¿Qué es un país seguro? Italia y la UE ensayan en Albania el endurecimiento de la política de expulsión de migrantes

La nave militar italiana Libra, que realizó la primera deportación de la UE de migrantes a Albania, está atracada en Sicilia, esperando el momento de realizar un segundo traslado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no ha cedido al revés judicial que hizo fracasar el primer intento el pasado 18 de octubre ―16 personas que acabaron llegando a Italia―, y asegura que volverá a intentarlo. Tras aprobar...

La nave militar italiana Libra, que realizó la primera deportación de la UE de migrantes a Albania, está atracada en Sicilia, esperando el momento de realizar un segundo traslado. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no ha cedido al revés judicial que hizo fracasar el primer intento el pasado 18 de octubre ―16 personas que acabaron llegando a Italia―, y asegura que volverá a intentarlo. Tras aprobar un decreto ley con el que pretende driblar los obstáculos legales, camina hacia un nuevo choque con los jueces y la justicia europea. El resultado de una segunda deportación es incierto, pero su objetivo es, precisamente, testar la resistencia de las costuras legales y seguir reescribiendo un punto clave, el concepto de país seguro de origen de un migrante, que permite prever el rechazo de su petición de asilo.

El miércoles alcanzó una primera encrucijada. Ante una petición de asilo de un ciudadano bangladesí, un juzgado de Bolonia pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que le aclare si debe cumplir la normativa europea o, como exige la mandataria ultraconservadora, el nuevo decreto italiano. Además lo hizo con polémica, cuestionando la postura del Gobierno de Meloni a la hora de considerar seguro un país de origen de un migrante, pese a que tenga minorías perseguidas: alega que con esos criterios hasta la Alemania nazi se podría considerar un país seguro.

La clave del frenazo judicial al modelo Albania es una reciente sentencia del TJUE en la que se basaron los magistrados italianos que pararon el primer traslado al país balcánico. Argumenta que si en un país hay alguna zona no segura, o un parte de la población perseguida, todo su territorio debe considerarse no seguro. Por esa razón, el tribunal de Roma no convalidó la retención en frontera, en este caso en Albania, de los 12 migrantes que quedaban internados en el país balcánico.

Se paró así, en el primer trámite, el polémico protocolo rápido de retención y expulsión que desde hace año y medio aplica el Gobierno italiano, y que se basa en una lista de 22 países considerados seguros. Son aquellos Estados que Italia juzga que respetan los derechos básicos y a cuyos ciudadanos, a priori, prevé rechazar sus peticiones de asilo. El problema es que el criterio del tribunal europeo ha reducido esos países a siete, todos irrelevantes para las llegadas por mar a Italia.

Meloni, sin embargo, sigue adelante porque sabe que no está sola, es más, se siente una pionera. La UE sondea seguir su senda, o adaptarla, en un futuro próximo. Hace unos días, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, llamó en una carta a los países miembros a “seguir explorando” el camino de Albania para desarrollar centros de retorno fuera del territorio comunitario. Un número creciente de países ve el protocolo Meloni con buenos ojos y quiere imitarlo. Pero es posible que los campos de expulsión italianos en Albania terminen tarde o temprano en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, dice una alta fuente europea.

La realidad es que el ejemplo de Albania es solo una pica de un modelo más amplio y restrictivo de fronteras blindadas y deportaciones efectivas, en el que la Unión revisará también su concepto de qué es un país seguro para abrir el abanico de expulsiones. Meloni sabe además que, como tarde, en junio de 2026, cuando entre en vigor el pacto migratorio que reforma toda la política de acogidas en la Unión, gran parte de las salvedades legales que la justicia argumenta ahora se evaporarán. Su controvertido protocolo rápido de retención y expulsión ya es el que aplicará la UE a partir de entonces.

La nueva regulación de la UE establece que hay países seguros y también zonas seguras dentro de un país que no lo es, al contrario de lo que dice la reciente sentencia europea, que interpreta la normativa vigente. Además, las nuevas normas incluyen la posibilidad de que la Unión tenga una lista europea de países seguros que prevalecería sobre las de los Estados miembros; algo que se había intentado y que nunca se logró.

El pacto migratorio —un conjunto de decenas de normas y reglamentos— es mucho más restrictivo para los solicitantes de asilo y sus condiciones de acogida. Establece cómo deben procesarse las peticiones desde su llegada —que incluye una opción de dejar al refugiado en el limbo y computarle como que aún no ha entrado en la UE mientras se procesa su solicitud—, cómo registrar e identificar a los migrantes y cómo derivarles a la siguiente fase e iniciar el proceso de asilo o no, en función de su nacionalidad y de cuántas posibilidades tiene de recibir asilo.

El pacto, que ha tardado casi una década en aprobarse, establece además un reparto solidario de solicitantes de asilo por cuotas entre los Estados o, en caso contrario, una contribución de 20.000 euros a una cesta común por cada refugiado rechazado. Las nuevas regulaciones no resuelven, sin embargo, uno de los principales problemas del sistema: que solo el 20% de quienes no tienen derecho al asilo son expulsados de la UE. Los países de origen de la inmigración son muy reacios a aceptar las repatriaciones y los acuerdos en este ámbito son difíciles. A ese cuello de botella se acabará llegando de todos modos.

Es lo que la Comisión Europea, capitaneada por una Von der Leyen de línea cada vez más dura, planea resolver con una nueva regulación para endurecer las deportaciones —tratando de firmar y reforzar acuerdos con los países de origen, movilizando fondos y jugando con la carta de facilitar o dificultar visados a esos Estados, por ejemplo— en la que sondea incluir también un resquicio para permitir campos de expulsión fuera de territorio comunitario.

Para dar más margen a encontrar uno de esos países en los que algún Estado podría instalar un centro y, sobre todo, para aumentar las deportaciones —a una de esas instalaciones o no— la jefa comunitaria ha prometido revisar también el concepto de “tercer país seguro”. Los nuevos reglamentos del pacto migratorio permiten enviar al solicitante de asilo rechazado (con su consentimiento) a uno de esos terceros países seguros si tiene “algún tipo de conexión” con ese Estado. Un concepto muy amplio que puede ir desde que cruzó a territorio comunitario desde allí a que tenga algún familiar en ese país.

En el pacto migratorio ya hay una cláusula de que ese concepto de “tercer país seguro” se revisará, precisa una fuente diplomática. El que Von der Leyen haya prometido hacerlo incluso antes de ver cómo funciona la nueva regulación puede ser problemático.

A la espera de que la UE se mueva, Meloni sigue su experimento, moldeando el concepto de país seguro. El tribunal de Roma rechazó la retención en frontera de los migrantes enviados a Albania porque consideró que sus países de origen, Bangladés y Egipto, no eran seguros. Fallaba, por tanto, una de las condiciones básicas para gestionar por la vía rápida sus solicitudes y ordenó que fueran trasladados a Italia.

Tres posibles desenlaces de una nueva deportación a Albania

Italia prevé ahora hacer un segundo intento, tras introducir novedades con un decreto ley. A la luz de la sentencia europea, ha reducido su lista de países considerados seguros de 22 a 19. Ha quitado Nigeria, Camerún y Colombia, los tres casos más claros de países con zonas no seguras. Aunque siguen en la lista otros países con zonas críticas, como Georgia o Perú. Pero el decreto de Meloni solo se ha atenido al criterio geográfico de violaciones de derechos. No ha tenido en cuenta si en un país hay colectivos perseguidos: lo que sucede en 12 de los 19 que aún siguen en la nueva lista. Por ejemplo, en Bangladés y Egipto, nacionalidades de los primeros deportados y con mayor número de llegadas por mar a Italia, junto a Túnez, también considerado seguro por Italia, pese a ser una dictadura.

El decreto ha introducido más cambios para afinar la repuesta legal. El Gobierno puede recurrir la decisión en segunda instancia, ya no al Supremo como hasta ahora (algo que ha levantado protestas en tribunales ya muy saturados que ahora temen unos 200.000 recursos al año), y la sentencia debe llegar en 10 días. También obliga al juez a motivar las razones concretas de cada caso personal, pues las excepciones a los procedentes de esos 19 países solo se pueden hacer “cuando se producen graves circunstancias y razones”.

¿Qué pasará con una segunda deportación a Albania? Pueden ocurrir tres cosas. Una, el tribunal hace lo mismo que la primera vez: rechaza la retención en frontera aplicando la sentencia europea. Dos, la convalida siguiendo el nuevo decreto del Gobierno. Tres, repite lo que acaba de hacer un juzgado de Bolonia: elevar una consulta al tribunal europeo, o al Tribunal Constitucional italiano, para que aclare el conflicto de criterios.

Son ensayos a la espera de los grandes cambios de 2026. Y que en todo caso, insisten en Italia los expertos, ocultan el verdadero problema, de difícil solución: esa media de un 20% de expulsiones. Se puede retener o deportar a terceros países a la espera de resolver sus peticiones de asilo a todos los migrantes que se quiera, pero al final del proceso la mayoría de las repatriaciones nunca se llevan a cabo y esas personas se quedan en la UE. “El modelo Albania no cambia nada. Lo único que hace es acelerar, a un coste muy alto, el momento en que esos migrantes se convierten en irregulares en Italia”, opina Matteo Villa, investigador del ISPI de Milán.

Entre 2022 y 2023, Italia entregó la orden de expulsión a 22.495 migrantes del norte de África, pero solo logró repatriar realmente a 2.800. El resto tienen una orden de expulsión en el bolsillo y se quedan en el país, trabajando sin papeles y esperando que no los arresten.

Villa prevé que, al final, aunque los tribunales ya convaliden la retención en Albania, el centro se sature de migrantes a la espera de una expulsión que nunca llega y acaben siendo trasladados a Italia. El único acuerdo de repatriaciones de Italia que funciona regularmente es con Túnez. “Cada semana hay un vuelo, la tasa de repatriación es de las más altas y aun así es solo del 24%”, explica. En su opinión, a partir de 2026 y aunque se gestione a nivel europeo, el problema de la repatriación seguirá sin resolverse.