Agentes del FBI matan a un hombre armado al resistirse a ser detenido por amenazar al presidente Joe Biden
El caso demuestra el crecimiento exponencial de la violencia política en EE UU desde el asalto al Capitolio en 2021
Los incidentes de violencia política han aumentado en Estados Unidos en el último lustro. La fecha de inicio de esta tendencia se sitúa en 2016, en torno a la primera candidatura de Donald Trump a la presidencia, según el cotejo de bases de datos de incidentes relacionados con el terrorismo interno entre 1970 y 2020. Pero desde el asalto al Capitolio en enero de 2021 el índice se ha multiplicado exponencialmente, con 213 casos registrados por la agencia Reuters. EE UU lidia hoy con el mayor y ...
Los incidentes de violencia política han aumentado en Estados Unidos en el último lustro. La fecha de inicio de esta tendencia se sitúa en 2016, en torno a la primera candidatura de Donald Trump a la presidencia, según el cotejo de bases de datos de incidentes relacionados con el terrorismo interno entre 1970 y 2020. Pero desde el asalto al Capitolio en enero de 2021 el índice se ha multiplicado exponencialmente, con 213 casos registrados por la agencia Reuters. EE UU lidia hoy con el mayor y más sostenido aumento de la violencia política desde la década de los setenta.
Este tipo de violencia, correlato de la creciente polarización del país, ha costado la vida a 40 personas, según Reuters. Las manifestaciones de esta crispación son muy variadas, pero pocas tan cinematográficas como la muerte el miércoles de un hombre por disparos del FBI cuando una patrulla intentaba detenerlo y registrar su casa, tras ser acusado de amenazas al presidente Joe Biden. Ocurrió en Provo (Utah), pocas horas antes de que el mandatario participase en un acto de campaña en la cercana ciudad de Salt Lake City. El individuo, Craig D. Robertson, de 75 años, iba armado y había amenazado también con disparar contra otros cargos electos, entre ellos el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, que imputó a Donald Trump en abril por el caso Stormy Daniels. La acusación contra Robertson se había formulado la víspera en el tribunal de Salt Lake City, de ahí la intervención del FBI.
El caso de Utah ilustra cómo, concretamente desde 2020, tras perder Trump las elecciones y denunciar un inexistente fraude electoral que culminó en el ataque al Capitolio —lo que le ha costado la tercera imputación en cuatro meses—, la normalización de la violencia como arma política es una realidad creciente. En un sondeo de Ipsos para Reuters realizado en mayo a casi 4.500 votantes registrados, aproximadamente el 20% de los encuestados, tanto demócratas como republicanos, consideraron “aceptable” la violencia si se comete “para lograr mi idea de una sociedad mejor”. En otra encuesta realizada entre marzo y abril, el 65% de los participantes mostraba sin embargo su inquietud “por actos de violencia cometidos por creencias políticas”.
Reyertas mortales por discusiones individuales, ataques organizados, como los sufridos por numerosos trabajadores electorales tras las presidenciales de 2020; tiroteos, como dos en la ciudad de Portland, uno entre seguidores de Trump y partidarios del movimiento Black Lives Matter y otro a manos de un ultraderechista que hirió a cinco manifestantes que pedían justicia social… La hidra de la violencia se adapta a los lugares y las circunstancias, a las que no resulta en absoluto ajena la generalizada circulación de armas en el país. Los asesinatos masivos por motivos políticos se han cobrado en este periodo 24 vidas, incluidas las del tiroteo de Búfalo (Nueva York), en el que un supremacista blanco mató en mayo de 2022 a 10 clientes de un supermercado, todos ellos de raza negra, después de publicar en redes un manifiesto en pro de la guerra racial.
El director del FBI, Christopher Wray, dijo al Congreso en septiembre de 2021 que el asalto al Capitolio no fue un hecho aislado y que “el problema del terrorismo interno se ha estado propagando por todo el país durante varios años”. Así lo confirman los registros, desde 2014, con un crecimiento exponencial, especialmente acusado en 2020 y 2021. Tras el registro de Mar-a-Lago, la mansión de Trump en Florida donde fueron hallados los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca, el mismo Wray denunció una avalancha de amenazas a la agencia.
Alrededor de dos tercios de los incidentes políticamente violentos documentados por la investigación de Reuters fueron agresiones solitarias o enfrentamientos entre grupos rivales en actos públicos, convocados en protesta por la actuación policial, el derecho al aborto y los derechos de los transexuales, es decir, los temas más candentes del argumentario republicano para atacar a los demócratas y, por extensión, a todo lo que suene a woke. El resto de los incidentes se saldaron con daños materiales a menudo durante protestas, y atribuidos generalmente por la policía a militantes de izquierdas.
Desde los magnicidios de los dos hermanos Kennedy en los años sesenta, la violencia política aumentó durante casi una década, con casi medio millar de casos durante los setenta, en su mayoría ataques de radicales de izquierda contra edificios gubernamentales como presión política. En los años ochenta fue un fenómeno relativamente raro, y una década más tarde se produjeron graves picos, como el atentado de Oklahoma de 1995, en el que murieron 168 personas, el peor acto de terrorismo interno del país según el FBI. El salto a la arena política de Trump en 2016 marcó un nuevo hito pero, a diferencia de los setenta, cuando el propósito de los atacantes era presionar a los políticos, la violencia en la era Trump proviene de la derecha y se ha vuelto personal: el objetivo es el rival, el antagonista, el que piensa distinto. De los 14 ataques políticos mortales desde la revuelta del Capitolio que ha documentado Reuters, en 13 de ellos los autores eran de derechas.
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