Mai Sato, relatora de la ONU para Irán: “Un ataque militar no es la solución mágica”

Mai Sato, relatora especial para los Derechos Humanos en Irán de Naciones Unidas, habla en presente de la represión de las últimas manifestacion...

Mai Sato, relatora especial para los Derechos Humanos en Irán de Naciones Unidas, habla en presente de la represión de las últimas manifestaciones contra la República Islámica. La razón es que esta socióloga nacida en Tokio asegura que las detenciones, la presencia de fuerzas de seguridad en las calles o los registros de los móviles de los transeúntes “siguen sucediendo”, un mes después de que esas manifestaciones fueran aplastadas y miles de personas murieran en las calles. En una videollamada este martes desde Londres, Sato, también directora del Instituto para el Crimen y la Investigación de Políticas de Justicia en Birkbeck (Universidad de Londres), cree que la violencia del régimen ha sido inédita más por su alcance masivo que por la opresión en sí, que dura ya décadas.

Pregunta. Un mes después de que las protestas fueran reprimidas, ¿qué cifras de muertos calcula?

Respuesta. El Consejo de Seguridad Nacional iraní publicó una cifra de 3.117 muertos a finales de enero. De ellos, dijeron que 2.427 eran “personas inocentes y protectores del orden y la seguridad”. Luego, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que los 690 restantes eran terroristas. Algunos cálculos de organizaciones de la sociedad civil superan los 20.000 fallecidos, pero incluso la muerte de un solo manifestante sería lo suficientemente grave, ya que se trataba de personas que salieron a la calle ejerciendo su libertad de expresión y de reunión. Creo que el número de muertos es mucho mayor que la cifra oficial de más de 3.000.

P. ¿Esta oleada de represión no tiene precedentes en Irán?

R. Estoy de acuerdo en el sentido de que [este fenómeno] se ha producido a gran escala, porque esas protestas se extendieron a todas las provincias. Pero si hablamos de que el Estado mata a su pueblo, detiene arbitrariamente, amenaza a las familias [de las víctimas] para que no hablen, eso no es nuevo. La represión del espacio civil, las detenciones, las ejecuciones, las desapariciones ya ocurrían antes, pero a una escala mucho menor y quizás concentradas en algunas provincias. La novedad es que esta vez gente corriente, que quizás antes no se consideraba activista de los derechos humanos, salió a la calle.

P. ¿Qué le parece la posibilidad de un ataque militar de EE UU?

R. Soy muy crítica con cualquier acción militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se han producido en otros lugares, no ha proporcionado soluciones. No considero una acción militar como la solución mágica para resolver los problemas en Irán.

P. ¿Ese posible ataque “ayudaría” a los manifestantes, como dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump?

R. Las declaraciones de Trump han pasado de expresar preocupación por la situación de los derechos humanos del pueblo iraní a hablar exclusivamente del acuerdo nuclear. Creo que el cambio se produjo cuando el presidente anunció que Irán había anulado la ejecución de cientos de manifestantes. No sé si habrá un acuerdo entre Irán y Estados Unidos [la segunda ronda de negociaciones entre ambos concluyó este martes en Ginebra, con el anuncio de un “entendimiento” por parte de Teherán], pero eso no debería interpretarse como que lo relativo a las protestas se ha resuelto. Son dos temas diferentes. Independientemente de que haya acuerdo o no, hay que abordar por qué se produjeron las protestas y cuál ha sido su impacto en los derechos humanos.

P. Tras los ataques israelíes y estadounidenses de junio, la represión aumentó.

R. Es cierto. Hubo muchas personas detenidas y la [minoría religiosa] bahaí fue utilizada como chivo expiatorio, algo que está sucediendo de nuevo ahora. Tras esa escalada militar, el Estado aprobó una ley que amplió la definición de espionaje, que era ya un delito castigado con la pena capital.

P. ¿El régimen iraní ha cometido crímenes contra la humanidad en estas últimas protestas?

R. Sería muy irresponsable decir que sí, porque se trata de una acusación muy grave que hace necesaria una investigación, aunque nos preguntemos por qué no podemos definirlo de esa manera. La respuesta es que tampoco actuamos así en nuestros propios sistemas de justicia penal. Yo no tildaría a nadie de asesino sin que hubiera una condena penal por ese delito, incluso si hay vídeos del supuesto crimen. Sería como tachar a alguien de criminal sin que hubiera pasado por los tribunales. La Misión Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, encargada por el Consejo de Derechos Humanos de investigar las protestas, tiene el mandato de examinar esos abusos.

P. ¿Cuántas personas han sido detenidas?

R. A mediados de enero, los medios de comunicación iraníes citaron a funcionarios de seguridad que aludían a 3.000 detenidos. Esa ha sido la última cifra oficial, que no creo hayan actualizado. Lo mismo ocurre con los cálculos de las organizaciones de la sociedad civil. He visto números difundidos por esas organizaciones que llegan hasta los 50.000. No sé cuántas personas han sido detenidas o cuántas han sufrido desaparición forzosa. Hay familias que no han encontrado a sus seres queridos; no saben si están muertos o si han sido detenidos. Incluso quienes saben que sus familiares han sido arrestados quizás recibieron una llamada telefónica muy breve hace varias semanas, pero no han sabido nada más. Hay informes de torturas durante la detención, que han provocado la muerte en algunos casos, y de abusos sexuales.

P. ¿Cuál ha sido el perfil de los manifestantes y el papel de las mujeres?

R. Ha sido una protesta nacional, en todas las provincias, en las grandes ciudades, en las más pequeñas, con hombres, mujeres, diversas minorías étnicas y religiosas, y también niños. Yo no la clasificaría como una protesta de género o liderada por mujeres. Las manifestaciones del movimiento “Mujer, vida, libertad” empezaron [en 2022] contra el velo obligatorio. Esto es mucho más amplio. Quizás sí haya un aspecto de género en el tipo de abusos que pueden estar produciéndose en los centros de detención, donde las mujeres están más expuestas a torturas de carácter sexual.

P. ¿Es cierto que se exige dinero a las familias para recuperar los cuerpos de manifestantes muertos?

R. Sí, he recibido denuncias de ello de todo el país. Se obliga a las familias a firmar un documento en el que afirman que su allegado era un miembro de las fuerzas de la seguridad o un paramilitar asesinado por los manifestantes, o bien se les exige un pago que ronda entre el equivalente de 3.000 a 7.000 dólares (entre algo más de 2.500 y casi 6.000 euros). Creo que esta práctica obedece a una orden desde arriba.

P. ¿Puede durar un régimen que ha matado a miles de personas en las calles?

R. En términos de gobernanza a largo plazo, creo que en esta protesta toda la nación ha alzado la voz. Por ello, es necesario que haya algún tipo de proceso de búsqueda de la verdad.