El ataque a dos soldados en Washington aviva el debate sobre la inmigración y el despliegue de la Guardia Nacional

El tiroteo de un hombre afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington D. C. ha encendido el debate sobre las políticas migratorias y el papel del ejército desplegado en algunas ciudades estadounidenses. El pasado miércoles, pasadas las dos de la tarde, Rahmanullah Lakanwal, ...

El tiroteo de un hombre afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington D. C. ha encendido el debate sobre las políticas migratorias y el papel del ejército desplegado en algunas ciudades estadounidenses. El pasado miércoles, pasadas las dos de la tarde, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, disparó a varios miembros de la Guardia Nacional que patrullaban las calles de Washington. El ataque se produjo junto a la concurrida estación de metro de Farragut West, transitada por turistas y funcionarios federales, dada su proximidad a la Casa Blanca, y en vísperas de Acción de Gracias. Dos soldados de la Guardia Nacional resultaron heridos de gravedad: Sarah Beckstrom, de 20 años, que falleció anoche tras recibir dos disparo, uno en el pecho y otro en la cabeza; su compañero Andrew Wolfe, de 24, aún lucha por su vida tras superar una intervención quirúrgica.

Lakanwal fue detenido inmediatamente por la policía tras un intercambio de disparos en el que resultó herido. Es un refugiado afgano que entró en Estados Unidos el 8 de septiembre de 2021, como parte de un programa para repatriar al personal que había colaborado con las autoridades estadounidenses durante la guerra contra los talibanes. La Operación Bienvenida a los Aliados, aprobada durante el Gobierno del presidente demócrata, Joe Biden, ayudó a unos 76.000 afganos a viajar a Estados Unidos para evitar que cayeran en manos de los talibanes, que conquistaron el país tras la caótica retirada de las tropas estadounidenses, según datos del Departamento de Estado. Muchos de ellos trabajaron en colaboración con la CIA o el ejército estadounidense en arriesgadas misiones de seguridad o ayudaron a los diplomáticos como traductores e intérpretes.

La mayoría tuvo que superar un examen exhaustivo de los departamentos de seguridad de Estados Unidos para despejar sospechas sobre su currículo vital y confirmar que no mantenían vínculos con los talibanes. Este es uno de los asuntos más criticados por el presidente Donald Trump y sus aliados, que aseguran persistentemente que aquel proceso fue un coladero de talibanes. Aunque se trató de ofrecer todas las garantías de seguridad, la investigación llevada a cabo por los republicanos en el Congreso revela algunas lagunas por la velocidad de las admisiones.

A los refugiados que superaron el examen se les concedió un permiso que les permitía residir en Estados Unidos durante dos años con un estatus temporal. Más del 40% de los admitidos en el programa eran elegibles para Visas Especiales de Inmigrante (SIV) porque corrieron grandes riesgos para defender a Estados Unidos o eran familiares de algunos que los asumieron, según explicó el Departamento de Seguridad Nacional este jueves a varios medios estadounidenses.

Al llegar a Estados Unidos, Lakanwal se estableció en Bellingham, una pequeña ciudad al norte de Seattle, donde vivía con su mujer y sus cinco hijos. Al transcurrir los dos años del visado temporal, solicitó asilo permanente en diciembre de 2024. Su petición fue aprobada el 23 de abril de este año, tres meses después de que Trump asumiera el cargo, según fuentes del Departamento de Estado consultadas por la cadena CNN.

Trump y su equipo salieron en tromba el miércoles tras conocer la identidad del atacante contra los soldados estadounidenses. Criticaron rápidamente a la Administración de Biden por permitir la entrada de Lakanwal y aprovecharon el caso para endurecer las políticas migratorias. Ordenaron suspender la revisión de los procedimientos de inmigración afganos y revisar los permisos de quienes viven en el país. Esto plantea la posibilidad de que se limiten los derechos de asentamiento de los aliados afganos de las fuerzas estadounidenses, según publicó AP.

“[El atacante] fue trasladado por la Administración Biden en septiembre de 2021, en esos infames vuelos de los que todo el mundo hablaba”, dijo el miércoles por la noche Trump en una comparecencia extraordinaria y grabada en vídeo tras el tiroteo en la capital del país. “Nadie sabía quién llegaba. Nadie sabía nada al respecto. Su estatus se extendió gracias a la legislación firmada por el presidente Biden, un presidente desastroso, el peor de la historia”, agregó en un despiadado ataque contra su antecesor delante de un país conmocionado y en vísperas de Acción de Gracias, una de las fiestas más entrañables para las familias.

“Este ataque pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación. La Administración anterior permitió la entrada de 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo, de lugares que ni siquiera se desea conocer. Ningún país puede tolerar semejante riesgo para nuestra propia supervivencia”, proclamó el mandatario republicano durante su discurso con tintes xenófobos y exagerando las cifras.

Después del tiroteo, el Gobierno dejó de procesar todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos “en espera de una mayor revisión de los protocolos de seguridad e investigación”, aseguró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). “Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que ha ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo el Ejecutivo de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país”, agregó Trump en el vídeo grabado el miércoles.

Algunos defensores de aquel proceso de repatriación alertaron el jueves del riesgo que corren ahora las personas que escaparon de los talibanes. “No quiero que la gente utilice esta tragedia como estrategia política”, dijo Shawn VanDiver, presidente de la ONG #AfghanEvac. “No nos dejaremos engañar. El comportamiento lunático de un hombre no debe usarse para vilipendiar a toda una comunidad, especialmente a una que nos apoyó durante tanto tiempo”, escribió en la red social X.

La política migratoria impulsada por Trump es uno de los asuntos más polémicos en el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca. Ha ordenado al ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, perseguir y deportar a inmigrantes en situación irregular. Las persecuciones de inmigrantes ha provocado grandes protestas en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Boston. El ICE ha participado en más de 60.000 detenciones de inmigrantes en lo que va de año. Trump, además, ha ordenado revisar los casos de 200.000 refugiados durante el mandato de Biden y está eliminando el Estatus de Protección Temporal (TPS) que se concede a los refugiados políticos para decenas de miles de ciudadanos nacidos en Venezuela, Sudán del Sur, Siria o Afganistán, entre otros.

El presidente republicano ordenó el jueves una revisión exhaustiva de las personas con permiso de residencia (Green Card) de países de riesgo, según avanzó, Joseph Edlow, responsable de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, mediante una publicación en X. “Bajo la dirección de @POTUS, he ordenado una reexaminación rigurosa y a gran escala de cada Tarjeta Verde para cada extranjero de cada país de preocupación”, escribió en la red social.

La Guardia Nacional en las calles

El otro asunto polémico es la presencia de tropas de la Guardia Nacional en las calles de algunas ciudades estadounidenses, casualmente todas gobernadas por demócratas.

El presidente de Estados Unidos dictó a principios de agosto una orden para desplegar a unos 2.600 efectivos de la Guardia Nacional en Washington D. C. ante lo que calificó como “una emergencia criminal”. La Guardia Nacional es un cuerpo militar que depende de los gobernadores de cada uno de los 50 Estados. Funcionan como reservistas, son voluntarios que trabajan o estudian, y solo se movilizan en ocasiones muy determinadas, como en catástrofes naturales o disturbios masivos.

Los soldados suelen patrullar en pequeños grupos. Recorren las calles, los espacios públicos, sobre todo junto a las estaciones de metro. La función de la Guardia Nacional tiene como objetivo disuadir la delincuencia, y aunque sus miembros no pueden realizan arrestos, han colaborado en las redadas contra inmigrantes ordenadas por la Casa Blanca.

Trump presume de que hay menos delitos en las calles de la capital tras el envío de las tropas, en contra de las estadísticas oficiales del departamento de policía de la ciudad.

El despliegue de estas tropas ha generado críticas de los demócratas y de numerosos funcionarios federales de la capital. El fiscal general de Washington, Brian Schwalb, demandó a la Administración Trump por el despliegue, según detalla AP. Un juez federal ha ordenado retirar las tropas y cerrar la misión. Ha concedido de plazo hasta el 11 de diciembre para dar tiempo al Gobierno a cumplir su orden y a apelar la decisión.

Algunos oficiales del ejército también han expresado su preocupación por el riesgo que el despliegue podría representar para las tropas, según la agencia AP. “Representa una oportunidad para que criminales, extremistas violentos, grupos con motivaciones específicas y actores solitarios promuevan sus intereses, dada la importancia de la localidad y la cobertura mediática prevista para la misión”, recoge un memorando interno.

A pesar de las críticas por el destino de las tropas en las ciudades, el presidente estadounidense ordenó el miércoles, después del tiroteo, aumentar los efectivos de la Guardia Nacional en Washington con 500 efectivos adicionales. La alcaldesa de esta ciudad, Muriel Bowser, manifestó su rechazo al despliegue de los uniformados. “Estos jóvenes deberían estar en casa, en Virginia Occidental, con sus familias”, declaró.

Durante su intervención en un vídeo grabado el pasado miércoles, el presidente republicano también aludió a los somalíes de Minnesota, donde hay una comunidad de cerca de 90.000 somalíes, la mayor del país, sin que tuvieran nada que ver en el suceso: “Un ejemplo es Minnesota, donde cientos de miles de somalíes están despojando a nuestro país y destrozando ese otrora gran Estado. Se pierden miles de millones de dólares, y bandas de somalíes provienen de un país que ni siquiera tiene gobierno —sin leyes, sin agua, sin ejército, sin nada— mientras sus representantes nos sermonean sobre nuestra Constitución y sobre lo malo que es nuestro país”.

Las palabras de Trump evidencian la estrategia de La Casa Blanca de endurecer las políticas migratorias ante cualquier pretexto y sin tener suficientes argumentos.