La ambición verde europea tropieza con el negacionismo trumpista

Mientras varias capitales europeas negociaban a destajo más “flexibilidades” para cumplir los objetivos climáticos de 2040 que la UE debe aún confirmar por ley, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hacía una sombría constatación a pocas semanas de la ...

Mientras varias capitales europeas negociaban a destajo más “flexibilidades” para cumplir los objetivos climáticos de 2040 que la UE debe aún confirmar por ley, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, hacía una sombría constatación a pocas semanas de la cumbre de la COP30 que Brasil celebrará en noviembre: el rebasamiento en los próximos años del límite de 1,5 grados del calentamiento global fijado en los Acuerdos de París —de los que Europa se declara defensora máxima— es ya “inevitable”.

El diagnóstico es claro. Sin embargo, en Europa avanza el “pragmatismo” que diluye las ambiciones verdes y pide, como hicieron los líderes de los Veintisiete en la cumbre europea del pasado jueves, “soluciones asequibles” para las empresas y los ciudadanos.

Una diplomática europea involucrada en la negociación climática advierte de que ya no son solo los tradicionales países negacionistas, como Polonia o Hungría, quienes claman que la transición verde tiene un coste para las empresas y los consumidores y que Europa no puede competir con China y Estados Unidos, que tienen energía más barata y un gran apoyo estatal. Ahora, también los tres grandes de la UE (Alemania, Francia e Italia) han abrazado ese pragmatismo. Incluso España, que ahora es el gran referente socialdemócrata en la UE y ha hecho de la agenda verde parte de su bandera, está perdiendo algo de ambición, como muestra la petición —junto a Francia— de que se mantengan los objetivos sobre emisiones de coches, pero introduciendo para ello flexibilidades. La postura, señalan fuentes comunitarias, es hacer lo posible para salvar los muebles.

La dicotomía de la UE entre sus aspiraciones de estar en la vanguardia mundial de la lucha contra el cambio climático y las cada vez mayores presiones de muchas capitales para rebajar las leyes que la hacen posible son fruto de un complicado cóctel sobre el que hay muchas advertencias, pero que pocos parecen saber cómo combatir: el continuado crecimiento de las fuerzas ultras y trumpistas en toda Europa, que han declarado la guerra a las políticas medioambientales en todo el continente, unido a la angustia que genera el miedo a que Europa esté perdiendo la carrera de la competitividad ante China y Estados Unidos y a una desindustrialización del Viejo Continente. Todo ello está llevando a muchos gobiernos a pisar el freno en la transición verde.

El fenómeno, que comenzó a finales del último mandato de la Comisión Europea que tuvo en el Pacto Verde uno de sus faros políticos, se ha recrudecido en el último año. Se apoya además en Parlamento Europeo donde los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE) han caído reiteradamente en la tentación de aliarse con las formaciones más a la derecha del hemiciclo, cada vez más reforzadas. El objetivo en muchos casos es conformar una nueva mayoría alternativa a la tradicional alianza proeuropea con la que se sacó adelante la mayor parte de la legislación medioambiental, ahora en proceso de ser podada.

“Desde 2024, los partidos de extrema derecha han hecho de la retórica anticlimática y contraria al Pacto Verde un elemento clave de su identidad política”, apunta el eurodiputado liberal Pascal Canfin. “Desde entonces, hemos asistido a una trumpificación del debate europeo, que está ejerciendo presión política sobre la derecha tradicional en el Parlamento Europeo y en muchos Estados miembros. No es abandonando nuestras ambiciones climáticas y medioambientales como mejoraremos la competitividad europea; todo lo contrario”, subraya.

El ambiente en Europa es cada vez más escéptico sobre los objetivos climáticos. En la cumbre del jueves, los Veintisiete respaldaron un “enfoque ambicioso y pragmático”, que celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Estas palabras llegaron tras la decisión de los líderes de dar su visto bueno a la firma, previsiblemente a comienzos de noviembre, a la Ley del Clima que confirme los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2040 de la Unión. Bruselas ha fijado estos objetivos en un 90% menos en relación con los niveles de 1990. Esta puerta se abrió solo cuando los líderes recibieron más garantías del Ejecutivo europeo de que contarán con más margen —“flexibilidades” o “condiciones habilitantes”, lo llaman— para cumplir esa meta final, bajo amenaza de echarla para atrás si Bruselas no daba su brazo a torcer.

Intento de descarrilar el debate

El presidente del Consejo Europeo, el socialista António Costa, “logró frenar los intentos populistas de debilitar las leyes climáticas existentes o de descarrilar por completo el debate”, valora la directora ejecutiva del think-tank bruselense Strategic Perspectives, Linda Kalcher.

Y es que a la cita de los Veintisiete en Bruselas el jueves varios países llegaron amenazando con rebajar la meta del 90%, considerada por los expertos como el mínimo posible para que la UE no se desvíe de su objetivo final de lograr la neutralidad de carbono en 2050. Alemania, Italia, Polonia y Francia impidieron que la propuesta se aprobara, como estaba previsto, en una cita de ministros de Medio Ambiente en septiembre; y obligaron a llevar el tema a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Y no retiraron su amenaza hasta que Von der Leyen les aseguró por carta su intención de atender sus demandas de más “flexibilidades”. Fue una concesión que el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró abiertamente.

El caso de Macron es sintomático del giro que está dando buena parte de Europa. El liberal llegó al Elíseo en 2017 defendiendo los valores europeos y como adalid de la defensa del medio ambiente. Después de que el republicano Trump, por aquel entonces también en su primer mandato, anunciara la (primera) retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, Macron lanzó la iniciativa “make our planet great again” o “hacer a nuestro planeta grande de nuevo”, parafraseando el famoso lema trumpista. Con esa iniciativa, reclamó a investigadores, empresarios y a la sociedad civil a “movilizarse y unirse a Francia para liderar la lucha contra el calentamiento global”.

Conforme iba avanzando la extrema derecha en las intenciones de voto de su propio país, que ahora incluso está a las puertas del Elíseo, el mandatario ha ido rebajando más y más esas ambiciones verdes de las que reniega su rival ultra Marine Le Pen.

Ya en 2023 Macron pidió abiertamente una “pausa” en la legislación ambiental europea, un llamamiento que no ha hecho más que extenderse conforme los ultras se hacían cada vez con más poder en los procesos electorales que también confirmaron las elecciones europeas de 2024, que también confirmó el refuerzo de las posiciones más extremas.

En Bruselas, mientras tanto, los nuevos mantras son el “pragmatismo” y, sobre todo, la “simplificación”. Hay un diagnóstico ampliamente compartido sobre la necesidad de reducir la excesiva burocracia europea. Pero hace tiempo que algunos gobiernos, como el español, y múltiples sectores de la sociedad civil advierten de que esto no debe confundirse con “desregulación”, el intento a menudo nada disimulado de la Comisión de propinar auténticos hachazos legislativos, sobre todo a normas medioambientales, para complacer a capitales como París o Berlín.

El canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, se ha convertido en otro adalid de las rebajas de las ambiciones medioambientales en legislación icónica europea, como el fin de los motores de combustión en 2035. Pero Merz no está solo: en vísperas de la cumbre europea, 19 jefes de Estado y de Gobierno —entre ellos también Macron, la italiana Giorgia Meloni, el polaco Donald Tusk y el sueco Ulf Kristersson— enviaron una carta a Costa, instándole a apoyar la vía de una simplificación “sustancial”. “La simplificación es clave para la competitividad, tal y como destaca Mario Draghi en su informe”, escribieron.

“Si realmente les preocupa la competitividad y la previsibilidad para las empresas”, replica la organización ecologista WWF, “deberían aplicar plenamente la legislación medioambiental vigente”. Al fin y al cabo, recuerda, la propia Comisión calcula que esto “podría ahorrar a la economía de la UE al menos 180.000 millones de euros al año, frente a los apenas 8.000 millones que se espera obtener con la desregulación”. Pero esas comparaciones no aparecen en las múltiples cartas de las capitales.