El FBI detiene a dos personas acusadas de operar una oficina secreta de policía china en Nueva York

Los dos detenidos actuaban como agentes del gobierno chino, según los fiscales estadounidenses

Lu Jianwang, uno de los dos acusados de gestionar una comisaría clandestina en beneficio de China, junto a su abogada Deirdre von Dornum a su salida de un tribunal federal en Nueva York.Foto: BING GUAN (REUTERS) | Vídeo: EPV

Dos residentes en Nueva York han quedado detenidos como sospechosos de operar una “oficina secreta de policía” china en esa ciudad, según ha anunciado el Departamento de Justicia en un comunicado. Los dos arrestados, Lu Jianwang, de 61 años, y Chen Jinping, de 59 años, encaran cargos de obstrucción a la Justicia y de conspiración para actuar como agentes del Gobierno chino sin declararlo a las autoridades estadoun...

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Dos residentes en Nueva York han quedado detenidos como sospechosos de operar una “oficina secreta de policía” china en esa ciudad, según ha anunciado el Departamento de Justicia en un comunicado. Los dos arrestados, Lu Jianwang, de 61 años, y Chen Jinping, de 59 años, encaran cargos de obstrucción a la Justicia y de conspiración para actuar como agentes del Gobierno chino sin declararlo a las autoridades estadounidenses.

Además, en dos casos separados, la Fiscalía neoyorquina ha presentado cargos contra 34 y 40 funcionarios chinos, todos ellos radicados en su país, a los que acusa de crear cuentas falsas en redes sociales para hostigar y tratar de desacreditar y amenazar a críticos de Pekín que residen en suelo estadounidense para presionarles para que regresen a China y sean juzgados allí.

La comisaría clandestina funcionaba desde un piso en un edificio de Chinatown. Chen y Lu gestionaban su día a día, dirigidos por un funcionario de la policía china. Operó, según el Departamento de Justicia, hasta el otoño del año pasado, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la naturaleza de ese despacho. Formaba parte de una red de más de un centenar de centros que el Ministerio de Seguridad Pública, la Policía china, mantenía en ciudades de todo el mundo -Madrid y Barcelona entre ellas- sin informar a los gobiernos nacionales, según denunció en septiembre del año pasado la organización proderechos humanos Safeguard Defenders en un informe.

Tras la publicación del informe, diversos gobiernos -Holanda, Irlanda, Canadá- han tomado medidas para detener las actividades de esas supuestas oficinas clandestinas, que violan la soberanía de los países en los que se encuentran: la policía de un país no puede actuar impunemente en el territorio de otro. Pekín, por su parte, niega que esas oficinas tengan más función que ayudar a sus ciudadanos en el extranjero con cuestiones burocráticas relacionadas con su país de origen.

En octubre, después de que la ONG denunciara la existencia de esa red, el FBI registró las instalaciones de esa comisaría ilegal. También interrogó a Lu y Chen y confiscó sus teléfonos. Al examinarlos, la policía federal encontró que ambos parecían haber borrado el contenido de las comunicaciones entre sí y con el oficial de la policía china que les dirigía. Ambos admitieron posteriormente que habían eliminado ese contenido cuando se enteraron del inminente recurso, según explica el Departamento de Justicia. .

La fiscalía asegura que la acusación contra Lu y Chen “revela la violación fragante de la soberanía de nuestro país por parte del Gobierno chino al establecer una comisaría secreta de Policía en plena ciudad de Nueva York”.

En particular Lu mantenía una “larga relación de confianza con la Policía china”, sostienen los fiscales. En 2015 participó en manifestaciones contra Falun Gong, una secta religiosa perseguida en China. En 2018, Lu intentó persuadir a una persona considerada fugitiva en China para que regresara a su país de origen. Esa persona denunció que había sido amenazada y acosada. Cuatro años más tarde, el Gobierno chino pidió a Lu, que mantenía “una larga relación de confianza con la Policía china”, que localizara a otro individuo, un activista en favor de la democracia residente en California.

De ser declarados culpables de actuar como agentes no declarados del Gobierno chino, los dos sospechosos afrontan una pena de hasta cinco años de cárcel. El cargo de obstrucción a la justicia puede suponerles hasta veinte años de prisión.

“La República Popular de China, a través de su represivo aparato de seguridad, estableció una presencia física secreta en la ciudad de Nueva York para supervisar e intimidar a disidentes a los críticos de su gobierno”, ha declarado el fiscal general adjunto, Matthew Olsen, responsable de la división de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Las acciones de China van mucho más allá de los límites de la conducta aceptable para un Estado. Defenderemos con firmeza las libertades de todos aquellos que viven en nuestro país frenen a la amenaza de la represión autoritaria”.

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