El gran mazazo al PRI de Peña Nieto

La detención del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos por la DEA (Agencia de Drogas Estadounidense) supone el último golpe al periodo de Gobierno de Enrique Peña Nieto. El presidente que recuperó el poder para el PRI en 2012, encarnando una promesa de renovación de la vieja maquinaria que había gobernado México sin respiro durante más de 80 años, ve ahora cómo van cayendo los que fueron sus hombres de confianza, estrechando a su vez el cerco de la justicia sobre el que no hace tanto fue aupado como la nueva cara de un PRI dispuesto a enterrar por fin su oscura herencia.

El juicio en marcha contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y jefe de la campaña electoral de Peña Nieto, al que ya ha acusado de ser el cerebro de la red de sobornos millonarios de Odebrecht en México, era hasta ahora la mayor bomba de relojería. En el marco del proceso, Lozoya ha confesado que se repartieron maletas de dinero de la constructora brasileña para la campaña electoral así como a distintos diputados para que empujaran la reforma energética, una de las medidas estrella de aquel nuevo PRI que liberalizó el sagrado petróleo mexicano y permitió la entrada de empresas privadas. En su denuncia, el exdirector de Pemex acusa explícitamente al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente de ser los responsables directos de recibir y gestionar por lo menos 100 millones de pesos, unos 4,5 millones de dólares (3,8 millones de euros).

Antes de la bomba Lozoya, ya había caído una de las más influyentes secretarias del Gabinete. El año pasado, la exministra Rosario Robles, que controló dos carteras durante el sexenio —la secretaria de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano— fue enviada a prisión con carácter preventivo por su implicación en la megatrama de corrupción conocida como La Estafa Maestra. Un desfalco de fondos públicos que, según la investigación judicial, rondaría 7.760 millones de pesos, unos 420 millones de dólares (358 millones de euros).

Los dos departamentos que dirigía Robles están en el corazón de una enrevesada telaraña de desviación de recursos públicos que incluye a ocho secretarías más, ocho universidades públicas y 186 empresas fantasma. Durante su audiencia ante el juez, la defensa de Robles ha puesto también sobre la mesa el nombre tanto del expresidente Peña Nieto, como de José Antonio Meade, último candidato priista a la presidencia, tras dirigir Hacienda y suceder a la propia Robles al frente de la cartera de Desarrollo Social. Según la defensa, ambos fueron informados en repetidas ocasiones acerca de las irregularidades dentro de las dependencias federales.

Los golpes judiciales no solo se han sucedido durante los dos años del sexenio de López Obrador, que ha mantenido una calculada ambigüedad, hasta el punto de proponer una polémica consulta popular para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes, entre ellos, a Peña Nieto. Una medida que ha sido recientemente respaldada por la Suprema Corte. Ya durante el sexenio priista se fueron abriendo las primeras grietas en el andamiaje de la nueva generación de cuadros llamados a renovar el partido. Al inicio del mandato, el propio Peña Nieto puso como ejemplo a tres jóvenes gobernadores llamados a liderar la nueva etapa: Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. Los tres están hoy detenidos o encarcelados por delitos de corrupción o lavado de dinero.

Sumido en una profunda crisis tras el batacazo electoral -el candidato José Antonio Meade obtuvo en diciembre el resultado más bajo desde las elecciones democráticas- y los sucesivos escándalos de corrupción, el histórico partido mexicano afronta sus horas más difíciles. Un pozo que amenaza con ser aún más profundo tras la captura del jefe máximo del Ejército por la agencia antidrogas estadounidense.