“Agente extranjero”, el sambenito con el que el Kremlin combate a los rusos más críticos

La campanilla de los apestados, el capirote y el sambenito de los condenados por la Inquisición. A estas y otras formas históricas para marcar grupos incómodos y potenciales fuentes de contagio físico o ideológico, Rusia ha hecho una aportación propia, a saber, la etiqueta de “agente extranjero”.

Fijado en la legislación rusa en 2012, el concepto de “agente extranjero” ha servido al sistema presidido por Vladímir Putin para restringir los derechos de ciudadanos activos, que cuestionan su...

La campanilla de los apestados, el capirote y el sambenito de los condenados por la Inquisición. A estas y otras formas históricas para marcar grupos incómodos y potenciales fuentes de contagio físico o ideológico, Rusia ha hecho una aportación propia, a saber, la etiqueta de “agente extranjero”.

Fijado en la legislación rusa en 2012, el concepto de “agente extranjero” ha servido al sistema presidido por Vladímir Putin para restringir los derechos de ciudadanos activos, que cuestionan su rumbo o son molestos portadores de alternativas diversas a su política nacionalista y cada vez más dictatorial.

La legislación sobre “agentes extranjeros” comenzó como una forma de identificar públicamente las organizaciones no gubernamentales (ONG) con actividades políticas y financiación extranjera. Con el tiempo, y mediante sucesivas enmiendas, el alcance de la legislación se amplió y hoy, el concepto de “agente extranjero” es una marca obligatoria para entidades jurídicas, personas físicas y medios de comunicación designados como tales, lo que no solo atañe a quienes reciban apoyo monetario o material extranjero (por mínimo que sea), sino también a quienes son catalogados como sujetos “bajo la influencia” del extranjero.

Personas físicas y jurídicas se ven obligadas así a presentarse (y ser presentadas) como “agentes extranjeros” dondequiera que intervengan. Tanto si hacen un breve comentario, como si publican un artículo o un libro o si actúan en un escenario, sus nombres solo pueden citarse en público acompañados de la humillante etiqueta.

Los “agentes extranjeros” no pueden acceder a puestos oficiales, ni ejecutar encargos de la Administración, ni obtener recursos del Estado, ni enseñar en las escuelas. Además, son sometidos a un control fiscal especial y deben presentar informes trimestrales y semestrales sobre cuestiones financieras y administrativas, y también dar cuenta de todas sus actividades públicas.

Una lista que se amplía cada viernes

Artistas, periodistas, organizaciones no gubernamentales y miembros de las mismas, escritores, cantantes, politólogos, entre otros, figuran en una lista que se amplía con nuevos nombres cada viernes. A fecha de 15 de marzo, el registro, del que es responsable el Ministerio de Justicia, constaba de 781 nombres, de los cuales 199 figuraban como excluidos, lo que supone que la etiqueta de “agente extranjero” está vigente en 582 casos. Los nombres excluidos del registro son en su mayoría (134) entidades liquidadas, como asociaciones de gays y lesbianas. Solo en cinco casos el ministerio reconoce su error al calificarlos de “agentes extranjeros”.

Inicialmente, las autoridades rusas tenían cuatro registros diferentes (según las diversas categorías de agentes extranjeros). La primera entidad registrada (en 2013) fue la Asociación Antimonopolio Euroasiática (formada por juristas con raíces en Kazajistán). En 2014 siguieron la ONG Gólos (Voz), para la protección de los derechos electorales y otras, hasta un total de 29. En 2015, hubo 80 nuevas incorporaciones, entre ellas la organización internacional Memorial y el Comité contra la Tortura.

Los siete últimos nombres añadidos a la lista el pasado viernes corresponden a un economista, una diputada municipal, un actor, un director de teatro, dos periodistas, y un exoficial de la policía. En cinco casos se les acusa de oponerse a la “operación militar especial” (guerra) del Kremlin en Ucrania y en tres por lo menos de difundir “información no fidedigna” sobre la política oficial. De los siete nuevos agentes, seis están fuera de Rusia.

Una de las últimas medidas que ha entrado en vigor este mes prohíbe a los ciudadanos rusos insertar anuncios en los medios de comunicación catalogados como agentes extranjeros. Esto priva de sus recursos a grandes figuras del periodismo ruso como Yekaterina Gordéieva (1,64 millones de suscriptores en YouTube) o Alexei Pivovárov (cuatro millones en Youtube y más de un millón en Telegram). Ambos periodistas han anunciado que se verán obligados a restringir sus actividades.

Aparte del registro de agentes extranjeros público, existe otro de “afiliados a agentes extranjeros” con carácter reservado y destinado a informar a los responsables del sistema electoral ruso sobre los participantes en elecciones que se han relacionado con agentes extranjeros. La categoría de “afiliados” no conlleva las limitaciones de los agentes extranjeros y fue utilizada ya en las elecciones parlamentarias y regionales de 2021. En 2023 más de 800 nombres figuraban en ese registro.

El concepto de “agente extranjero” es uno de los pilares del régimen ruso actual y entronca con estereotipos culturales arraigados en el país desde la época de Iván el Terrible (siglo XVI) y también con la represión estalinista, muchas de cuyas víctimas fueron acusadas de espiar para potencias extranjeras.

Estas asociaciones históricas tienen gran peso en Rusia y ejemplo de ello fue la rotunda negativa de Mijaíl Gorbachov a ser etiquetado como agente extranjero, cuando entró en vigor la legislación al efecto. Para no verse lastrada por la humillante etiqueta de “agente extranjero”, la fundación del expresidente de la URSS tuvo que renunciar a sus planes de cooperación internacional y restringir drásticamente sus actividades de divulgación y debate político.

En 2012, las autoridades rusas presentaban la identificación obligatoria de los “agentes” como una medida para detectar el lobbysmo y alegaban que una legislación semejante existe en Estados Unidos desde los años treinta del pasado siglo.

Pero el concepto ruso tuvo su propio desarrollo. Primero, con normativa solapada y confusa y, a partir de 2022, tras la invasión de Ucrania, de forma sistemática. La ley que aclaró y ordenó la política sobre los agentes extranjeros entró en vigor en diciembre de 2022.

Hasta seis años de cárcel

En la actualidad, un “agente extranjero” que incumpla sus obligaciones puede ser condenado hasta dos años de cárcel (a resultas de una transgresión efectuada tras dos infracciones administrativas a lo largo de un año), o hasta cinco años (por recoger datos militares incluso de carácter abierto) y hasta seis años (si el agente extranjero se organiza para realizar actividades vetadas por la Administración). En el segundo caso, puede afectar los periodistas y analistas y en el tercero, a los agentes extranjeros que creen organizaciones para oponerse a la política oficial (por ejemplo, ayudar a esquivar la movilización o exhortar a acudir a mítines).

La legislación sobre agentes extranjeros puede considerarse como parte de una política de “arcaización” (evolución hacia lo arcaico), consistente en neutralizar a los individuos influyentes y activos, susceptibles de ser eslabones de una sociedad civil independiente. La otra parte de esta política, recién esbozada, consiste en promocionar a una élite de nuevo tipo acorde con el modelo militarista que Putin intenta asentar en la sociedad. El 29 de febrero, en su discurso ante el Parlamento, el presidente anunció el lanzamiento de un programa de su invención, al que denominó como “tiempo de héroes”, con el fin de impulsar las carreras de los veteranos de la guerra en Ucrania. Los cuadros de este proyecto evocador de la revolución cultural china comenzarán a formarse “en los próximos meses”, según anunció el líder ruso.

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