Trump moviliza a soldados de la Guardia Nacional en Illinois pese a que los jueces bloquean esos despliegues

Donald Trump redobla su estrategia de desplegar tropas en ciudades y Estados de mayoría demócrata, pese a que se le acumulan las decisiones judiciales que se lo bloquean. Este sábado el presidente de Estados Unidos —que esta semana llegaba a proponer utilizar las urbes como “campos de entrenamiento” para las Fuerzas Armadas— ordenaba el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Illinois. Cumple así lo que amenazaba desde hace semanas, pese a la rotunda oposición del gobernador del Estado, J.B. Pritzker. Mientras, casi al mismo tiempo una jueza federal, nombrada por él para el cargo, bloqueaba el envío de militares de la Guardia Nacional a Portland, en Oregón, que el republicano había ordenado hace exactamente una semana.

En un dictamen muy crítico hacia las posiciones del presidente, la jueza de distrito Karin Immergut en Oregón se puso del lado de las autoridades demócratas del Estado y ordenó a última hora del día el bloqueo cautelar de la orden de movilización de 200 soldados de la Guardia Nacional durante sesenta días. El bloqueo estará en vigor al menos dos semanas, mientras el caso se examina en un tribunal. La jueza apunta en sus argumentos que la corte probablemente dé la razón a los demandantes demócratas: estos alegan que Trump ha abusado de su autoridad al movilizar tropas federales para cumplir tareas estatales y ha violado la Décima Enmienda, que limita el poder del Gobierno central en favor de los Estados.

La decisión de Immergut se suma a la de otro juez federal en California, Charles Breyer, que determinó hace un mes que el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en las calles de Los Ángeles ordenada por Trump en junio fue ilegal y violó la ley conocida como Posse Comitatus, que prohíbe que las Fuerzas Armadas puedan asumir tareas de policía en suelo estadounidense.

Los reveses judiciales no han impedido que Trump siga adelante y haya cumplido la amenaza que venía formulando desde agosto: desplegar tropas en Illinois, uno de los grandes Estados feudos del Partido Demócrata, con el argumento de luchar contra una delincuencia que él considera fuera de control. “En plenos disturbios violentos y desgobierno, donde los líderes locales como Pritzker han rechazado intervenir para sofocarlos, el presidente Trump ha autorizado que 300 guardias nacionales protejan los activos y funcionarios federales”, confirmaba apenas horas más tarde la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson. “El presidente Trump no va a mirar hacia otro lado mientras la delincuencia se apodera de las ciudades estadounidenses”. La iniciativa se sumaba así a las movilizaciones de los últimos meses de la Guardia Nacional en Los Ángeles, Washington y Memphis.

Horas antes, Pritzker había denunciado que el Gobierno de Trump le había exigido que movilizara él mismo a la Guardia Nacional, o sería el propio Pentágono el que lo hiciera. En principio, la legislación estadounidense estipula que el Gobierno federal puede movilizar a las tropas de la Guardia Nacional, que habitualmente dependen de cada Estado, pero debe hacerlo con el permiso del gobernador del Estado en cuestión, salvo casos tan extremos como una insurrección.

“Es absolutamente escandaloso y anti-estadounidense exigir a un gobernador que despliegue tropas dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”, denuncia el gobernador, considerado uno de los posibles candidatos de su partido en las elecciones presidenciales de 2028. Sobre las denuncias de violencia que formula la Administración, Pritzker y las autoridades de Chicago, la gran metrópolis de Illinois, aducen que los niveles de delincuencia se han reducido gradualmente en los últimos años.

Se espera que los soldados de Guardia Nacional de Illinois, que aún deben comenzar a desplegarse, tengan como misión proteger las instalaciones y los efectivos de la Agencia de Control de Inmigración (ICE) en Chicago, donde ese organismo lleva a cabo agresivas redadas para detectar inmigrantes irregulares. Pritzker y las autoridades demócratas denuncian que la movilización militar solo servirá para aumentar las tensiones generadas por esa operación, apodada Midway Blitz.

El mismo sábado, agentes federales de fronteras dispararon contra una conductora a la que acusaron de formar parte de un grupo que intentó chocar a propósito contra uno de sus vehículos. Varios activistas, en cambio, denuncian que ocurrió todo lo contrario: los automóviles de ICE se lanzaron contra los coches civiles y abrieron fuego.

En Portland, la semana pasada la Administración Trump había anunciado que desplegaría a los soldados para proteger a la ciudad de la supuesta violencia desatada por el movimiento antifascista. El presidente designó el mes pasado a los antifa como una organización terrorista, pese a que los expertos consideran de manera casi unánime que esos grupos no tienen una estructura ni una organización, ni su activismo de protesta equivale ni remotamente al terrorismo.

También matizan que lo que el inquilino de la Casa Blanca califica como una violencia extrema en la capital de Oregón solo son protestas, no especialmente revoltosas, contra las redadas de los agentes del ICE, la temida entidad responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración y cuyo trabajo se centra durante el mandato del republicano en localizar y deportar a la mayor cantidad posible de inmigrantes irregulares. Los soldados, que hasta ahora estaban entrenándose para su misión en la costa del Estado, tendrían como cometido, en principio, proteger las instalaciones de la entidad.

En su orden, la jueza indica que la descripción de Trump sobre el supuesto caos en Portland “simplemente no guarda conexión alguna con los hechos”. Además de considerar probable que haya violado la Décima Enmienda, y con ello haya violado también la soberanía del Estado de Oregón, Immergut también advierte que el despliegue de tropas corre el riesgo de difuminar la línea entre el mandato civil y el militar.

“Este país tiene una tradición larga y fundamental de resistirse a los excesos del Gobierno, especialmente cuando llegan en forma de una intrusión militar en los asuntos civiles”, expone la togada. “Esta tradición histórica se reduce a un enunciado muy simple: este es un Estado de Derecho constitucional, no de ley marcial. (El Gobierno) ha presentado una serie de argumentos que, si se aceptan, corren el riesgo de provocar que se difumine la línea entre el poder federal civil y militar, en perjuicio de esta nación”, continúa.

La magistrada subraya que las protestas que han tenido lugar en Portland no han sido “especialmente violentas ni han alterado el orden significativamente”. Y aunque se debe deferencia al presidente estadounidense, esa deferencia “no es equivalente a hacer caso omiso de los hechos sobre el terreno”. Y las propias declaraciones públicas de Trump sobre el despliegue “dan aún más pábulo a la idea de que su descripción no se ‘hizo de buena fe’”.

El caso, subraya Immergut, es de una enorme importancia para el sistema democrático estadounidense. “Afecta a la intersección de tres de los principios más fundamentales de nuestra democracia constitucional”, señala: la relación entre el Gobierno federal y los Estados; la relación entre las fuerzas armadas y las fuerzas del orden; y el papel de los tribunales. “Obedecer lo que la Constitución ordena con respecto a estos tres principios es la clave de lo que vivir en un Estado de Derecho en Estados Unidos”, zanja la jueza.