Lanzar piedras o apoyar el terrorismo: las acusaciones contra algunos de los palestinos que serán liberados por el acuerdo entre Israel y Hamás

Wisam Marwan Tamimi, entonces de 16 años, fue detenido el 9 de junio en la localidad cisjordana de Nabi Saleh, a 20 kilómetros de Ramala, y conducido a una sede de la agencia de inteligencia israelí, de nefasta memoria para quienes allí han acabado: el centro de interrogatorio Al Masqubiyya, en Jerusalén. En una celda de ese lugar donde las organizaciones de apoyo a los presos palestinos llevan años denunciando torturas, este estudiante de último año de secundaria pasó 45 días en total aislamiento. Sin abogado y sin que sus padres tuvieran noticias de él. “Nunca había tenido problemas con la l...

Wisam Marwan Tamimi, entonces de 16 años, fue detenido el 9 de junio en la localidad cisjordana de Nabi Saleh, a 20 kilómetros de Ramala, y conducido a una sede de la agencia de inteligencia israelí, de nefasta memoria para quienes allí han acabado: el centro de interrogatorio Al Masqubiyya, en Jerusalén. En una celda de ese lugar donde las organizaciones de apoyo a los presos palestinos llevan años denunciando torturas, este estudiante de último año de secundaria pasó 45 días en total aislamiento. Sin abogado y sin que sus padres tuvieran noticias de él. “Nunca había tenido problemas con la ley”, explica su tía, Manal Tamimi, en el salón de su casa. Después de ese mes y medio en completa soledad, este adolescente fue trasladado a la prisión israelí de máxima seguridad de Ofer, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Wisam Tamimi es uno de los menores que aparecen en la lista de 300 prisioneros palestinos, de los que al menos 150 podrían recuperar su libertad por el canje con rehenes israelíes anunciado el miércoles por Israel y Hamás.

Manal Tamimi cree posible que, como en el caso de su sobrino, “la mayoría” de los jóvenes que ahora serán liberados por el acuerdo auspiciado por Qatar “hayan sido detenidos por nada”, con cargos “fabricados por los israelíes”. Así sucedió con Wisam, cuyo único crimen, sostiene, es el de ser palestino y apellidarse Tamimi, “lo que es un delito en sí para Israel”. La familia de esta mujer adquirió notoriedad internacional cuando la hija de una de sus primas, Ahed, entonces de 16 años, pasó ocho meses en la cárcel en 2017. La chica había abofeteado a dos militares que le sacaban dos cabezas y que estaban tratando de llevarse detenido a su hermano de 14. Este altercado quedó reflejado en un vídeo que después se hizo viral.

El 6 de noviembre, Ahed Tamimi, ahora de 22 años, fue también detenida. Su nombre no está en la lista de presos palestinos que potencialmente se beneficiará del canje. Esa relación solo incluye a arrestados antes del siete de octubre, 30 de ellos mujeres, y a unos pocos hombres adultos, la mayoría de 18 años, por lo que es posible que fueran detenidos cuando aún no los habían cumplido.

La tía de Wisam recuerda que, ocho días antes de su arresto, soldados israelíes “le habían fracturado el cráneo” al chico con una granada de gas lacrimógeno que lanzaron contra la azotea de la casa de sus tíos en Nabi Saleh. Ese 1 de junio, relata, militares israelíes “habían matado de un tiro en el cuello a un niño del pueblo, de dos años, al disparar contra el coche de su familia”.

“Cuando oímos los disparos, subimos a la azotea a ver qué pasaba y entonces los soldados empezaron a tirarnos granadas de gas lacrimógeno. Una de ellas hirió a Wisam en la cabeza”, dice la mujer enseñando en su móvil un vídeo en el que se ve a una sanitaria de la Media Luna Roja palestina enjugando la sangre de una profunda herida en el cráneo del adolescente, que pasó cinco días en el hospital. Tres días después de que le dieran de alta, “los soldados vinieron y se lo llevaron detenido”, asegura su tía. Sin explicaciones, sin cargos y sin orden de detención. Su sobrino, dice la mujer, no tuvo acceso a un abogado hasta 45 días después, cuando lo trasladaron de Al Masqubiyya a la cárcel de Ofer.

Desde que Wisam Tamimi fue detenido en junio, sus padres “solo lo han podido visitar una o dos veces y verlo en el tribunal cinco minutos”. La familia entregó a sus carceleros los medicamentos que precisaba para tratar la fractura craneal que había sufrido, explica su pariente, para después descubrir “que no se los habían dado”. Desde el siete de octubre, ni este menor ni el resto de presos palestinos ha podido recibir visitas, asegura Manal Tamimi.

Juventud

De la lista de 300 menores y mujeres, de la que saldrán los primeros 150 presos que deberían ser canjeados por 50 de los 240 rehenes en Gaza, ha sorprendido comprobar lo jóvenes que son algunos: hay varios niños de 14 años. También las acusaciones formuladas contra ellos, que van de cargos graves como “intento de asesinato” o “apoyo al terrorismo” a delitos que oscilan entre la ambigüedad —“daños a la seguridad de la zona” o “pertenencia a organización desconocida”— y la banalidad de una de las acusaciones más recurrentes: “lanzar piedras”.

El servicio de prisiones israelí declaraba a finales de septiembre tener bajo su custodia a 146 niños y adolescentes palestinos en centros de detención, prisiones o lo que denominaba crípticamente “zonas de seguridad”, según un comunicado de la ONG B’Tselem. Esa cifra se ha multiplicado desde entonces por más de tres, al sumarse los 350 menores de 18 años detenidos en Jerusalén Este y Cisjordania desde el ataque de Hamás contra Israel, explica por teléfono desde la ciudad cisjordana de Belén Abdallah Zgari, el presidente de la ONG Club de Prisioneros Palestinos. Los menores arrestados representan más del 10% del total de 3.000 detenidos en los territorios ocupados a partir del siete de octubre, según esa organización. En total, las cárceles israelíes albergan ahora a 8.300 palestinos, de los que 500 son menores.

Los dos jóvenes de la familia Tamimi encarcelados, Wisam y Ahed, al menos fueron acusados formalmente ante un tribunal, un derecho que no siempre se disfruta en Israel. En ese país, existe una figura legal definida como “detención administrativa”, que permite arrestar a cualquier persona sin que haya hecho nada. Literalmente. Basta con que se sospeche que alguien planea cometer un delito en el futuro para enviarlo a prisión. Ese tipo de encarcelamiento no tiene límite de tiempo y se puede renovar cada seis meses hasta incluso “10 años de cárcel”, asevera Abdallah Zgari.

Las víctimas de esta figura legal son retenidas sin procedimiento judicial, por orden del comandante militar regional, y sobre la única base de pruebas clasificadas que no se revelan a los acusados. Miles de palestinos se ven así en prisión sin saber de qué se los acusa ni si serán finalmente juzgados. Tampoco tienen idea de cuándo recuperarán la libertad. Desde el 7 de octubre, de los 3.000 palestinos arrestados, 1.200 han sido situados en detención administrativa, explica el presidente del Club de Prisioneros Palestinos. Esa cantidad se ha sumado a otra idéntica de quienes ya estaban retenidos de esa forma antes del ataque de Hamás. En total, 2.400 presos, recalca Zgari. Antes de ese ataque, a finales de septiembre, había también ya 23 menores en detención administrativa en cárceles israelíes, calcula la ONG B’Tselem.

Según datos de Unicef, desde 2000, 13.000 niños palestinos han sido detenidos, interrogados, juzgados y encarcelados. Muchos tuvieron que recibir tratamiento médico durante su arresto (1.598 en la última década), lo que sugiere que sufrieron algún tipo de maltrato.

Los arrestos de adolescentes y jóvenes palestinos “no empezaron con el 7 de octubre”, recalca Manal Tamimi, que destaca el abismo que separa el trato que se dispensa a palestinos y colonos judíos en los territorios ocupados por Israel: “Los palestinos de Cisjordania y Gaza están sometidos a la ley militar, mientras que los colonos que viven al lado son juzgados por la ley civil. Si dos niños, uno palestino y otro colono, se tiran piedras, al judío lo mantendrán en buenas condiciones hasta que sus padres vengan a llevárselo a casa. Al niño palestino lo llevarán a un centro de detención, donde será interrogado durante horas y privado de todos sus derechos, como el de estar acompañado de uno de sus padres, ser asistido por un abogado o que su interrogatorio se grabe en vídeo”, recalca la activista. Esa doble vara de medir es una de las razones por las que Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan a Israel de sojuzgar a los palestinos imponiéndoles un régimen de apartheid.

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