personas reincidentes).

El resultado es que miles de venezolanos, haitianos, cubanos y otros caribeños, centroamericanos, además de nuestros propios paisanos procedentes del sureste, se agolpan en la frontera. Población de paso que no logra pasar; sin hogar, sin empleo y en su mayoría sin recursos, que inevitablemente termina deteriorando las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades fronterizas. Una situación en la que el migrante es la primera y la peor víctima. Una tragedia humana por donde se le mire.

Desde afuera resulta imposible saber cuáles eran los márgenes reales del gobierno mexicano para evitar tan incómoda tarea. Y, por lo demás, a ojos de Estados Unidos, México es corresponsable del problema, en la medida en que constituye el país de paso y, por fortuna, nunca ha estado dispuesto a cerrar su propia frontera sur (entre otras cosas por imposibilidad física).

Pero lo cierto es que la 4T utilizó la necesidad política de Washington en materia migratoria para negociar favorablemente temas comerciales, de inversión, de seguridad pública. El gobierno de López Obrador ha sido tratado con alfileres por parte de las dos administraciones que han pasado por la Casa Blanca. En gran medida, tales miramientos remiten a la disposición para aliviarles parte de la presión migratoria.

Por desgracia, esto no ha venido aparejado de una política realista a la altura del desafío que representa esta acumulación de desesperanza y necesidades en la frontera. Los recursos humanos y financieros han sido insuficientes; las políticas y procedimientos están desbordados. Lo que en teoría era pasajero se ha hecho insoportablemente permanente.

El siniestro de Ciudad Juárez revela una situación que no habrá de resolverse con promesas de cero impunidad. Responsables como son, los funcionarios de bajo rango ahora detenidos son también víctimas de un estado de cosas que debe ser revisado en sus tres niveles. Lo peor sería cargar a estos empleados de culpas, propias y ajenas, y dejar intocada la verdadera razón de esta tragedia.

Cuenta de Twitter: @jorgezepedap

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