Las ciudades demócratas de Estados Unidos se rebelan contra los intentos de Trump de controlarlas con tropas

Las ciudades demócratas, y sus Estados, quieren plantar cara a Donald Trump y sus intentos de imponer su control en esas calles por la vía militar. Mientras el presidente de Estados Unidos intensifica su estrategia y trata de aumentar el despliegue de tropas en urbes como Portland y Chicago, ambas localidades, y sus Estados, han recurrido a los tribunales para bloquearlo. La noche del domingo, una jueza dio la razón a la capital de Oregón y ordenó que no se despliegue de momento ningún efectivo de la Guardia Nacional allí; este lunes, ha sido Illinois, el Estado donde se encuentra Chicago, el que ha presentado su demanda con el mismo objetivo.

La demanda de Illinois quiere bloquear la decisión del presidente este fin de semana de poner bajo su control y desplegar en Chicago a 300 soldados de la Guardia Nacional local durante 60 días, y 400 de la Guardia Nacional de Texas, pese a que el gobernador demócrata J.B. Pritzker está en contra de esa movilización. “Estos pasos en la guerra declarada desde hace tiempo por Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos”, alega el pliego de argumentos.

La Guardia Nacional es un cuerpo de reserva, gestionado habitualmente por cada Estado, excepto cuando queda bajo mando federal en casos de emergencia.

Trump también había ordenado este fin de semana el envío de 200 soldados de la Guardia Nacional de California a Portland, en el vecino Estado de Oregón, para esquivar la orden de una jueza que menos de 24 horas antes le había prohibido movilizar efectivos de la Guardia Nacional en esa ciudad, como él deseaba. Pero apenas habían llegado los primeros soldados cuando la misma jueza, Karin Immergut, volvía a bloquear la medida: en una nueva decisión de urgencia, prohíbe el despliegue de todo contingente de Guardia Nacional en la ciudad.

“¿De qué modo traer a la Guardia Nacional de California no contraviene directamente la (decisión) que emití ayer?“, preguntaba Immergut al abogado del Estado en una vista de urgencia celebrada este domingo por la noche.

En total son ya cinco las ciudades demócratas a las que Trump ha impuesto, o ha intentado imponer, un trágala militar, en un contexto de creciente militarización de la política migratoria y de seguridad dentro del país: además de Chicago y Portland, el presidente también ha federalizado a las tropas en Los Ángeles —la primera y donde el despliegue llegó a ser de 4.800 soldados de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina, el más numeroso hasta el momento—, la capital Washington y Memphis.

En todas ellas, el argumento del presidente —que la semana pasada se quejaba del “enemigo interior” y llamaba a convertir las ciudades en “campos de entrenamiento” para los militares— es que la violencia, en una forma u otra, se ha apoderado de las calles de tal modo que solo un paso tan extremo puede solucionarla. Trump solo ve ventajas en esta estrategia: si se impone, humilla a sus oponentes demócratas y puede alardear de ser duro contra el crimen; si las autoridades rivales le hacen frente, puede describirlas como débiles frente a la delincuencia, un argumento de gran peso en cada ciclo electoral.

Sus oponentes rechazan la caracterización de Trump de sus ciudades y le acusan, a su vez, de hacer lo posible por ampliar su poder del modo que sea. También, de expandir su uso de las fuerzas armadas para tareas que no les corresponden. “Tenemos que empezar a llamarlo por lo que es: la Invasión de Trump. Empezó con agentes federales, pronto incluirá el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois contra nuestros deseos, y ahora también implicará enviar las tropas de otro Estado”, escribía el gobernador Pritzker en redes sociales al denunciar el recurso a soldados de Texas.

El anuncio de la movilización de las tropas de California este domingo llegaba de manos de un incrédulo Gavin Newsom, el gobernador de ese Estado, que en las redes sociales dejaba clara su furia por la medida. “Esto es un abuso de poder y de la ley tal que deja sin respiración”, apuntaba el demócrata. “La Administración Trump ataca sin ambages el propio Estado de Derecho y pone en práctica sus peligrosas palabras al desdeñar las órdenes de los tribunales y tratar a los jueces, incluso los nombrados por el propio presidente, como oponentes políticos”.

El gesto de Trump representaba toda una peineta política, no solo para la jueza Immergut, nombrada para ese puesto por el propio presidente y que había prohibido temporalmente el despliegue —en un dictamen de términos durísimos contra la decisión del republicano— a última hora del sábado. También para las autoridades demócratas de Oregón, que habían recurrido a los tribunales para invalidar la orden original de movilización de tropas.

El inquilino de la Casa Blanca había anunciado hace una semana el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de ese Estado en Portland pese a la oposición de los líderes locales, con el argumento de erradicar lo que solo él y sus partidarios consideran una violencia fuera de control desatada por el movimiento antifascista, que Trump ha declarado una organización terrorista. Portland es el lugar de origen de uno de los principales grupos antifa en Estados Unidos (Rose City Antifa) y es centro de protestas, mayoritariamente pacíficas, contra instalaciones del Servicio de Control de Inmigración (ICE), la encargada de poner en práctica la política de deportaciones masivas de Trump.

En su suspensión cautelar de al menos dos semanas, la jueza Immergut considera probable que el tribunal que ve el caso acabe dando la razón a los demócratas y decidiendo que Trump se ha excedido en sus competencias al ordenar el despliegue de tropas federales para acometer tareas locales. También ve plausible que haya violado la décima enmienda de la Constitución, que limita los poderes del Gobierno federal en favor de los Estados. Y puntualiza que “las protestas en las instalaciones del ICE no fueron significativamente violentas o disruptivas en los días, o incluso semanas, previas a la directriz del presidente”.

Una bofetada para Newsom

La movilización también representa una sonora bofetada para Newsom —una de las grandes némesis demócratas de Trump y uno de los nombres que más suenan como candidato demócrata en las presidenciales de 2028—, que ya mantuvo una fuerte agarrada con el presidente en junio, cuando Trump abrió la veda contra las ciudades gobernadas por la oposición y decidió enviar tropas de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina a Los Ángeles con el argumento de controlar las protestas contra su durísima política migratoria.

Tanto Newsom como las autoridades de Oregón han anunciado que volverán a los tribunales para cancelar el despliegue de las tropas californianas. En una rueda de prensa en Portland, el fiscal general de ese Estado, Dan Rayfield, denunciaba que “la presencia de tropas federales en Portland solo servirá para inflamar la situación”. El presidente, opinaba, trata de actuar de esta manera para interferir en las elecciones de medio mandato del año próximo, que decidirán qué partido tiene la mayoría en las dos cámaras del Congreso.

La Administración Trump, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión de la jueza Immergut. El jefe adjunto de Gabinete en la Casa Blanca y principal asesor político de Trump, Stephen Miller, ha acusado a la togada de “insurrección legal”.

En esta disputa, la Administración recurre cada vez más abiertamente a la retórica bélica. Trump describía este domingo a los periodistas la situación en Portland casi como si fuera Ucrania: “Está ardiendo hasta los cimientos. Tienes agitadores, insurrectos. Enciendan la televisión. La gobernadora, el alcalde, los políticos, están petrificados y temen por sus vidas”. Miller, por su parte, escribía en redes sociales que “el despliegue de las tropas es una necesidad absoluta para defender a nuestro personal, nuestras leyes, nuestro gobierno, nuestro orden público y la propia República”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaraba a la cadena de televisión favorita de Trump, Fox News, que Chicago es una “zona de guerra”, donde los “criminales” van a “destruir las vidas de la gente”. “Nuestros datos de inteligencia nos indican que esta gente está organizada. Cada vez cuentan con más gente en su equipo para atacar a los agentes de policía, y están haciendo planes para emboscarlos y matarlos”, ha sostenido la antigua gobernadora de Dakota del Sur, sin aportar pruebas.

Es algo que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, rechaza tajantemente. En declaraciones a su vez a la cadena CNN, el demócrata replicaba que son los republicanos quienes quieren esparcir el caos en las ciudades. “Ellos son los quieren crear una zona de guerra, para poder desplegar aún más soldados”, denunciaba.

Así las cosas, las tensiones se encuentran por todo lo alto en Portland, donde continúan las protestas frente a las oficinas del ICE, pero también en Chicago y sus afueras. Allí, este domingo seguían las manifestaciones que se vienen sucediendo desde hace semanas frente a instalaciones de ICE en la localidad de Broadway, en los alrededores de la metrópolis. El sábado, agentes del Departamento de Seguridad Nacional abrieron fuego en Chicago contra una conductora a la que acusaron de ir armada y haber intentado chocar a propósito contra uno de sus vehículos. Varios activistas denuncian que ocurrió al revés y fueron los automóviles federales los que forzaron la colisión.