Exclusiones arbitrarias y degradación de nivel: científicos señalan un centenar de irregularidades en el Sistema Nacional de Investigadores

Edgar Espinal, investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, leyó la frase “no aprobar su solicitud” en su carta de postulación para ascender de candidato a nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una misiva que recibió a principios de este año. El experto en ética pública, detalla que en esta primera resolución el argumento para rechazar su ingreso fue porque sus libros publicados no provenían de editoriales de prestigio. “Eso es un juicio de valor, porque no hay una lista o un...

Edgar Espinal, investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, leyó la frase “no aprobar su solicitud” en su carta de postulación para ascender de candidato a nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), una misiva que recibió a principios de este año. El experto en ética pública, detalla que en esta primera resolución el argumento para rechazar su ingreso fue porque sus libros publicados no provenían de editoriales de prestigio. “Eso es un juicio de valor, porque no hay una lista o un documento que especifique cuáles son las editoriales de alta calidad”, explica. Como Espinal, un grupo de investigadores ha denunciado inconsistencias e irregularidades dentro del prestigioso sistema federal que actualmente reúne a más de 33.000 investigadores del país. Aunque se solicitó la versión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sobre estos señalamientos, al cierre de la edición no hubo respuesta.

Espinal presentó un recurso de reconsideración como varios colegas en su misma situación, sin embargo, la segunda revisión, apenas recibida la semana pasada, también fue negativa. Los motivos del rechazo de su promoción fueron otros en esta ocasión. Entre los argumentos del comité evaluador estuvieron que sus libros ya publicados no estaban dictaminados —un requisito que él asegura que no se estipula en ninguna parte de la convocatoria para la bibliografía ya publicada— y que no contaban con un método filosófico. “A mucha gente de los que sí cumplimos los criterios nos afecta económicamente, pero también que no se nos reconozca nuestra trayectoria por el Gobierno federal, tiene una afectación en nuestras labores, el estímulo moral”, replica. Así, el investigador mexicano, con un doctorado otorgado por la Universidad de Salamanca (España), se quedó sin la promoción de nivel y excluido del SNI.

El especialista en ética pública, de 39 años, aún está evaluado sus opciones legales, sin embargo, afirma que más allá de su caso, existe una preocupación por la política científica que esta Administración ha demostrado, de espaldas a la comunidad que día a día hace este quehacer de investigación. “No somos los únicos afectados, hay muchos programas, centros de investigación, en términos de convocatorias o becas, esto no es aislado, esto es un fenómeno que se está dando en todo Conacyt”, señala.

El caso del investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México no es el único. Como él, Óscar Diego Bautista nunca dudó de su permanencia en el SNI. Integrante del programa que reconoce la labor científica desde 2011, el especialista en corrupción detentaba desde hace años una categoría 2 dentro de la clasificación del SNI, e incluso, suponía que, dado su prolífico periodo de publicación editorial, podría aspirar a subir de nivel este año. A principios de 2022, sin embargo, recibió la resolución de su evaluación, donde se señalaba que debido a que “no publicaba en revistas indexadas de alto impacto ni en editoriales reconocidas en el ámbito académico” se le degradaba al nivel 1.

El también doctor por la Universidad Complutense de Madrid no podía creer que el comité examinador no diera por válidas sus 40 publicaciones en los últimos cuatro años, ni el hecho de que fuesen hechas en editoriales y revistas de prestigio en el extranjero. El listado de sus publicaciones incluían, por ejemplo, a las editoriales españolas Dykinson y Tirant lo Blanch, mientras que en el mundo de las revistas también ha publicado en la Revista Internacional Transferencia e Integridad, así como The Economy Journal.“Hice una carta donde argumenté, pero en la segunda notificación enviada ratificaba el nivel”, relata. Pese a la explicación detallada sobre el alcance de cada una de las revistas y editoriales donde había publicado, algunas de España y Colombia, el comité dictaminador del SNI mantuvo el fallo en su contra.

El Sistema fue creado en 1984 por el Gobierno de México para reconocer la calidad de la investigación científica y tecnológica que se produce en el país o por mexicanos en el extranjero. El programa federal, adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se otorga a través de una evaluación y consiste en dar el nombramiento de investigador nacional y, en paralelo, se otorga un estímulo económico, cuyo monto varía con el nivel asignado. Los recursos se clasifican por categorías que van desde candidato a investigador nacional emérito. El rango, en pesos y centavos, se ajusta cada año. El reglamento vigente del SNI refiere para 2022 estímulos que van desde los 8.775 pesos (440 dólares) mensuales a un máximo de unos 40.000 pesos por mes (unos 2.000 dólares). Actualmente, unos 33.000 investigadores de todo el país se benefician de la iniciativa.

Con el inicio de este Gobierno, una de las primeras promesas del Conacyt fue una reestructuración del programa de investigadores. Desde octubre de 2020, la directora del máximo órgano rector de la ciencia en México, María Elena Álvarez Buylla, anunció sobre la renovación del reglamento del SNI para hacerlo “más humano” y “representativo”. La modificación de la normativa se concretó en abril de 2021, en medio de una ola de rechazo debido a que entre los cambios se formalizó la cancelación de apoyos económicos para los investigadores de universidades privadas.

La exclusión de investigadores, según han denunciado, la opacidad en el criterio de evaluación y el desorden administrativo en el SNI se suman a una serie de desencuentros entre la comunidad científica y la gestión científica gubernamental en manos del Conacyt de López Obrador. El encontronazo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la reducción en las becas para estudiantes en el extranjero, la eliminación de cientos de fideicomisos científicos, la pelea en tribunales contra la asociación Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la denuncia penal contra 31 investigadores por supuestas transferencias millonarias de manera ilícita, son solo algunas de las batallas más sonadas.

El especialista del Centro de Ciencias Genómicas, David Romero, especifica que con el cambio de reglamento del SNI también se privilegió a unas áreas de conocimiento, alineadas a los Pronaces (Programas Nacionales Estratégicos) y se perjudicó a otros investigadores. Romero agrega que muchos de los afectados siguen en el anonimato ante el temor a sufrir represalias, pero al menos de universidades privadas se tiene un cálculo de unos 300 investigadores que han presentado amparos ante su exclusión del SNI por el cambio en el nuevo reglamento. “Yo creo que la situación va a persistir, corremos el riesgo de que se profundice, mientras que la directora del Conacyt no escucha a la comunidad científica”, opina.

El investigador Antonio Lazcano advierte de que el Sistema Nacional de Investigadores no debe entenderse como una dádiva del Estado, sino como una obligación estatal para garantizar el desarrollo científico del país. “Los nuevos criterios para evaluar se publicaron dos días antes de que saliera la convocatoria de 2021, y la convocatoria salió con cuatro meses de retraso. El desorden administrativo ha afectado a centenas de investigadores mexicanos y refleja la ausencia de un proyecto académico definido para el aparato científico”, zanja.

Lazcano denuncia que mientras se excluye a jóvenes investigadores con todos los créditos académicos para acceder al SNI, se aceptan las polémicas candidaturas de personajes como el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en abril de 2021 logró su ingreso al sistema, directamente al nivel 3. En ese entonces, una comisión formada en exclusiva para su caso le otorgó el nivel más alto que puede alcanzar un investigador nacional sin ser emérito. La noticia generó numerosas críticas dentro del sector que calificaron el ingreso como un gesto político.

Frente a los numerosos desencuentros entre el Conacyt y la comunidad científica, los investigadores se han visto obligados a dividir su tiempo y recursos entre los estudios, la academia y ahora también los juzgados. Lazcano concluye que la suma de todos estos golpes a la ciencia incidirán a corto, mediano y largo plazo en la pérdida de vocaciones científicas: “Si un estudiante de bachillerato o un estudiante de licenciatura está pensando en desarrollar una carrera de investigación, ahora está recibiendo mensajes negativos”.

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