Espiados cuatro funcionarios de la Defensoría Pública de México con el ‘software’ Pegasus

Cuatro trabajadores de la Defensoría Pública de México, el órgano que otorga un abogado de oficio a quien lo necesite, han sido espiados con el software Pegasus. Así lo han acreditado ellos ante los titulares del organismo que depende del Consejo de la Judicatura Federal, el encargado de coordinar el Poder Judicial en el país. El análisis de los teléfonos, realizado por la plataforma Citizen Lab de la Universidad de Toronto, determina que seis aparatos que pertenecían a cuatro personas fueron infiltrados con el malware entre mayo y noviembre de 2021. Los cuatro afectados trabajaron en la defensa de los acusados en el polémico caso Wallace, el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005.

Salvador Leyva es el único de los cuatro afectados que ha querido hacer público su nombre. Quien ocupaba el cargo de secretario técnico de Combate a la Tortura dentro de la institución federal renunció el pasado 31 de enero porque consideraba que “no existen las condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura”. El exfuncionario ha asegurado, en su renuncia, que “la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efecto”.

Leyva tenía dos teléfonos que fueron analizados por Citizen Lab y ambos dieron positivo. “Los investigadores analizaron de manera forense los artefactos”, dice el documento de la Universidad de Toronto con fecha del 24 de enero pasado, “y obtuvieron un resultado positivo, lo que indica que esos aparatos fueron atacados e infectados con el spyware Pegasus del Grupo NSO”. Uno de los teléfonos, marcado como Iphone 1, fue infectado alrededor del 5 de julio de 2021. El segundo, el Iphone 2, fue atacado también, pero la plataforma no pudo determinar en qué fecha. Las pruebas de las infecciones a los equipos fueron presentadas ante la justicia para que investigue el caso.

El ahora exfuncionario asegura en el documento presentado ante la Defensoría Pública que existe una relación temporal entre los ataques a los teléfonos y las acciones legales que llevaron a cabo como parte de la defensa de los acusados en el caso Wallace. Eso “permite inferir que María Isabel Miranda Torres, de manera ilegal, pudo conseguir que un tercero interviniera nuestros teléfonos para obtener información”, ha dicho Leyva.

María Isabel Miranda Torres, también conocida como Isabel Miranda de Wallace, es una activista que se hizo conocida a partir del supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto en 2005. Figura muy cercana a los expresidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), la mujer se volvió en aquella época una figura del activismo contra el secuestro en México y fundó una asociación llamada Alto al secuestro. Pero su palabra quedó en entredicho cuando se puso en evidencia una serie de inconsistencias en el caso por el que seis personas llevan detenidas unos 15 años sin ni siquiera haber recibido sentencia y cuyo testigo fue tomado bajo tortura, asegura la defensa.

En julio de 2021, cuando los ataques a los teléfonos estaban sucediendo, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República tenía dos investigaciones contra Miranda de Wallace por delitos de tortura y falsificación de pruebas. Leyva ha descrito en el documento presentado ante las autoridades una línea temporal que detalla cómo, en esos días que disputaban con las autoridades que se indagara a la mujer, sus teléfonos fueron infiltrados con Pegasus.

Entre la falta de condiciones laborales que señala Leyva en la renuncia, ha explicado que una de las dificultades que tuvo fue precisamente como defensor de los acusados del caso Wallace, que se enfrentan contra Miranda de Wallace. El problema radica en que el cuñado de la mujer trabaja en el equipo de la ministra Norma Piña, recientemente elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo tanto, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. “No creo que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública”, señala Leyva.

Ante lo expuesto, Leyva ha solicitado a la Corte que “repruebe enérgicamente las prácticas de acoso, espionaje y criminalización en contra de las personas servidoras públicas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y, desde luego, se repruebe el uso de cualquier sofware o acto que tenga propósito comprometer la defensa adecuada”.

El análisis hecho sobre los teléfonos describe lo que puede hacer el Pegasus una vez dentro del equipo. El software da acceso a quien esté espiando a toda la información que haya en el telefóno, como imágenes, contraseñas, mensajes encriptados, incluidos los de Whatsapp. El malware puede activar la cámara y el micrófono y grabar la información que entre al aparato. El programa fue desarrollado por la compañía israelí NSO Group, que ha asegurado que solo lo vende a gobiernos.

En México, no solo se espiaron a unos 15.000 objetivos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) a través de la adquisición hecha por la Secretaría de la Defensa. En la Administración actual, de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército compró nuevamente en 2019 el programa para espiar al menos a un activista y dos periodistas, según certificó la investigación periodística Ejército espía el pasado octubre.

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