Una década de asedio en Eloxochitlán: 200 órdenes de aprehensión y 50 años de cárcel contra uno de sus líderes

La historia de Miguel Ángel Peralta Betanzos es la historia de su comunidad. Hace más de diez años que comenzó un capítulo de terror que no parece tener fin para él, para su familia y para sus vecinos, en el poblado indígena mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, en la sierra norte del Estado de Oaxaca. Allí, donde se encuentra el río Xangá Ndá Ge, que agoniza lentamente envuelto por la espesura verde de las montañas y los árboles, la comunidad entera ha denunciado una persecución en su contra y la criminalización de sus habitantes por la defensa que han hecho de sus recursos naturales, de sus usos y costumbres y de su propia vida. Peralta Betanzos, de 42 años, uno de los activistas de la población, ya estuvo en la cárcel, fue absuelto y ahora enfrenta de nuevo una probable condena de 50 años de prisión por delitos, asegura, que él no cometió.

Hace seis años que Miguel Ángel Peralta no ve a su familia, no pisa su hogar y no puede vivir en la tranquilidad que le da ser un hombre medianamente libre. En 2015, fue arrestado y encarcelado de forma irregular en Ciudad de México, y después fue trasladado a Oaxaca, en donde permaneció en prisión hasta que fue absuelto en 2019, cuando las autoridades no encontraron pruebas suficientes para condenarlo a los 50 años de cárcel que las autoridades oaxaqueñas pedían por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Desde entonces, para cuidar su integridad y la de su familia, Peralta permanece en un estado de aislamiento que le impide llevar una vida normal. Tras su libertad en 2019, la parte acusatoria, la familia Zepeda Lagunas, a quienes comunidad de Eloxochitlán acusan directamente como responsables del saqueo del río y de la persecución de más de una década, apeló la decisión y dejó nuevamente en la mesa que la condena de 50 años de cárcel fuera puesta de nuevo a discusión. “No hemos estado del lado del poder y por eso no hemos tenido justicia, pero nos asiste la razón, hay pruebas que nos respaldan. Deseamos que nos den nuestra absoluta libertad”, ha dicho Peralta Betanzos durante una conferencia virtual la tarde del lunes.

En 2024, parecía que su caso había tomado un mejor curso, cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJN) revocó una sentencia del Tribunal de Oaxaca que había ordenado reponer el proceso por supuestos vicios del procedimiento, tras considerar que no había fundamentos que sostuvieran la condena. La Corte ordenó entonces que Miguel Ángel fuera juzgado con perspectiva intercultural, tomando en cuenta su contexto y su origen. Sin embargo, la familia Zepeda Lagunas insiste en revisar la decisión. “Es inminente la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca en el amparo directo promovido por Miguel, luego de que la SCJN le devolvió el caso en noviembre de 2024 (amparo directo en revisión) para que juzgara con perspectiva intercultural”, precisa la abogada de Peralta, Araceli Olivos.

La defensa de Peralta asegura que existen peritajes antropológicos que ayudan a contextualizar el conflicto en Eloxochitlán de Flores Magón y que revelan una persecución penal en contra de defensores como Miguel Ángel: “Ambos dictámenes señalan un profundo antagonismo entre quienes defienden la autonomía y las formas organizativas comunitarias mazatecas y quienes se han constituido en un cacicazgo local. La y los expertos enfatizan que este conflicto se caracteriza por una marcada asimetría de poder, donde el grupo dominante utiliza su posición económica y sus vínculos con actores externos para someter a la comunidad”.

El asedio judicial, policial y político de esta población se refleja, por ejemplo, en la activación de más de 200 órdenes de aprehensión contra 56 personas (hombres y mujeres) de la comunidad mazateca, entre las que figuran Martha Betanzos, madre de Miguel, otro de sus hermanos y él mismo, por nuevos señalamientos que tienen que ver con el mismo conflicto.

El conflicto y las consecuencias para Eloxochitlán

Miguel Ángel Peralta describe su pueblo como un paraíso en el que el río, las montañas, los sonidos de los pájaros y las fiestas tradicionales de Día de Muertos, enmarcaron su infancia, en la que leyó todos los libros que sus maestros y sus tíos le acercaron y que iban desde títulos de la literatura clásica hasta la biografía del Che Guevara o El Capital, de Karl Marx.

Ese paraíso, regido por usos y costumbres hasta hace más de 20 años, vio interrumpida su calma cuando en 2012, el huracán Ernesto azotó con fuerza la región y causó estragos en la comunidad y en su río. En ese momento, un cacique de orígenes priistas —actualmente vinculado a Morena— Manuel Zepeda Cortés, dueño de una mina también, se presentó ante la comunidad y aseguró que usaría su maquinaria para poder “arreglar” el río y evitar que se desbordara. Ya antes, este funcionario municipal, quien es el padre de la diputada morenista Elisa Zepeda Lagunas, había protagonizado algunos episodios violentos que la comunidad, aseguró, fueron impulsados por él. Los supuestos arreglos del río no han terminado y la maquinaria ha arrasado casi por completo con el ecosistema local. El río, actualmente, agoniza.

También en ese mismo año, el padre de Miguel Ángel, Pedro Peralta Carrillo, fue encarcelado, pero antes, durante las casi 20 horas que tardaron en presentarlo ante las autoridades, fue torturado física y psicológicamente por policías municipales por presuntamente portar armas de uso exclusivo del Ejército y por otras agresiones, de nuevo, en contra de la familia Zepeda Lagunas. Miguel Ángel recuerda: “[El arma mencionada] era una escopeta que habían recortado y que le sembraron. Luego mi papá me contó que cuando llegó al hospital, la gente lo bañó a manguerazos, eso es muy denigrante, sentí mucha rabia”, dice. Su padre estuvo en la cárcel durante tres años.

Para diciembre de 2014, el punto álgido de una cadena de incidentes que confrontaban a la comunidad con la familia Zepeda Lagunas, una reunión de la Asamblea Comunitaria para la elección de nuevas autoridades fue interrumpida por una balacera que, según testigos, fue ejecutada por gente de Zepeda, y que, posteriormente, terminó en un presunto enfrentamiento entre ambas partes y después, con la muerte de Manuel Zepeda, hijo de Zepeda Cortés. Al menos 11 personas de la Asamblea Comunitaria también fueron heridas de bala y hospitalizadas.

Por estos hechos, la persecución policial y judicial contra Miguel Ángel y su familia se agravó. Unos 34 integrantes de la Asamblea fueron acusados de los daños, además de tentativa de homicidio y homicidio doloso. Miguel Ángel, pese a comprobar que no estuvo presente durante los incidentes, fue encarcelado durante casi cinco años, junto con otros siete indígenas mazatecos de su comunidad. Elisa Zepeda Lagunas, que pronto llegó a ser diputada del Congreso de Oaxaca, se convirtió en una de las legisladoras más jóvenes y más tarde declararía que aquellos hechos del 2014 fueron por violencia de género porque buscaban truncar su carrera política.

El último recurso legal que le queda a Miguel Ángel es un amparo que podría darle la libertad absolutoria o confirmar la sentencia de cárcel de 50 años. Este próximo 10 de octubre, su familia y amigos han llamado a un acto de protesta afuera del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca, para exigir a los magistrados que escuchen el reclamo de justicia de la comunidad, estudien de fondo de las pruebas y den la libertad absoluta. “No estamos aislados, no somos historia, estamos construyendo el futuro”, ha dicho David Peralta Betanzos, hermano de Miguel.

En un comunicado, la defensa de Miguel Ángel concluye: “La injerencia del Estado, a través del aparato de justicia, no ha sido neutral. Los dictámenes reconocen que el cacicazgo ha logrado manipular el sistema de justicia para criminalizar a quienes defienden el río y la autonomía, asegurándose un acceso desigual a las instancias de justicia”.