EE UU desclasifica documentos del conflicto armado en Perú que revelan una brutal contrainsurgencia del Gobierno

Lo que padeció el Perú en las últimas dos décadas del siglo XX es todavía materia de ferviente discusión. Una herida abierta causada por un cúmulo de pasajes sangrientos que acabaron con la vida de 69.000 peruanos y dejaron sin rastro a más de 19.000. Familias quebradas en medio de un fuego cruzado que hizo invivible al país. Han pasado veinte años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la iniciativa más sólida y concreta de parte del Estado en su intento por c...

Lo que padeció el Perú en las últimas dos décadas del siglo XX es todavía materia de ferviente discusión. Una herida abierta causada por un cúmulo de pasajes sangrientos que acabaron con la vida de 69.000 peruanos y dejaron sin rastro a más de 19.000. Familias quebradas en medio de un fuego cruzado que hizo invivible al país. Han pasado veinte años del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la iniciativa más sólida y concreta de parte del Estado en su intento por comprender un periodo trágico donde se violaron los derechos humanos en repetidas ocasiones. Un esfuerzo titánico que debe reconocerse a pesar de no contar con la unanimidad de la población.

Con ocasión de este vigésimo aniversario, el Archivo de Seguridad Nacional, una organización estadounidense no gubernamental que lleva 38 años gestionando el acceso de documentos confidenciales del Gobierno norteamericano, ha puesto a disposición de la opinión pública 22 cables e informes de inteligencia desclasificados que datan del conflicto armado interno del Perú. Se tratan de nuevas piezas para armar el rompecabezas de una historia incompleta y aún hoy difusa. El aporte es valioso.

Los primeros documentos dan cuenta que el Centro Nacional de Evaluación Exterior de la CIA subestimó en el primer lustro de los ochenta al grupo terrorista Sendero Luminoso, al punto de suponer que eran una amenaza menor para la ciudadanía y el Gobierno de Fernando Belaunde y que “seguramente sería destrozado en algún enfrentamiento con el Ejército”. Lo más revelador por esos días es un informe de la Oficina de Evaluación de Investigaciones e Inteligencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos del 3 de octubre de 1984 que predice de una forma certera lo que sucedió: “Las fuerzas armadas no parecen capaces de ganar militarmente y pueden verse tentadas a intentar aniquilar físicamente a Sendero Luminoso eliminando a todos los sospechosos de ser miembros o simpatizantes”.

Otro documento desclasificado, que data del 24 de mayo de 1988, deja muy mal parado a Armando Villanueva del Campo, un político de larga data del Partido Aprista Peruano que por aquel tiempo había asumido la jefatura del Consejo de Ministros en el primer Gobierno de Alan García. Una semana atrás un grupo de militares había desaparecido a 39 personas en una comunidad de la región Ayacucho en represalia a la emboscada de una patrulla donde murieron cuatro efectivos. Al hecho se le conoce como el caso Cayara.

Según el informe, Villanueva del Campo respaldó la versión de los altos militares de que no había sucedido una masacre y habría comentado “que no le importaba si el Ejército ejecutaba a todos los guerrilleros de Sendero Luminoso que capturaba, siempre y cuando dichas ejecuciones se llevan a cabo discretamente”. Es más, aseguró que cualquier investigación de la oposición sobre el caso Cayara “sería inmediatamente derrotada”. Este mes de agosto, 35 años después, los deudos de Cayara han encontrado algo de justicia: se sentenciaron a los acusados de la matanza a entre 8 y 15 años de cárcel.

La toma de la residencia del embajador de Japón en Lima de parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) mantuvo en vilo al país y a la comunidad internacional desde diciembre de 1996 hasta abril de 1997. Así como se ha elogiado el operativo militar que logró la liberación de los rehenes, esa ejemplaridad estratégica quedó ensombrecida con los rumores de ejecuciones de terroristas vencidos. Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, del 10 de junio de 1997, corrobora aquellas voladas y notifica que el entonces presidente Alberto Fujimori dio “la orden de no capturar a ningún emerretista con vida”.

“El mensaje describe como uno de los comandos militares de la operación de rescate reconoció a Rolly Rojas, miembro del MRTA, apodado El Árabe, entre los rehenes que estaban sacando de la residencia. Lo detuvo, lo llevó otra vez a la residencia y le disparó en la cabeza. Luego colocó su cuerpo junto a su líder Néstor Cerpa Cartolini, quien había sido asesinado durante el fuego cruzado. El cable también señala que una mujer del MRTA fue ejecutada tras entregarse a las fuerzas de seguridad”, cuenta la publicación.

Otros cables confidenciales informan acerca del surgimiento del escuadrón de la muerte, el comando paramilitar Rodrigo Franco durante el primer Gobierno de Alan García, que fue creado para eliminar a presuntos terroristas. También se brindan detalles sobre el asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, en 1997, a manos de sus excompañeros del Grupo Colina, otro grupo paramilitar. En junio pasado, el asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 23 años de prisión al determinarse que fue el autor mediato del crimen.

El propósito de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue “alentar a los peruanos a enfrentar el pasado violento, aceptar lo ocurrido y tomar medidas necesarias para garantizar que la historia no se repita”. El Archivo de Seguridad Nacional hace hincapié en que la actual crisis política “demuestra que el legado del pasado violento del Perú todavía está muy presente”.

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