Un juez paraliza el acceso del equipo de Musk a los sistemas informáticos del Tesoro de EE UU
En su orden, vigente hasta el día 14, el magistrado encuentra “riesgo” de que se divulguen datos confidenciales o esos sistemas queden infectados
Nueva derrota provisional para los planes de Donald Trump y Elon Musk de reducir la Administración central de Estados Unidos a su mínima expresión. Un juez federal ha bloqueado temporalmente el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la entidad que dirige el oligarca tecnológico para reducir el gasto burocrático, a los ...
Nueva derrota provisional para los planes de Donald Trump y Elon Musk de reducir la Administración central de Estados Unidos a su mínima expresión. Un juez federal ha bloqueado temporalmente el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), la entidad que dirige el oligarca tecnológico para reducir el gasto burocrático, a los sistemas informáticos del Departamento del Tesoro, al determinar que se podrían divulgar datos confidenciales.
El juez de distrito Paul Engelmayer, en Manhattan (Nueva York), ha emitido su medida cautelar después de que 19 Estados del país, la mayoría gobernados por el Partido Demócrata, presentaran una demanda que alega que los trabajadores de DOGE no tienen competencia legal para acceder a esos sistemas, que mueven cada año billones de dólares y se utilizan para todo tipo de pagos gubernamentales, desde los salarios de los trabajadores públicos a devoluciones de impuestos, pasando por cheques de la Seguridad Social o contratos de licitaciones públicas.
La demanda denuncia que los equipos de Musk podrían interrumpir o alterar los pagos a servicios federales en el punto de mira del presidente republicano, desde servicios de salud a programas contra el cambio climático. También apunta que el Gobierno de Trump podría utilizar los datos contenidos en esos sistemas para atacar a sus enemigos políticos.
El bloqueo impuesto por Engelmayer, un juez nombrado por el presidente Barack Obama, estará en vigor hasta el próximo viernes. Ese día se celebrará otra audiencia con otro magistrado para una decisión más permanente. La prohibición incluye a los trabajadores de DOGE, “empleados especiales del Gobierno” —una categoría en la que Trump ha incluido a Musk— y funcionarios de la Administración asignados a la entidad dirigida por el multimillonario. También obliga a los que hubieran podido acceder a los sistemas antes de su orden a destruir cualquier copia o descarga de datos que hayan llevado a cabo.
El juez basa su decisión en “el riesgo que la nueva política presenta de que se divulgue información sensible y confidencial, y el riesgo agravado de que los sistemas en cuestión queden más vulnerables que antes a la piratería informática”. Uno de los trabajadores de DOGE asignado al Tesoro, Marko Elez, dimitió el jueves después de que salieran a la luz una serie de mensajes racistas suyos en redes sociales. El viernes, Musk anunció que Elez volvería a su puesto.
Los tribunales se perfilan como el gran recurso de los críticos de Trump para intentar detener o paliar la avalancha de medidas contra la Administración federal y sus funcionarios que el presidente y Musk, su gran aliado, han puesto en marcha desde que el republicano juró su cargo el 20 de enero. Ambos consideran la administración, y en particular departamentos como el de Educación o la agencia para la cooperación (USAID), como un nido de progresistas peligrosos que trabajan entre las sombras para bloquear su programa de gobierno. Los jueces han paralizado ya otras iniciativas de Trump, como una orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento o la congelación del gasto federal.
La decisión del magistrado Engelmayer llegaba apenas horas después de que otro juez en Washington, este nombrado por Trump, paralizara también durante una semana una orden de DOGE de dejar en situación de excedencia forzosa a 2.200 funcionarios de USAID, que Musk y el presidente estadounidense han anunciado que quieren abolir.
USAID es la mayor agencia de ayuda al desarrollo del mundo, y de ella dependen las vidas de millones de personas. Cuenta con una plantilla de cerca de 10.000 personas que operan en cerca de 130 países y que Trump quiere reducir a unos pocos centenares. En el año fiscal 2023 desembolsó cerca de 44.000 millones de dólares en proyectos de asistencia de todo tipo, desde reparto de alimentos de emergencia a la lucha contra el tráfico de personas o la corrupción.