Meloni sigue pagando a Libia por hacer el trabajo sucio contra la inmigración

El pasado 24 de agosto, un buque de la llamada guardia costera libia abrió fuego en aguas internacionales contra el Ocean Viking, el barco de la ONG SOS Mediterranee Italia, de bandera noruega, en el que viajaban 87 personas, la mayoría migrantes rescatados en el mar. El 26 de septiembre, otra nave, de la ONG alemana Sea Watch, también fue tiroteada tras rescatar a 66 náufragos. El 12 de octubre, una lancha libia disparó a un bote de inmigrantes, estando incluso en aguas internacionales de la zona SAR de Malta (área en la que un país es responsable de coordinar rescates), e hirió a tres...

El pasado 24 de agosto, un buque de la llamada guardia costera libia abrió fuego en aguas internacionales contra el Ocean Viking, el barco de la ONG SOS Mediterranee Italia, de bandera noruega, en el que viajaban 87 personas, la mayoría migrantes rescatados en el mar. El 26 de septiembre, otra nave, de la ONG alemana Sea Watch, también fue tiroteada tras rescatar a 66 náufragos. El 12 de octubre, una lancha libia disparó a un bote de inmigrantes, estando incluso en aguas internacionales de la zona SAR de Malta (área en la que un país es responsable de coordinar rescates), e hirió a tres. Las intimidaciones de los soldados libios contra los migrantes que navegan hacia Italia y quienes les ayudan han ido a más (se han registrado al menos 60 incidentes en diez años, según un reciente informe de Sea Watch), pero el Gobierno de Giorgia Meloni mira para otro lado. Porque en realidad Italia paga a Libia para eso. Es más, las lanchas que disparan a ONG y migrantes son italianas, cedidas por el Ejecutivo de Roma, y los milicianos que aprietan el gatillo son entrenados y pagados con dinero de la UE.

Se debe al polémico y opaco acuerdo ―el importe de la financiación es un misterio― entre Italia y Libia que se ha renovado automáticamente el 2 de noviembre para otros tres años. Este memorándum fue firmado en 2017 por el Gobierno de centroizquierda de Paolo Gentiloni y luego lo han mantenido otros cuatro Ejecutivos de distinto signo. Libia es de gran interés para Italia, por su petróleo (el 38% de las reservas de África) y su gas (quinto yacimiento del continente). Hay un gaseoducto submarino directo a Italia y ENI, la compañía petrolífera italiana, está en el país desde 1959. Según lo pactado, Italia y la UE pagan al país africano para que frene la salida de embarcaciones (Amnistía Internacional calculó en 2022 que solo hasta ese año fueron 100 millones de euros), aunque según el informe de la misión Fact Finding de Naciones Unidas de 2023, el sistema de gestión de migrantes de Libia es un “abominable ciclo de violencia”.

Es un efecto envenenado más del caos que siguió a la caída de Muamar el Gadafi en 2011. La guerra civil disparó las llegadas por mar a la isla de Lampedusa: desembarcaron más de 500.000 personas de 2014 a 2017. Italia tapó esa vía descontrolada negociando con quien se encontró, un país en manos de mafias. Los centros de internamiento libios son cárceles del horror donde se registran torturas, agresiones sexuales y violencia de todo tipo. Por eso, argumentan las ONG, enviar allí de vuelta a quien escapa del país va contra la Convención de Ginebra de 1951, según establece su artículo 33. Además, las normas internacionales de socorro en el mar prohíben desembarcar a personas en un país no seguro, y Libia no lo es.

Sin embargo, según datos de la ONU y de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM), desde 2016 han sido interceptadas en el mar y devueltas ilegalmente a Libia al menos 169.000 personas, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. Para ello, el Gobierno italiano, mediante el decreto Piantedosi (por el nombre del ministro de Interior), uno de los primeros que aprobó Meloni en 2023 tras llegar al poder, obliga a los barcos de las ONG a coordinarse con el centro de socorro marítimo de Trípoli y obedecer sus órdenes.

“Todo el memorándum Italia-Libia es una violación del derecho internacional de principio a fin, así de simple. Todos los expertos en derecho internacional están de acuerdo”, opina Francesca De Vittor, profesora e investigadora de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Milán. En 2017, Libia ya era considerado un país no seguro y estaba partido en dos, y se pactó con el Gobierno interino de Trípoli, que se suponía que iba a convocar elecciones y nunca lo hizo.

“El acuerdo, en realidad, ha incentivado el tráfico de migrantes, ha aumentado el poder de las mafias, que se nutren de las detenciones. El Mediterráneo está en sus manos, pero la narración que hace el Gobierno italiano es criminalizar a las ONG”, opina la abogada Cristina Laura Cecchini, de la asociación ASGI, que ha ganado varios casos de barcos de ONG en los tribunales.

Valeria Taurino, directora de SOS Mediterranee Italia, recuerda que el ataque a su nave en agosto duró 20 minutos y recibió 100 disparos: “Es particularmente grave que se haya renovado el acuerdo tras la escalada de violencia a la que hemos asistido, que exigía una señal fuerte, y en cambio da una señal de total impunidad”.

De nada han servido en Italia las protestas de oposición, ONG y organizaciones internacionales para que se suspenda el acuerdo con Libia. Meloni no se lo puede permitir: a fecha de 7 de noviembre, han llegado por mar a Italia 60.810 personas, un 4,7% más que en el mismo periodo del año pasado, y el 80% venían de Libia. El resto, de Túnez, otro país con un régimen autoritario con el que tiene acuerdos igual de polémicos. Esta ruta de inmigración es la más peligrosa del mundo, la OIM calcula que desde 2014 han muerto 25.000 personas en el Mediterráneo.

Este es en esencia el modelo de Meloni contra la inmigración. Su otra iniciativa, las deportaciones a un campo de internamiento en Albania, ha fracasado, paralizada por los tribunales. Pero en realidad, también el acuerdo con Libia está siendo cuestionado por los jueces italianos, que están dando la razón a las ONG de rescate. El Tribunal Supremo determinó en marzo que “la obligación de socorro en el mar (...) debe considerarse prevalente sobre todas las normas y los acuerdos bilaterales para contrastar la inmigración irregular”. El Constitucional señaló en julio que “no es vinculante una orden que conduzca a violar la orden primaria de salvamento de la vida humana” y añadió que “la desobediencia no puede ser sancionada”. Es decir, que los comandantes de las naves no están obligados a seguir indicaciones que consideren ilegítimas según el derecho internacional.

También se han sucedido sentencias de varios tribunales en todo el país a favor de las ONG. “Está muy documentado que los miembros de la llamada guardia costera libia actúan en aguas internacionales como auténticos bandidos, como piratas”, dice la letrada Cristina Laura Cecchini.

Por el contrario, el primer caso que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos(TEDH) que podía cuestionar el acuerdo, una devolución de migrantes a Libia de 2017, exculpó a Italia el pasado mes de junio. Ante el recurso de 12 supervivientes de un naufragio (21660/18), los jueces de Estrasburgo admiten que Libia no era un país seguro, pero la responsabilidad no es de Italia porque la operación estaba fuera de su jurisdicción, aunque pagaba a la guardia costera libia.

Pero los tribunales italianos están llegando ya muy lejos. La ONG JL Project y ASGI están logrando localizar a migrantes que fueron devueltos ilegalmente a Libia en algún momento, para que denuncien a Italia y finalmente sean indemnizados e incluso les den un visado. La primera sentencia que condenó a Italia llegó en junio de 2024, en el caso del mercante Asso 29, que en 2018 rescató a 250 inmigrantes y los llevó a Libia por orden de las autoridades italianas. Con un trabajo de investigación complicadísimo, esta ONG consiguió dar con algunas de estas personas y obtener la primera victoria en los tribunales. Luego han seguido otras. En total, ya ha gestionado 700 recursos.

Este armazón jurídico ha llevado este pasado miércoles a 13 ONG de Alemania, Francia, Italia y España (la vasca Salvamento Marítimo Humanitario) a formar un colectivo con el nombre de Justice Fleet (Flota de la justicia) para dar un paso más allá: ante la renovación del acuerdo con Libia y legitimados por sucesivas sentencias han anunciado que van a empezar a desobedecer las órdenes de coordinación de Trípoli. Se avecina un nuevo choque frontal en el mar y en los tribunales. “Es inevitable, pero no lo hemos buscado nosotros, nuestro espíritu ha sido siempre el de obedecer y cumplir el derecho internacional”, explica Beppe Caccia, de la ONG Mediterranea, una de las integrantes del colectivo. El objetivo es crear “una masa crítica organizada para desobedecer y ver si cambia algo”.

En opinión de Francesca De Vittor, se trata de un paso coherente: “Ante una guardia costera libia que es un peligro para la navegación, las ONG no solo no violan el derecho internacional, sino que lo están aplicando. Si se arriesgan a ser sancionados es porque es la ley italiana la que viola el derecho internacional. Mi esperanza es que los Estados de bandera de esas naves reaccionen”.

El escándalo Almasri: Italia deja escapar a un criminal

Lo oscuro del pacto con Libia ―hace un año el Gobierno italiano declaró secretos los contratos de suministro a Libia y Túnez de material de control de fronteras― se ha puesto de manifiesto, y ha dejado aún más en evidencia a Giorgia Meloni, con el escándalo Almasri, cuyo último episodio ha sido esta misma semana. Osama Njeem Almasri, de 46 años, era un vendedor de pollos hasta la caída de Gadafi e hizo fortuna en una de las muchas milicias surgidas. Acabó siendo general y responsable de la prisión de Mitiga, uno de los centros del horror para los migrantes. Está acusado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de crímenes contra la humanidad: 35 homicidios y 22 agresiones sexuales, entre ellas a un niño de 5 años. En enero fue localizado en Turín, donde había ido a ver un partido de la Juventus, y el tribunal emitió una orden de arresto. La policía italiana lo detuvo, pero a los dos días el Gobierno lo envió en un avión oficial a Trípoli, donde fue recibido como un héroe. Alegó confusos defectos de forma.

Días después de la fuga de Almasri, tres de las víctimas de sus torturas daban una impactante rueda de prensa en la Cámara de los Diputados italiana contando lo que les había hecho en Libia. Hubo varias denuncias contra el Gobierno, y una mujer de Costa de Marfil contó a La Stampa que en la prisión que dirigía Almasri fue violada todos los días durante un año: “Vine desde Libia en un bote hinchable para huir de la muerte, y mi verdugo ha vuelto a casa en un avión oficial”.

El TPI reaccionó con indignación y abrió una investigación a Italia, algo impensable hasta ahora, por violar el artículo 86, que impone a los países la obligación de cooperar con la institución. Algo aún más grave si se considera que el propio tribunal nació con el Estatuto de Roma en 1998. Italia podría acabar ante el Consejo de Seguridad. “Sería algo gravísimo, sin precedentes”, admite De Vittor.

Pero el último capítulo de esta semana ha rizado aún más el rizo: Almasri ha sido detenido por las propias autoridades de Libia, precisamente por violaciones de derechos humanos en prisiones. En un país muy inestable con guerras entre milicias locales, ha perdido sus apoyos internos. “Es alucinante: crea un conflicto en el acuerdo con Libia porque uno de sus principales protagonistas, quien controla cárceles y centros de detención de inmigrantes, ahora está detenido por actos criminales”, señala Federica Saini Fasanotti, experta en Libia y analista del instituto ISPI.

En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad sanciones a las principales mafias libias de traficantes de personas, petróleo y armas. Uno de los jefes señalados era Abdurahman al Milad, conocido como Bija, que fue asesinado en 2024. Su historia, como la de Almasri, lo dice todo: hasta 2011 era un simple vendedor de fruta. Con la guerra, entró en una milicia, dirigía una red de explotación de inmigrantes y controlaba las salidas hacia Italia, pero acabó siendo comandante de la guardia costera. Investigaciones periodísticas demostraron que en 2017 llegó a visitar Italia en una delegación oficial y mantuvo reuniones con autoridades. Pese a decenas de preguntas parlamentarias, sucesivos gobiernos no han dado explicaciones. En algunas fotos aparecía con el uniforme de la guardia costera en barcos donados por Italia.

Pero el trabajo sucio de Libia solo es una parte de la tenaza contra los migrantes. La otra es Italia, que aplica una política de acosar y obstaculizar a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, 155.000 en los últimos diez años. Además de tener que informar y seguir instrucciones de las autoridades libias cuando encuentran náufragos, las ONG no pueden desembarcarlos en el puerto más cercano, sino donde les manden las autoridades italianas, que en muchas ocasiones es en el norte del país, a tres o cuatro días de navegación. Pierden así dinero y sobre todo tiempo, dejan de salvar vidas. Si desobedecen, se arriesgan a que Italia les bloquee el barco al regresar a puerto.

Es lo que le ha ocurrido esta semana a la nave de la ONG Mediterranea, que llegó el martes a Porto Empedocle con 92 migrantes, pese a que lo hizo cumpliendo órdenes de la Fiscalía por llevar menores. Justo acababa de volver al mar tras derrotar al Gobierno en los tribunales: un juez había anulado la orden de Interior de bloquear dos meses la nave por desembarcar náufragos en Trapani y no en Génova, donde le habían ordenado. El tribunal de Trapani consideró que hicieron bien en desobedecer “exclusivamente por motivos de solidaridad” y para “tutelar la vida de las personas”. En concreto, a tres menores que habían sido arrojados al mar por los traficantes y fueron salvados in extremis.

La sentencia argumentó, además, que tener el barco parado perjudicaba los “intereses humanitarios” de la ONG, “particularmente meritorios de tutela porque están finalizados a la salvaguardia de la vida humana”. Pero el Gobierno italiano la ha vuelto a bloquear y la ONG ha recurrido de nuevo la orden en esta pelea interminable en el mar y en los tribunales.