La indolencia de las autoridades no tiene límite y los feminicidios continúan

En México la indolencia de las autoridades no tiene fin, un acto de disculpa pública al que se comprometió la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que debió realizarse el miércoles 16 de noviembre de 2022, dirigido a cuatro familias de víctimas de feminicidio precedidos de desaparición, terminó convertido en un acto más de violencia institucional contra dichas familias. Es una ofensa que lastima a todas las familias de víctimas de feminicidios del Estado de México y de todo el país.

Con pocas horas de anticipación la fiscalía canceló el acto y sobre esta grave falta sobrevinieron más. Las familias de las víctimas no se enteraron de la cancelación a través de una comunicación oficial de las autoridades, sino por uno de los conductores de autobús -que las llevaría a las instalaciones de dicha dependencia en Toluca-, a quien una de las madres llamó para gestionar detalles logísticos, a lo que él respondió que había recibido aviso de cancelar el traslado.

En conversación con las familias de las víctimas, las personas de Amnistía Internacional que intervenimos para facilitar la disculpa pública, acordamos presentarnos al día siguiente en la FGJEM, a la hora señalada, con la idea de que la autoridad cumpliera con su palabra.

Encontramos el edificio cerrado, el dolor de tantos años de injusticia de las familias de las víctimas se topó con pesadas cortinas negras que impedían el ingreso. Solo las personas trabajadoras entraban por una puerta lateral extremadamente vigilada, al igual que la explanada donde pululaban notoriamente agentes de seguridad quienes, durante el tiempo que permanecimos en el lugar, no dejaron de tomarnos fotografías y video.

En ese lamentable panorama la respuesta de la autoridad se mantuvo. La disculpa pública estaba cancelada.

La medida de satisfacción la daría el fiscal a María Antonia Márquez, mamá de Nadia Muciño; Laura Curiel, mamá de Daniela Sánchez; Lidia Florencio Guerrero y Laura Velázquez, mamá y hermana de Diana Velázquez Florencio, así como a Ana Sosa, hija de Julia Sosa Conde. Todas ellas mujeres que han alzado la voz para exigir justicia para sus hijas, madres y hermanas, y que en ese camino se han solidarizado con otras miles de familiares de víctimas de feminicidios y desaparición.

El fiscal se disculparía por las deficiencias registradas en las investigaciones de cada uno de los casos y por los maltratos a que las autoridades de esa dependencia han sometido a las familias.

En nuestro informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México documentamos las falencias en cada caso referido. Ya sea por inacción o negligencia, las autoridades no inspeccionaron correctamente el lugar de los hechos; no resguardaron de forma apropiada las evidencias recolectadas, lo que implicó que incluso las perdieran; no realizaron pruebas periciales causando la pérdida de datos, objetos o sustancias.

Tampoco examinaron todas las líneas de investigación, y mucho menos aplicaron la perspectiva de género, que es un factor esencial cuando se investiga una muerte violenta de mujer, pues así se evita que un feminicidio se investigue, por ejemplo, como suicidio.

Estas deficiencias llevaron a las familias a involucrarse en las investigaciones de sus casos, poniéndose en riesgo por las amenazas que han recibido de parte de los responsables del feminicidio. Dos de las cuatro familias referidas han tenido que cambiarse de domicilio por tal motivo. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores ante su falta de actuación.

Pero, además, para seguir la investigación las familias han invertido sus propios recursos, así como tiempo personal y de sus trabajos. A consecuencia de esto algunas han tenido que hacer ajustes en sus jornadas laborales o han dejado de realizar trabajo remunerado.

Estas deficiencias detectadas en la Fiscalía del Estado de México son un mal generalizado en todas las fiscalías del país. Solucionarlas corresponde al Estado mexicano en su conjunto. Es su obligación que los feminicidios se investiguen con la debida diligencia y que las familias de las víctimas tengan acceso a verdad, justicia y reparación integral del daño.

Pero no es así y por ello el Estado mexicano está en grave falta con las obligaciones adquiridas con los tratados internacionales de los que es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres.

Es inaudito que esto ocurra pese a que el Estado mexicano cuenta con un amplio andamiaje institucional y legal, que se ha construido desde hace por lo menos 20 años, para prevenir, investigar y sancionar debidamente los feminicidios. Sin embargo, en el periodo enero-septiembre de 2022 se registraron 2.847 asesinatos de mujeres en el país (presuntas víctimas de feminicidio más presuntas víctimas de homicidio doloso), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A diario atestiguamos la forma como las autoridades exhiben sus errores al investigar las muertes violentas de mujeres, y además estigmatizan y revictimizan a las víctimas, como ha ocurrido en el caso de Ariadna Fernanda, que es uno de los más recientes, o bien en el de Debhani Escobar y otros que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación.

Hemos reconocido que las fiscalías en México carecen de las condiciones para hacer investigaciones, que su personal tiene sobre carga de trabajo, que carece de insumos materiales para cumplir con algunas de sus tareas, pero también hemos hecho recomendaciones para cambiar esa situación, como consta en nuestro informe México: Muertes intolerables: diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua que data del año 2003 y lo reiteramos en múltiples ocasiones, la más reciente en el informe Juicio a la Justicia ya referido.

El 16 de noviembre el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México decidió guardar silencio en lugar de usar su voz para brindar una disculpa pública a familias que han sido agraviadas. María Antonia Márquez, Laura Curiel, Ana Sosa, Lidia Florencio, Laura Velázquez Florencio y cientos de miles de personas alrededor del mundo no nos vamos a callar, continuaremos alzando la voz para exigir un alto a la violencia del estado hacia las víctimas. Las familias de las víctimas de feminicidios no están solas, estamos con ellas #HastaSerEscuchadas.

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