México definirá esta semana a los candidatos que aparecerán en la boleta de la elección judicial

Hace un año, la polémica reforma judicial ideada por Morena parecía un horizonte inalcanzable incluso dentro de las filas del oficialismo. Tras las elecciones del año pasado en las que el partido de Andrés Manuel López Obrador arrasó en las urnas y se hizo con el control absoluto del Congreso, la ambiciosa enmienda fue aprobada y ahora está en su fase de implementación. Es un hecho: México será este año el primer país que votará a todos sus jueces en las urnas. La selección de candidatos a un cargo judicial quedó en manos de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que conformaron, cada uno, Comités de Evaluación para procesar las miles de postulaciones. Las apuestas finales de la Judicatura quedaron definidas el jueves pasado. El Ejecutivo hará su selección este domingo. El Congreso la llevará a cabo el martes. Con las tres selecciones quedarán integradas las boletas que los mexicanos usarán en los inéditos comicios del próximo 1 de junio, en los que estarán en juego cerca de 900 cargos judiciales, entre jueces de distrito, magistrados de circuito y electorales, ministros del Supremo y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

El trayecto hasta este punto ha estado marcado por las tensiones entre el partido gobernante y los jueces, los principales afectados por la enmienda constitucional. Ni las protestas en las calles de los funcionarios judiciales ni las renuncias de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte hicieron recular a Morena. El Ejecutivo, primero con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha señalado una y otra vez que el Poder Judicial es corrupto y está capturado por los conservadores y las élites, en perjuicio del pueblo. El argumento de que la Judicatura necesitaba una demolición y reconstrucción es la base primordial de la reforma.

En el más reciente episodio de la confrontación, el Tribunal Electoral (TEPJF) le quitó a la Judicatura la facultad de elegir a sus candidatos y la delegó en el Senado, dominado por Morena. El Poder Judicial había detenido el cribado de aspirantes luego de que un juez de amparo ordenó a los tres poderes frenar el proceso. Solo el Judicial acató la instrucción. El Tribunal Electoral, controlado por una mayoría oficialista, destrabó la parálisis a favor de Morena. El pasado jueves, el Senado seleccionó a los candidatos de la Judicatura mediante un sorteo parecido al de la lotería, como se estableció en la Constitución tras la enmienda.

La toma de relevo no fue amistosa. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó al Poder Judicial de manipular las listas para que ciertos perfiles, principalmente las mujeres, tuviesen pase directo a la boleta sin someterse a la insaculación. También señaló que la Judicatura añadió de último momento nombres de aspirantes a los listados. Pasando por encima de la norma que prohíbe a los funcionarios inmiscuirse en la elección judicial, Noroña, que milita en el bloque oficialista, llamó a los ciudadanos a no votar a los candidatos postulados por el Poder Judicial (en las boletas, al lado del nombre de cada aspirante, se indicará cuál de los tres poderes le ha propuesto). La presidenta Sheinbaum se ha unido al coro y ha señalado que la actuación de la Judicatura ha sido “totalmente irregular”.

Con todo, los primeros nombres de candidatos ya son firmes. A la espera de los sorteos por venir del Ejecutivo y el Legislativo, es un hecho que en la boleta de candidatos a ministros del Supremo aparecerá, por ejemplo, Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte que se convirtió en senadora de Morena en el sexenio de López Obrador. También figurará la abogada Marisela Morales, que fue titular de la Fiscalía General de la República entre 2011 y 2012, en el último año del gobierno de Felipe Calderón (PAN). También han asegurado su lugar, en la elección para el Tribunal Electoral, la exconsejera del INE Adriana Favela y la exmagistrada electoral Gabriela Villafuerte.

El Ejecutivo y el Legislativo probarán su suerte con perfiles cercanos a Morena. Entre sus cartas fuertes a la Suprema Corte aparecen Estela Ríos, que fue consejera jurídica en la presidencia de López Obrador; Bernardo Bátiz, un abogado que ha colaborado durante más de dos décadas con el exmandatario; y Jaime Cárdenas, exconsejero del INE y exdiputado, esposo de Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR. Para llegar al Tribunal de Disciplina —que vigilará la conducta de los jueces— se han anotado la hija de Bátiz, Susana Bátiz Zavala, y Celia Maya, excandidata del oficialismo a la gubernatura de Querétaro.

Magros controles

Una vez que los Comités de Evaluación de cada uno de los tres poderes de la Unión afine su lista final de aspirantes, deberá enviarla al Senado para que este, a su vez, la turne al Instituto Nacional Electoral (INE), que oficializará el registro de candidatos. Esto no puede suceder más allá del 12 de febrero. El 30 de marzo iniciará oficialmente el periodo de campañas, que tendrá una duración de 60 días (hasta el 28 de mayo).

En total, 5.379 candidatos llegarán a la boleta. La ley referente a la elección judicial les prohíbe recibir financiamiento público o privado, lo que obliga a los aspirantes a usar su propio dinero para financiar sus gastos de traslado, hospedaje y comida. No podrán contratar espacios en medios de comunicación —radio, televisión o periódicos— ni en bardas, anuncios espectaculares u otros por el estilo en la vía pública. Esto limita a los candidatos a únicamente hacer campaña en asambleas locales y a participar en foros o debates.

El INE, sin embargo, ha suavizado las prohibiciones. Esta semana, el órgano encargado de la elección rebajó la gravedad de la sanción que se impondrá a los aspirantes que no presenten su informe de ingresos y gastos de campaña. En un proceso electoral ordinario, no entregar ese documento —que sirve para fiscalizar el origen de los recursos de un candidato y prevenir actos de corrupción— ha sido motivo suficiente para que el INE anule el derecho de una persona a participar en la contienda. Esta vez, la falta ameritará una simple amonestación o una multa.

La norma para la elección judicial también prohíbe las precampañas, pese a lo cual varios jueces federales han promovido sus aspiraciones antes de tiempo y utilizado indebidamente recursos públicos. Desde hace semanas, las ministras de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, afines al oficialismo, han hecho varias giras a los Estados para participar en eventos organizados por Morena y han aparecido en diversos medios para publicitar sus aspiraciones, sin contar su intensa promoción en redes sociales. Decenas de jueces y magistrados federales han seguido su ejemplo y han dado el mismo impulso anticipado a sus candidaturas. El INE no ha intervenido para frenar esa flagrante precampaña.

En el otro lado de la moneda están los aspirantes a jueces sin tal capacidad de recursos. Y los que tengan que hacer campaña en distritos ubicados en zonas controladas por el crimen organizado, o peor, en aquellas donde se libran abiertas guerras entre cárteles —Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Tabasco—. Varios postulantes han pedido al INE garantías de seguridad para lanzarse a la búsqueda del voto. No obstante, el órgano electoral ha estado más ocupado en organizar la inédita elección con los recursos que Morena le ha concedido a cuentagotas. Con las condiciones que ya se advierten, los comicios judiciales suponen una prueba de fuego para la democracia mexicana.