Alemania castigará con cárcel las protestas en los aeropuertos tras otro bloqueo de activistas medioambientales

Alemania tiene un problema con la seguridad de sus aeropuertos. Este jueves ocho activistas medioambientales de la organización Última Generación se colaron en cuatro aeródromos ―Núremberg, Colonia-Bonn, Stuttgart y Berlín―, accedieron a las vías de acceso a las pistas y se pegaron al asfalto para protestar contra el uso de combustibles fósiles. El tráfico aéreo quedó paralizado temporalmente hasta que consiguieron expulsarlos. “Estas acciones delictivas son peligrosas y estúpidas”, reaccionó la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, ...

Alemania tiene un problema con la seguridad de sus aeropuertos. Este jueves ocho activistas medioambientales de la organización Última Generación se colaron en cuatro aeródromos ―Núremberg, Colonia-Bonn, Stuttgart y Berlín―, accedieron a las vías de acceso a las pistas y se pegaron al asfalto para protestar contra el uso de combustibles fósiles. El tráfico aéreo quedó paralizado temporalmente hasta que consiguieron expulsarlos. “Estas acciones delictivas son peligrosas y estúpidas”, reaccionó la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, en redes sociales.

Las imágenes en televisión de los policías señalando a las vallas metálicas que protegen el perímetro cortadas y abiertas se han vuelto casi cotidianas. No hace ni un mes que otros seis miembros de la organización lograron entrar por varios puntos al aeropuerto de Fráncfort, el más transitado del país. Llegaron a pie, en bicicleta y en monopatín y usaron pequeñas tenazas para introducirse y exhibir carteles con el lema “El petróleo mata”. Se cancelaron 140 vuelos. En mayo ocurrió lo mismo en Múnich durante el puente de Pentecostés. El Gobierno de Olaf Scholz quiere evitarlo mediante la disuasión, endureciendo la ley. “Hemos propuesto severas penas de prisión”, aseguró Faeser.

El Gobierno trabaja ya en un borrador para modificar la Ley de Seguridad Aérea, de forma que en el futuro estas acciones puedan castigarse como delitos penales, que conllevarían hasta dos años de prisión. Ahora se consideran infracciones administrativas y acarrean multas. La nueva normativa, que tendrá que ser aprobada en el Parlamento, penalizará la intrusión deliberada y no autorizada en las áreas de despegue y aterrizaje si ello pone en peligro la seguridad del tráfico aéreo civil. Cortar una valla del recinto aeroportuario y bloquear una pista, como ha sucedido repetidamente en los últimos meses, sería suficiente motivo para acabar con una condena de prisión.

El debate de la seguridad

Pero más allá de tratar de disuadir a los activistas con la amenaza de ir a la cárcel, el debate que asoma estos días es el de la seguridad. La facilidad con la que los manifestantes acceden a recintos considerados infraestructuras críticas es sorprendente. Más aún cuando las autoridades están en alerta ante posibles sabotajes relacionados con la guerra de agresión rusa en Ucrania o con la tensa situación en Oriente Próximo. ¿Cómo es posible que estos lugares de teórica máxima seguridad se conviertan en coladeros y se acaben cancelando decenas de vuelos?

La pregunta es pertinente porque los aeródromos y las autoridades ha tenido tiempo para prepararse. Los activistas de Última Generación paralizaron por primera vez un aeropuerto alemán en 2022. Desde entonces, además de sus protestas, se han vivido otras situaciones inverosímiles, como cuando el año pasado un hombre entró con su coche hasta la zona de pistas del aeropuerto de Hamburgo y se atrincheró allí tomando como rehén a su hija.

El periodista y experto en aviación Heinrich Grossbongardt dijo estar “horrorizado” por las enormes lagunas de seguridad de las instalaciones aeroportuarias alemanas en una entrevista reciente con la televisión pública WDR. El peligro de estas acciones es mucho mayor de lo que pueda parecer viendo a unos jóvenes idealistas sosteniendo carteles contra el petróleo, apuntó: “Son alborotadores en última instancia inofensivos, pero podrían haber sido terroristas”. Grossbongardt, antiguo portavoz de Boeing en Alemania, ya alertó hace meses, cuando ocurrió el incidente en Hamburgo, de la escasa protección de los aeródromos. “El aeropuerto de Hamburgo no es seguro, como tampoco lo son los otros aeropuertos alemanes”, señaló.

“Estamos obligando a los aeropuertos a mejorar significativamente la seguridad de sus instalaciones”, aseguró la ministra Faeser en su cuenta de X. El Gobierno de Scholz lleva meses negociando con los propietarios de las instalaciones cómo protegerlos de intrusiones como las de Última Generación. Después de haber intentado firmar con ellos una declaración de “compromiso voluntario” ―que, según varios medios, fracasó por la resistencia de dos grandes aeropuertos―, el Ejecutivo ha optado por obligar mediante una orden a los operadores aeroportuarios a mejorar las medidas de seguridad.

El director general de la Asociación Alemana de Aeropuertos (ADV), Ralph Beisel, ha defendido públicamente las actuales medidas de protección. En su opinión, el concepto de “seguridad multinivel” de los aeropuertos, con los sistemas de vallas como uno de sus componentes, ha demostrado su eficacia porque el tráfico aéreo se ha interrumpido inmediatamente. “Las cadenas de información y alarma funcionan de forma fiable”, ha afirmado. Hace unos días su organización envió una carta a los activistas para pedirles una reunión y tratar de convencerlos de que abandonen las protestas en los aeropuertos.

“Estamos en 2024, sabemos lo que ocurre y seguimos como si no hubiera ningún problema. Tengo dos hijos y dentro de unos años tendré que explicarles por qué seguimos como si nada a pesar de saberlo todo”, dice Judith, una de las activistas que entraron este jueves de madrugada en el aeropuerto de Colonia, en un vídeo publicado por Última Generación. Lleva un chaleco naranja y parece estar sentada en la zona de operaciones, con varios aviones de fondo. La organización ha destacado que se trata de una “resistencia pacífica” y que no han entrado a las pistas.

El debate sobre si las penas de cárcel son proporcionales, y especialmente el de la seguridad, han eclipsado el mensaje de los activistas medioambientales, que exigen a los políticos “un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para eliminar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón en todo el mundo antes de 2030 para poner fin a las muertes masivas causadas por alimentar la catástrofe climática”. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los alemanes no simpatiza con estas acciones que provocan centenares de cancelaciones de vuelos en plenas vacaciones de verano

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