Costa Rica pierde su paz: los homicidios aumentaron un 66% en una década

Los actos individuales de sicariato dejaron de ser noticia llamativa en Costa Rica y la palabra “balacera” es cada vez más frecuente en los titulares de los medios de comunicación. Los homicidios no son más un monopolio de la noche y ya no es raro un ataque armado a las 9 de la mañana en una carretera concurrida de la capital del país reconocido internacionalmente por un ambiente de tranquilidad, ahora poco coherente con las tasas de homicidios que aquí aumentaron en la última déca...

Los actos individuales de sicariato dejaron de ser noticia llamativa en Costa Rica y la palabra “balacera” es cada vez más frecuente en los titulares de los medios de comunicación. Los homicidios no son más un monopolio de la noche y ya no es raro un ataque armado a las 9 de la mañana en una carretera concurrida de la capital del país reconocido internacionalmente por un ambiente de tranquilidad, ahora poco coherente con las tasas de homicidios que aquí aumentaron en la última década casi como en ningún otro países del continente. Ha habido ataques recientes dentro de escuelas o entre colegiales. El reporte de asesinatos del 2022 fue el más alto de la historia del país: una cifra 66,5% mayor que la del 2012, para una tasa récord de 12,6 por cada 100.000 habitantes, mientras los registros del 2023 ya lo superan en un 30%.

Las disputas entre bandas criminales dedicadas al narcotráfico ya no se quedan en los barrios marginales ni en las regiones costeras por donde más pasa la cocaína hacia el norte. El aumento de la pobreza y la desigualdad de las últimas dos décadas, los recortes presupuestarios que limitan a los cuerpos policiales y la influencia de bandas internacionales ponen contra las cuerdas al país que se ufana de haber abolido el ejército hace 75 años y haber dedicado esos recursos a inversión social. El país centroamericano dejó de ser solo un punto de tránsito para el negocio de la droga o un territorio de bodegas con pequeños cargamentos que se quedan en el camino; es la casa de violentos grupos locales que ya no necesitan el control de carteles mexicanos o colombianos. Estos ahora son sus socios, clientes o competidores, pero en el terreno abundan las redes de costarricenses que aprendieron a pelear con plomo y sangre para mantener o aumentar el negocio cuyas ganancias se camuflan más y más en la economía legal.

Repunte de muertos por bala perdida

El paisaje no es del todo nuevo. Los registros de la última década muestran que los grupos criminales se han matado entre ellos, lo que llevó a uno de los mayores incrementos de homicidios del continente, según un comparativo publicado por el semanario local Universidad, en el que se advierte la mejoría en países con mayores historiales de violencia. Desde septiembre, el presidente Rodrigo Chaves decía que la situación se salió de las manos, pero esas guerras entre bandas parecen haber perdido escrúpulos.

Por eso, ya no es tan raro que una persona escuche balazos desde su casa y por eso murió Samuel Arroyo, un niño de ocho años herido por una bala perdida de un fusil de asalto AK-47 que lo alcanzó en la habitación donde dormía en la noche del último domingo de febrero. El hijo de una policía, en el mismo distrito de San José donde se ubica la sede de la Presidencia de la República, era la víctima de la noticia que confirmaba el momento de preocupación por la seguridad del país, pero a la historia le faltaba la otra parte: el primer detenido era también un menor de edad, un adolescente de 15 años, posiblemente relacionado a uno de los grupos locales que venden droga a intermediarios o a consumidores.

“Es indignante, inexplicable e inaceptable”, dijo sobre ese crimen el presidente Chaves, quien en 2022 rechazó responsabilidad suya sobre la crisis de inseguridad, pues aducía que su Gobierno apenas había empezado en mayo y que sus números empezarían a contar al comenzar 2023. El problema es que este año depara aún más violencia que el anterior y parece desbordar el Poder Ejecutivo, por lo que Chaves ha optado por culpar al sistema judicial y descargar la tarea sobre reformas legales que pide a la Asamblea Legislativa. También insiste mucho en colocar máquinas para monitorear las cargas en el puerto de Limón, el principal del país, debido a frecuentes filtraciones con cocaína para enviar a Europa.

Las cifras, sin embargo, son groseras para un país que invita a turistas, a inversionistas y a nómadas digitales: las denuncias por asaltos subieron 19,5% entre 2021 y 2022 (uno cada 49 minutos), las de robos en viviendas un 15% (uno cada 80 minutos), por robo de vehículos un 30%, en contenedores con mercancía un 14% y un 11,7% los asesinatos, uno cada 13 horas, según las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De los homicidios, dos tercios están vinculados al crimen organizado y el 72% fue provocado con arma de fuego, pero el rubro que más creció es el que refiere a casos como el del niño Samuel: en 2021 hubo siete víctimas colaterales (muertes no intencionales derivadas de un homicidio doloso) y en el 2022 fueron 18, una cada 20 días, lo que depara un incremento del 128%.

El ministro de Seguridad llama a confrontar a los criminales

Mientras 2023 ofrece un empeoramiento de algunos indicadores, Jorge Torres, ministro de Seguridad y exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) es blanco de críticas por haber dicho candorosamente en una entrevista que la sociedad costarricense está domesticada y que en las comunidades los vecinos deberían ir a confrontar a criminales para exigirles que dejen de vender droga ahí; dijo que él mismo lo hizo en su barrio, al confrontar a un hombre “que tenía acento como colombiano”, aunque la gran mayoría de detenidos y procesados son costarricenses.

“No hay una política clara de acción, pero el máximo jerarca de Seguridad en el país nos dice que es culpa de los ciudadanos por ser domesticados. Es claro que se quiere vender la inseguridad como responsabilidad o culpa de la ciudadanía”, criticó el diputado opositor Geison Valverde, de la provincia caribeña Limón, donde la tasa de homicidios casi triplicaba el promedio nacional en 2022.

Ante la limitada respuesta que distintos sectores políticos y sociales achacan al Gobierno de Chaves, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, decidió convocar en marzo reuniones de urgencia con expertos y autoridades, mientras algunos diputados alaban las políticas de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador y otros insisten en la necesidad de acciones dentro del régimen democrático y sin dejar las estrategias sociales. “Tenemos que atacar el problema de la manera más rápida para evitar más muertes y el deterioro del país, porque dejamos de tener una democracia limpia, porque estas cosas atacan los principios democráticos”, dijo el miércoles la diputada Gloria Navas, presidenta de la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, al recordar el riesgo de que se afecte la industria del turismo.

La embajada de Estados Unidos, principal país origen de turistas, emitió el 1 de marzo un recordatorio de alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos de inseguridad en Costa Rica y el incremento de crímenes violentos, una semana después de que el presidente Chaves se dejó mostrar en una visita a la región sur escoltado por guardias con armas largas y chalecos antibalas, imagen inédita para el país. “Me amenazan de muerte todos los días”, justificó Chaves, atribuyéndolo a acciones policiales contra operaciones del narcotráfico, ninguna de las instancias judiciales registran denuncias o investigaciones sobre ellas.

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