México pide sumarse al caso contra Israel por genocidio en la Franja de Gaza

México ha pedido incorporarse al caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio en la Franja de Gaza. Así lo ha dado a conocer este martes el propio tribunal a través de un comunicado oficial. La denuncia fue interpuesta por Sudáfrica en diciembre pasado, dos meses después del estallido de la guerra lanzada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu contra el grupo islamista Hamás en Palestina. La representación mexicana declaró que, como miembro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, tiene la intención de dar su perspectiva en la interpretación de los principios de derechos internacional que pueden ser relevantes en la causa abierta hace cinco meses.

“México tiene un interés jurídico muy claro como signatario de este tratado y lo que está haciendo es comunicar a la Corte su intención de que su cumpla y se haga cumplir la Convención sobre Genocidio”, explica León Castellanos Jankiewicz, especialista en Derecho Internacional del Asser Institute de La Haya. El Gobierno mexicano ha dado un paso adelante para decir cómo, en su opinión, deben ser interpretados estos principios en el contexto del conflicto en Gaza, dice el especialista. La Convención es uno de los instrumentos jurídicos más importantes en el sistema internacional porque establece elementos de derecho cosuetudinario para los países que firmaron el tratado, pero también para el resto de Estados.

El Gobierno de López Obrador ha condenado los ataques contra civiles en territorio palestino, al tiempo que se opuso a los ataques terroristas que detonaron el conflicto el pasado 7 de octubre. En abril, las autoridades mexicanas ratificaron su apuesta por “una solución integral y definitiva del conflicto, bajo la premisa de dos Estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino, política y económicamente viable, que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, de conformidad con el derecho internacional”.

La semana pasada se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Orión Hernández, un ciudadano mexicano que se presumía estaba entre los secuestrados por Hamás desde octubre pasado. Está previsto que sus restos sean repatriados a finales de esta semana, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ilana Gritzewsky Camhi, la otra mexicana retenida por la milicia islamista, fue liberada en noviembre.

“La Corte tiene un procedimiento muy claro en su reglamento y sus estatutos: después de cualquier Estado pide intervenir en un caso, la Corte consulta primero a las partes del litigio para ver qué opinan, esas respuestas van a ser sopesadas por la CIJ y con base en este análisis le van a contestar a México si puede intervenir o no”, expone Castellanos Jankiewicz. Tras la declaración de México, Israel y Sudáfrica tendrán que ofrecer posicionamientos por escrito sobre la participación mexicana.

Nicaragua solicitó en enero sumarse a la causa judicial como parte en el litigio, mientras que Colombia hizo una declaración similar a la del Gobierno mexicano a principios de abril, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, como lo hicieron las autoridades mexicanas. Como signatario de ese instrumento, es probable que se acepte la solicitud de México, aunque la última palabra está en manos del Alto Tribunal.

Libia también ha hecho una solicitud formal el pasado 10 de mayo, bajo los mismos argumentos de México. Otros países que se han mostrado interesados, pero que no han formalizado sus peticiones son Egipto, Maldivas, Turquía, Irlanda y Bélgica, informa la corresponsal de EL PAÍS Isabel Ferrer. Si la CIJ aprueba la declaración de intervención de México, su representación podrá presentar alegatos sobre su posición en el conflicto, aunque está previsto que esa decisión tome tiempo.

A petición de Pretoria, la CIJ ha ordenado medidas cautelares contra el Estado israelí, que fueron ratificadas la semana pasada. El Alto Tribunal dictó, entre otras disposiciones, que Israel “suspenda inmediatamente su ofensiva militar” en Rafah, un punto estratégico al sur de la Franja de Gaza, en la frontera con Egipto. También solicitó que se mantengan abiertos los corredores de ayuda humanitaria para mitigar el impacto de la guerra en la población civil de Palestina y se puedan atender sus necesidades básicas.

Rafah, la única zona del territorio palestino que no está en control de Israel, ha estado en el centro de los últimos bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas israelíes, que han dejado al menos 50 muertos. En las últimas horas se ha registrado un nuevo ataque a campamentos civiles, con un saldo de por lo menos otros 20 fallecidos. Se calcula que alrededor de un millón de palestinos se han desplazado a esa región durante las últimas tres semanas. La Corte, al igual que el Gobierno mexicano, ha advertido de una “catástrofe humanitaria” en la zona de conflicto.

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