Elecciones 2021: hacia una restauración por vía democrática

Para entender con alguna objetividad lo que pasó en las elecciones del 6 de junio en México requerimos tomar en cuenta los tiempos, espacios y procesos de la política mexicana. De una primera aproximación emerge un cuadro complejo que incluye una sorprendente continuidad en la composición, prácticas y distribución del poder al interior de la clase política, preocupantes casos de intromisión del crimen organizado en procesos electorales locales, sabias decisiones de la ciudadanía que demuestran madurez en el uso del voto como castigo y/o como apoyo, y una constatación de la eficacia y estabilidad de las instituciones electorales que demuestra el enraizamiento de la democracia electoral a pesar de la pobre oferta de los partidos políticos. En materia de resultados lo que destaca es la rápida transformación de Morena en el sustituto legítimo del PRI como partido con pretensiones hegemónicas.

Vamos por partes. Se eligieron 15 gobernadores, casi la mitad del total. Morena ganó en 11 Estados, lo que le da al partido en el Gobierno un poder territorial que no tenía. En realidad, este resultado es la conclusión del proceso abierto en 2018: la crisis del PRI y del PRD como partidos. En efecto, el PRI perdió en esta elección todos los Estados que gobernaba, y el PRD el suyo. Esta derrota debería haberse producido desde 2018, pero el ciclo electoral les dio tres años de oxígeno tanto al PRI como al PRD. El PAN resistió mejor al retener las gubernaturas de Querétaro y de Chihuahua. Perdió las de Nayarit y Baja California Sur, donde en realidad carecía de base social propia.

Pero al igual que había pasado en 2018, cuando los triunfos de los candidatos a gobernadores, diputados federales y locales y alcaldes de Morena fueron en realidad victorias de políticos reciclados del PRI y del PRD (y algunos del PAN), en 2021 casi todos los nuevos gobernadores de Morena son viejos políticos formados en las fraguas del PRI. Morena puso al servicio de estos candidatos el aparato clientelar desarrollado con las políticas de subsidios, tal como hacía el PRI en el pasado con otras políticas redistributivas clientelares. Tanto en la forma como en el fondo, esta elección se pareció demasiado a las últimas del viejo régimen y a las de la transición a la democracia: campañas insulsas, ausencia de programas, publicidad abrumadora, y en muchos casos gastos excesivos e inexplicables, lo cual garantiza que habrá conflictos postelectorales. Pero lo más importante: operaron en el terreno muchos de los viejos lobos de mar del PRI, pero esta vez a favor de Morena. La excepción, para peor, fue el caso de San Luis Potosí, donde un candidato formalmente presentado por el Partido Verde logró el triunfo con el apoyo de su propia base clientelar personal, cuyo financiamiento es francamente sospechoso. No en balde este gobernador electo había estado en la cárcel por casi un año acusado de lavado de dinero.

La excepción a este cuadro fue el triunfo del candidato formalmente impulsado por un partido menor, Movimiento Ciudadano (MC), en el importantísimo Estado de Nuevo León. Samuel García, un joven de familia privilegiada, tuvo el apoyo de la clase empresarial local, de los medios y de su esposa, una destacada influencer. Su campaña fue muy moderna en la forma, pero típicamente localista y conservadora en el contenido.

En las elecciones de diputados federales Morena corroboró tener el control de la mayoría del territorio, alcalzando el triunfo (con aliados) en 119 distritos uninominales y por sí solo en 64, de un total de 300. Solo el PAN alcanza una presencia nacional significativa en la oposición, pues ganó (en alianza con PRD y PRI) 65 distritos, más otros 33 por sí solo. El PRI ganó apenas 11 en solitud, quedando casi borrado del mapa nacional, al igual que el PRD, que por sí mismo no ganó ningún distrito. Este resultado confirma el ocaso del PRI y del PRD. Gracias a la representación proporcional, que constituye el 40% de la Cámara de Diputados, el PRI tendrá 70 bancas y el PRD 15, con lo cual podrán negociar sus votos en decisiones críticas, ante todo si López Obrador quiere impulsar cambios constitucionales.

Sin embargo, para su desgracia, Morena tendrá que lidiar con el empoderamiento de sus propios aliados. Morena tendrá 199 bancas propias, el PT 38, y el Verde un récord de 42. Estos diputados son esenciales para que Morena tenga mayoría simple en la Cámara de Diputados y pueda así aprobar el presupuesto y la ley de ingresos. Es probable que una vez instalada la cámara el 1 de septiembre, se vuelva a producir el transfuguismo de diputados del Verde y de PT a Morena, tal como sucedió en 2018 (lo cual le permitió tener mayoría simple por sí mismo en esa legislatura). Esta vez será más difícil por la reglas fijadas por el INE para el registro de candidatos. Por tanto, el Partido Verde, el oportunista que ha estado en todas las coaliciones de gobierno desde la transición en el año 2000, tiene ahora más poder y cobrará un mayor precio por su lealtad. También el PT, que ha vivido por 30 años de la pepena de indeseables y sobras de otros partidos, podrá exigir un pago mayor por sus servicios.

El partido sorpresa de esta elección federal es Movimiento Ciudadano, que logró incrementar su caudal en un millón de votos, hasta alcanzar el 7%. Su apuesta a ir solo en este proceso le dio dividendos. Sus 23 diputados pesarán en decisiones importantes. Al contar además con dos gobernadores en Estados clave, MC pasa a ser un jugador nacional.

Las elecciones de diputados locales y presidentes municipales presentan un panorama mucho más complejo. A nivel local la disputa por el poder fue salvaje. Las elecciones de 2021, como las de 2018, han mostrado niveles de violencia política inéditos en el período de transición. En las de 2018 hubo 774 agresiones contra políticos, incluidos 152 asesinatos, entre ellos 48 aspirantes o candidatos a puestos de elección popular. En las de 2021 se registraron 790 agresiones, incluidos 91 asesinatos, entre ellos 36 candidatos. La intervención de grupos delincuenciales en las elecciones locales en Sinaloa, Guerrero, Michoacán, partes del Estado de México y de Veracruz, y en al menos otros cinco Estados, fue más abierta que nunca. El crimen organizado decidió en cientos de municipios quién podía competir y quién debía ganar. Este hecho corrobora la falta de control del Estado sobre amplias regiones del país y la existencia de alianzas francas entre el crimen organizado y diversos partidos políticos.

Por otra parte, en varias entidades hubo verdaderas elecciones de Estado, como se les llamaba en el viejo régimen a las elecciones controladas por los gobiernos. Tal fue el caso en por lo menos Veracruz y Tabasco, y parcialmente en muchos otros Estados. Veracruz y Tabasco se cuentan entre los peor gobernados del país, y sin embargo Morena se llevó “carro completo”, es decir, la inmensa mayoría de las diputaciones locales y federales y el gobierno de los principales municipios. Fue decisivo en el resultado la represión de opositores, la operación electoral clientelar masiva y la abierta intromisión del Gobierno en el proceso.

Ahora bien, no sclo Morena recurrió a los viejos métodos. Lo mismo pasó en el Estado de México, donde el PRI recuperó el control de los municipios rurales del poniente y de la capital estatal, así como la mayoría en el congreso local, antes en manos de Morena. En Jalisco, Movimiento Ciudadano mantuvo el control de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y del congreso local, a pesar de que su desempeño ha sido más que modesto y de que los números de violencia criminal y de desapariciones forzadas siguen siendo de los peores del país. En Chihuahua, el PAN usó a funcionarios públicos locales para apoyar la campaña de su candidata a gobernadora.

Hay otros signos también. En la Ciudad de México Morena perdió la mayoría de las alcaldías, en un acto de rebeldía de los ciudadanos de las zonas de clase media, cuyo apoyo ha sido fundamental para la izquierda mexicana desde hace 20 años. Un par de capitales estatales en manos de Morena pasaron a la oposición por la misma razón. Y las derrotas del PRI, PAN y PRD fueron también en gran medida actos de protesta ciudadana.

Sin embargo, las elecciones demostraron que las relaciones entre el Estado en sus distintos niveles y la ciudadanía sigue basándose, para la mayoría de la población, en los viejos patrones de intercambio clientelar y de obligación moral por los “favores” recibidos. Una proporción creciente de ciudadanos toma distancia de estos patrones y hace uso del voto para castigar post factum a los gobiernos anteriores o apostar a que otro candidato sea mejor que los políticos ya conocidos. Pero eso no siempre es posible dada la pobre oferta política disponible.

Las elecciones de 2021 han permitido que el desplazamiento sistémico del PRI y del PRD por parte de Morena avance hasta dejar a esos partidos con una escasa presencia territorial y parlamentaria. La única oposición importante a nivel nacional que queda es el PAN, que cuenta con una sólida base social anclada en asociaciones conservadoras, la iglesia católica, empresarios medianos y grandes, clases medias urbanas y medios de comunicación liberales. Pero el PAN no tiene cuadros y líderes con reconocimiento nacional, una carencia imposible de subsanar a corto plazo, además de que su apoyo al neoliberalismo y su participación en los esquemas de corrupción creados en los gobiernos de la fase de transición le seguirán cobrando factura por mucho tiempo.

Ese vacío en la oposición no lo puede llenar Movimiento Ciudadano, pues carece de identidad política, su implantación territorial es débil (aunque esatégica) y su único mérito hasta ahora ha sido colocarse fuera de la polarización Morena-PRIAN.

Morena no es aun un partido hegemónico, a pesar de su nuevo poder territorial y parlamentario. En realidad Morena por sí mismo solo obtuvo el 34% de la votación federal y un poco menos del voto local. Ciertamente, ganar 11 gubernaturas fue un gran logro en el contexto de la pandemia, la crisis económica y la polarización. Pero, paradójicamente, el presidente López Obrador ha perdido poder, pues necesita más que antes a terceros partidos para garantizar su mayoría en el Congreso. Además, las disputas internas dentro de Morena de cara a la sucesión le restarán unidad en la acción y disciplina interna.

Despejada la polvareda de la gigantesca elección del 6 de junio, sorprende que muchas cosas han cambiado para que todo siga más o menos igual. Morena ha consolidado su poder territorial, pero esto no ha servido para fortalecer los derechos ciudadanos. Algunas élites regionales príistas y panistas han sido desplazadas por otras provenientes de diferentes facciones del propio PRI, del PAN y del PRD, y que ahora fueron apoyadas por Morena. Las muchas alternancias que hubo en los Estados y en los municipios en esta elección no significan que vayan a cambiar las formas de gobernar. En consecuencia, tampoco se renovarán las relaciones entre el Estado y la ciudadanía.

Ha quedado claro que López Obrador y su partido Morena no son portadores de una proyecto político innovador, que democratice las relaciones entre Estado y sociedad, fortalezca los derechos de ciudadanía, y renueve la clase política. Morena no ha propuesto ni siquiera tibios experimentos participativos, ni formas de gobernanza más democráticas, ni alianzas con actores sociales sobre temas específicos. El presidencialismo radical de López Obrador no permite construir los cimientos de un régimen más inclusivo y democrático. Por tanto, el que su partido se fortalezca significa más una restauración parcial del viejo régimen que la posible construcción de uno nuevo.

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