La CFE y la comunidad zapoteca, aliadas inesperadas en la lucha contra un parque eólico

A Guadalupe Ramírez y Pedro Matus sus vecinos los llaman los “antieólicos”. Llevan años oponiéndose a la proliferación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca. Su última lucha es contra un gran proyecto de la francesa EDF. Estos activistas zapotecos, agricultores y ganaderos de profesión, acusan a la multinacional de no consultar al pueblo y de dividirlo. “La gente como tiene los ingresos de los aerogeneradores ya no quiere trabajar en el campo”, se lamentan. Sin embargo, la batalla legal de los activistas no había conseguido echar para atrás el parque hasta que, ...

A Guadalupe Ramírez y Pedro Matus sus vecinos los llaman los “antieólicos”. Llevan años oponiéndose a la proliferación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, en el Estado de Oaxaca. Su última lucha es contra un gran proyecto de la francesa EDF. Estos activistas zapotecos, agricultores y ganaderos de profesión, acusan a la multinacional de no consultar al pueblo y de dividirlo. “La gente como tiene los ingresos de los aerogeneradores ya no quiere trabajar en el campo”, se lamentan. Sin embargo, la batalla legal de los activistas no había conseguido echar para atrás el parque hasta que, recientemente, intervino un aliado poderoso.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la paraestatal que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere fortalecer, ha dado por terminado los contratos de compra que la unían con EDF, según un informe presentado la semana pasada ante un juzgado. La decisión supone un duro golpe para el proyecto, todavía sin construir. Sin embargo, las razones de la paraestatal van más allá de las violaciones de los derechos indígenas que denuncian los activistas zapotecos y se enmarcan en una agenda energética que ha obstaculizado la generación privada renovable.

EDF llegó a Unión Hidalgo, una población de unos 14.000 habitantes, en 2011. Era el inicio de una fiebre renovable impulsada por el sector privado y facilitada por el Gobierno. El Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más ventosas del mundo y tierra del pueblo zapoteco, atrajo a grandes multinacionales europeas y estadounidenses. Después de varios años de preparativos, EDF ganó en 2016 una subasta para que el futuro parque de 300 MW y más de 90 aerogeneradores llamado Gunaa Sicarú -”Mujer bonita”, en zapoteco- suministrara electricidad a la CFE durante por lo menos 15 años.

La empresa llamó primero a la puerta de los que se consideraban propietarios de la tierra. Con ellos firmaron contratos de arrendamiento por 500 pesos la hectárea, que luego aumentarían a 6.300 pesos, según Pedro Matus, de 64 años. Su esposa firmó uno. “Yo me orillé al ver el efecto de los parques”, dice el ganadero, preocupado por la disminución de aves en la zona. Según el abogado Juan Antonio López de la ONG ProDesc, que asesora a los activistas, la firma de estos contratos fue “irregular” al tratarse de tierras comunales y no privadas.

ProDesc y el Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, del que forman parte Ramírez y Matus, sostienen que el Gobierno debería haber consultado a toda la comunidad desde un inicio, antes de otorgar los permisos a EDF. El Convenio 169 de la OIT establece el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa a la construcción de un proyecto en su territorio. “Empezaron la negociación con los dueños sin que el resto se enterara”, señala Guadalupe Ramírez, de 71 años, vestida con una blusa con bordados de flores. Ella y Matus han viajado esta semana a la Ciudad de México para presentar el caso ante los medios.

Ante la ausencia de una consulta formal, ProDesc presentó un amparo en 2017. El juez ordenó a la Secretaría de Energía realizar una consulta “respetando los estándares internacionales”, pero garantizó los permisos ya concedidos a EDF porque “la omisión de la consulta fue por causas ajenas” a la empresa. La dependencia federal organizó entonces una serie de asambleas para informar a la comunidad sobre el proyecto. El proceso, sin embargo, ha sufrido retrasos debido a elecciones y a la pandemia.

Pese a que el Gobierno ha realizado ya seis asambleas, bien surtidas con bocadillos y refrescos, los activistas sostienen que no se ha dado suficiente espacio a las voces críticas. Matus y Ramírez afirman haber sido objeto de insultos y hasta de empujones. En una de las reuniones, Matus presentó una lista con una veintena de preguntas sobre el impacto ambiental del proyecto. El funcionario federal sometió a votación del público si se respondía o no a las preguntas. La gente, ya cansada, dijo que no, y se pasó al siguiente punto. “Era una pantomima. El funcionario de la Secretaría se reunía antes con las autoridades municipales para planear la asamblea”, afirma.

En paralelo al juicio doméstico, en 2020 el colectivo de Unión Hidalgo y ProDesc presentaron una demanda civil en Francia contra EDF por incumplir el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa. Se ampararon en una ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia de las matrices sobre sus subsidiarias en el extranjero para evitar daños al medioambiente o violaciones a los derechos humanos. La demanda de Unión Hidalgo fue la primera acción de este tipo por parte de una comunidad indígena de América Latina.

Al final, los opositores al proyecto Gunaa Sicarú no han tenido que esperar. La Secretaría de Energía presentó la semana pasada ante el juez un escrito en el que sostenía que el proceso de consulta ya iniciado había quedado “sin materia”. Según la dependencia, la CFE “dio por terminados” los contratos de cobertura eléctrica que tenía EDF para suministrar a la paraestatal. El estudio de interconexión de la central también “dejó de tener vigencia”, señala el documento.

Los retrasos en la construcción del parque por la necesidad de realizar una consulta y la pandemia son la clave. De acuerdo al permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2017, la planta debía estar terminada en mayo de 2019 y empezar a operar en junio. El incumplimiento de los plazos era una de las razones previstas para revocar el permiso “salvo autorización de la Comisión por causa justificada”, dice el documento de la CRE. Sin embargo, en su decisión sobre el amparo de 2017, el juez determinó que la CRE debía fijar nuevos plazos para la entrada en operación de la planta. Ni EDF ni la CFE han respondido a las preguntas de este diario sobre las razones de la cancelación de los permisos.

En cualquier caso, la Secretaría de Energía indica que la CFE canceló en 2019 una línea de transmisión que debía transportar la energía producida desde el Istmo hasta el centro del país. Esta obra era clave para evitar un cuello de botella energético en la región ante la saturación de las líneas ya existentes. “Como ha quedado demostrado la central eólica es inviable técnicamente”, afirma la dependencia en su informe. El juez debe ahora decidir si cancela definitivamente el proceso de consulta.

Aunque ProDesc afirma haberle pedido a la CFE la cancelación del proyecto eólico por violaciones a los derechos humanos, la paraestatal tiene razones propias para hacerlo. “Sabemos de la política energética del presidente, pero no sé si influyó”, apunta el abogado Juan Antonio López. “Puede ser que influyeron varios factores. Durante cinco años hemos presionado a la Secretaría de Energía por las múltiples irregularidades en el proceso de consulta”.

Desde hace tres años, el Gobierno ha buscado limitar la participación privada en la generación eléctrica. Primero, canceló las subastas por las que la CFE compraba electricidad a bajo precio a centrales privadas, incluidas renovables. Luego, impulsó una reforma a la ley para dar prioridad a las plantas públicas por encima de las privadas, fueran o no más limpias.

El resultado de estas acciones ha sido un incumplimiento de las metas de energía limpia -el objetivo de 2024 se logrará en 2031, según el propio Gobierno- y un estancamiento en su crecimiento. Tras años de expansión, la energía eólica añadió en 2021 únicamente 1.372 GWh en generación, frente a los 2.976 de 2020 y los 4.291 en 2019. La aparente cancelación de Gunaa Sicarú, 300 MW capaces de cubrir el consumo de 473.000 personas, ahonda ese estancamiento. EDF no ha aclarado a este diario si piensan impugnar la decisión de la CFE. En un clima marcado por la incertidumbre, la inversión se ha secado.

Mientras, Guadalupe Ramírez y Pedro Matus defienden que la región no necesita parques eólicos. Los aerogeneradores han traído el conflicto a la comunidad. Han perdido a buenos amigos y se han alejado de familiares que apoyan el proyecto. La población, añaden, ha perdido de vista el potencial de lo que hay bajo sus pies. “Cualquier semillita hace maravillas en esta tierra”, asegura Ramírez, que planta sorgo en su milpa. “Que pongan los aerogeneradores en los cerros”, reclama Matus, “allí no se puede cultivar”.

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