López Obrador cabildeó con cinco ministros de la Corte la sentencia sobre el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha revelado este lunes que habló directamente con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar convencerlos de no aprobar la sentencia que anularía la transferencia al Ejército del control de la Guardia Nacional, un cuerpo policiaco que fue creado originalmente como una corporación de naturaleza civil y convertido, a mitad de sexenio, en un apéndice castrense. El mandatario no mencionó los nombres de los jueces con los que habló, pero sí dio pistas: a cuatro de ellos los propuso él para el cargo de ministros, y el quinto, que ya era integrante de la Corte, es alguien que le había manifestado respaldo a su proyecto de Gobierno desde la campaña presidencial de 2018. El mandatario necesitaba al menos de cuatro votos para lograr su cometido. Pero el cabildeo no surtió efecto: una mayoría de ocho ministros contra tres declaró inconstitucional la reforma y declaró que la Guardia Nacional debía volver a quedar bajo el control absoluto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la institución civil que, conforme el artículo 21 de la Constitución, debe hacerse cargo de las tareas de seguridad pública.

Los comentarios de López Obrador son reveladores por dos circunstancias. La primera es la demostración de la injerencia del Ejecutivo en un poder autónomo, el Judicial, cuando el propio presidente López Obrador se ha declarado republicano y respetuoso de la división de poderes, y cuando él mismo se ha quejado de que los jueces han intentado paralizar a su Gobierno a punta de sentencias (algo que él ha llamado “golpe de Estado técnico”). Lo segundo, es que cuando menos dos de los cinco ministros que López Obrador consideraba aliados no han actuado conforme la línea del oficialismo. Los integrantes del Supremo propuestos por el presidente son Yasmín Esquivel —envuelta en los escándalos del plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado—, Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara. El ministro que abiertamente ha expresado posturas a tono con los principios del obradorismo es Arturo Zaldívar. Al final, en la sesión del 18 de abril donde se discutió el asunto de la Guardia Nacional, solo Zaldívar, Esquivel y Ortiz hicieron caso a López Obrador. Ríos Farjat y González Alcántara —este fue quien elaboró el proyecto de sentencia— votaron con la mayoría para anular la transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo militar.

“Para que una ley se declare inconstitucional se requiere de ocho ministros: si cuatro dicen no, ya es constitucional. Entonces, de las preocupaciones que más me interesaban resolver, estaba el que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la ley en el Congreso, y la impugnan. ¿Cuál es la excusa? El militarismo”, ha relatado el presidente este miércoles en su coferencia mañanera. “Y yo dije: ‘Ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo’. Y hablo con cinco [ministros]: con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba [Zaldívar], para garantizar los cuatro votos”, ha agregado.

López Obrador ha dicho que incluso desde antes algunos de esos ministros habían demostrado actuar de manera irregular. “Entonces hablo con cinco, uno por uno. No saben lo que me costó, porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto [de la Guardia Nacional] vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Y hablé con los cinco. Y con dos no pude. No pude. No me dijeron que no ahí [en la plática], ‘sí, cómo no’, de manera muy hipócrita. Eran cuatro los que se necesitaban, nos quedamos con tres, y se pierde el propósito de que la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa”, ha afirmado.

El mandatario ha reiterado que su interés siempre ha sido que la Guardia Nacional se rigiera por la disciplina militar imperante en las Fuerzas Armadas, y evitar que la corporación policiaca se corrompiera como sucedió con la Policía Federal en los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando la institución estuvo bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública y luego de la Secretaría de Gobernación, respectivamente. López Obrador ha vuelto a sacar a colación el nombre de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el calderonismo y que en febrero de este año fue declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico. “Mi preocupación es que termino [mi Gobierno], me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación, como estaba; imagínense, a los tres o seis años se echa a perder. No vaya a llegar un joven ambicioso y sin principios como García Luna”, ha dicho el presidente.

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