Macron trata de sofocar la crisis de Gobierno tras la aprobación de la nueva ley de inmigración

El presidente apelará al Constitucional para que verifique la legalidad de los puntos más polémicos de una reforma aplaudida por la ultraderecha de Le Pen. El ministro de Sanidad, contrario a la norma, presenta su dimisión

El ministro de Sanidad francés, Aurélien Rousseau, en una sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, este martes en París.SARAH MEYSSONNIER (REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, apelará al Constitucional francés para que verifique si la nueva ley de inmigración es legal y respeta los derechos fundamentales. La ley se adoptó el martes por la noche en la Asamblea Nacional con los votos a favor de la derecha tradicional, la extrema derecha y una mayoría de los diputados que apoyan a Macron. Pero una cuarta parte de los macronistas votaron en contra o se abstuvieron. El pre...

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El presidente francés, Emmanuel Macron, apelará al Constitucional francés para que verifique si la nueva ley de inmigración es legal y respeta los derechos fundamentales. La ley se adoptó el martes por la noche en la Asamblea Nacional con los votos a favor de la derecha tradicional, la extrema derecha y una mayoría de los diputados que apoyan a Macron. Pero una cuarta parte de los macronistas votaron en contra o se abstuvieron. El presidente intenta ahora sofocar la rebelión. No será fácil. El ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, ya ha anunciado que dimitirá. Otros, situados en el ala socialdemócrata del Gobierno, han amenazado con hacerlo también.

La izquierda y una parte del macronismo consideran que la ley rompe el principio de igualdad para los residentes en Francia y, más grave aún, asume sin decirlo uno de los tótems de la extrema derecha, la llamada preferencia nacional. Es decir, la prioridad para los franceses ante los extranjeros, aunque estos tengan los permisos necesarios de residencia y trabajo, a la hora de acceder al robusto sistema de protección social francés. Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) y aspirante a suceder a Macron en el Elíseo, celebró la adopción del texto como una “victoria ideológica” de su partido, el Reagrupamiento Nacional.

“Someteré [el proyecto de ley] al Consejo Constitucional porque pienso que hay disposiciones que no están conformes con nuestra Constitución”, declaró Macron en una entrevista en el programa de tertulia política C à vous, en la cadena pública France 5. El Consejo Constitucional cumple funciones de Tribunal Constitucional en Francia.

Macron justificó que el texto final “es el fruto de un compromiso”. “Es el escudo que nos faltaba”, resumió. Lo enmarcó en el acuerdo migratorio de la Unión Europea aprobado casi simultáneamente en Bruselas: “Lo que hacemos en Europa con el pacto de asilo e inmigración y esta ley nos permitirá luchar con más eficacia contra las redes clandestinas y devolver a las personas que están de manera irregular en nuestro territorio.” Defendió que el otro objetivo, en caso francés, es “integrar mejor, por medio del aprendizaje de la lengua y del trabajo”.

La versión adoptada no es la que originariamente quería Macron, más equilibrada entre las medidas represivas y las progresistas. Pero, al carecer de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, necesitaban los votos de la oposición. Y acabaron pactando una versión más dura y derechizada del texto con la derecha de Los Republicanos, mayoritaria en el Senado. El Consejo Constitucional podría anular algunos artículos y volver a suavizar la ley.

Derecho del suelo

Los críticos denuncian que la ley cuestiona principios fundamentales de la República. Uno de ellos es que en Francia la nacionalidad de un ciudadano no depende de sus orígenes, sino del lugar donde ha nacido, según la tradición del llamado derecho del suelo, por oposición al derecho de sangre. Hasta ahora, un hijo de extranjeros se convertía automáticamente en francés a los 18 años. Ahora tendrá que pedirlo. La idea es que, quien quiera ser francés, manifieste su voluntad de serlo, sin que sea automático.

Otra crítica apunta a la obligación para los estudiantes extranjeros de depositar una fianza cuando vengan a estudiar a Francia. Es una medida, inspirada por la derecha, que busca evitar que personas que quieren inmigrar a Francia se inscriban en universidades para obtener así un visado, y que luego no vayan a clase. Los rectores de las universidades denunciaron en un comunicado que esta medida “va contra la tradición multisecular de apertura al mundo de la universidad francesa” y “es un insulto a la Ilustración”.

La medida más controvertida es la que endurece las condiciones para que los extranjeros, aunque tengan permiso de trabajo y residencia, reciban ayudas familiares o a la vivienda. Que esto establezca una diferencia entre los franceses y los extranjeros es lo que lleva a los críticos a decir que Macron ha adoptado la preferencia nacional, un concepto hasta ahora tóxico para la mayoría de partidos, excepto la extrema derecha.

El diario progresista Le Monde, en un editorial, lamenta: “Desde que hace cuarenta años, el debate político francés adoptó el tema de la inmigración, raramente un gobierno había manifestado tal grado de compromiso con fuerzas que prosperan designando al extranjero como chivo expiatorio”. Para Le Figaro, la crisis política es el resultado de la “negación [por parte de Macron] de su ausencia de mayoría absoluta en la Asamblea, que le expone a las arenas movedizas de las oposiciones, y de la negación sobre todo del lugar central que la inmigración ocupa en el mal francés”. El diario conservador opina que el presidente intentó durante demasiado tiempo complacer a la vez a la izquierda y a la derecha, y no entendió que, en el tema de la inmigración, la opinión pública se inclina a la derecha.

En la entrevista en France 5, Macron negó que las medidas supongan una ruptura con los valores fundamentales de la República, pero admitió que algunas no le gustan: “¿Las pedía yo o el Gobierno las impulsaba? No. ¿Representan una ruptura ontológica, de régimen? No.” La reivindicación, por parte de Le Pen, de una “victoria ideológica”, es “una maniobra burda”, afirmó el presidente, pues hasta el último minuto su partido se había opuesto a la ley. Ante la acusación, formulada por el expresidente socialista François Hollande y otros, de asumir las ideas de la extrema derecha, replicó: “Si cerramos los ojos, si decimos que no hay problema de inmigración, hacemos el juego del Reagrupamiento Nacional”.

De los seis o siete ministros que amenazaron con dimitir, solo uno lo ha confirmado en público. “Yo no doy lecciones de izquierda o de moral a nadie”, dijo a Le Monde el titular de Sanidad, Rousseau. “Constato clínicamente que para mí no es posible explicar este texto”. Este ministro se adscribe en el ala socialdemócrata del Gobierno. Él, además, fue director de gabinete de la primera ministra, también procedente de la socialdemocracia.

Uno de los efectos de la ley puede ser la ruptura del equilibrio entre las distintas corrientes del macronismo, un movimiento que pretendía ser transversal y congregar a los moderados de izquierdas y de derechas. La crisis ha dejado heridas profundas. Tardarán en cerrarse.

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