¿Lo esposarán? ¿Acabará en la cárcel? ¿Habrá protestas? Preguntas y respuestas sobre el posible arresto de Trump

El momento exacto en el que se puede producir, de llegar, la imputación y arresto del expresidente estadounidense Donald Trump —él aventuró que sería el martes y los medios deshojan la margarita: ¿este miércoles? ¿La semana que viene?— no es la única duda que se cierne sobre su supuesta culpabilidad en el caso de un pago de 130.000 dólares (unos 120.000 euros al cambio actual) para comprar el silencio de la actriz pornográfica St...

El momento exacto en el que se puede producir, de llegar, la imputación y arresto del expresidente estadounidense Donald Trump —él aventuró que sería el martes y los medios deshojan la margarita: ¿este miércoles? ¿La semana que viene?— no es la única duda que se cierne sobre su supuesta culpabilidad en el caso de un pago de 130.000 dólares (unos 120.000 euros al cambio actual) para comprar el silencio de la actriz pornográfica Stormy Daniels. Lo único claro es que los hechos, que se remontan a poco antes de las elecciones de 2016 en las que derrotó a Hillary Clinton, tuvieron el efecto contrario. Si pretendía enterrar la relación entre ambos, que él niega, no lo ha conseguido: siete años después aún se habla de ella.

¿Lo veremos esposado? ¿Qué probabilidades hay de que acabe entre rejas? ¿Se resistirá al proceso? ¿Cómo afectará todo esto a sus opciones de volver a la Casa Blanca en 2024? Este es un repaso a las preguntas y respuestas que ha generado una noticia que, pese a ser una mera posibilidad, ha provocado un verdadero terremoto político en Estados Unidos esta semana. Y por esta vez, no es un cliché lo del periodismo como borrador de la historia: si acaba imputado, será la primera vez que un expresidente pasa por ese trámite.

¿De qué se le acusa exactamente? Según Daniels, ambos mantuvieron relaciones sexuales en 2006 en un hotel en el lago Tahoe, como colofón a una jornada en un torneo de golf de famosos. Trump era entonces un magnate inmobiliario, además de una célebre personalidad televisiva. Daniels dice que este le sugirió que la ayudaría en su carrera en ese medio. Una década después, Michael Cohen, entonces un abogado de Trump, pagó pocas semanas antes de la elección de 2016 a la intérprete 130.000 dólares para que esta callara. Eso quedó probado en un juicio en 2018, en el que Cohen fue hallado culpable y condenado a tres años de cárcel. Cohen afirma que su cliente, ya inquilino en la Casa Blanca, le reembolsó esa cantidad. Aquel niega también ese extremo. No es ilegal en Estados Unidos comprar el silencio de una persona, pero sí lo es hacerlo con el dinero de una campaña electoral, en aquel caso, la que llevó a Trump a la presidencia. La clave está en el modo en que ese movimiento se reflejó en la contabilidad de la Organización Trump. Esa falsedad documental por sí sola está considerada como una falta, que pasa a ser un delito si queda probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen. No está aún claro cuál es el que escogerá, si lo escoge, el fiscal del distrito de Manhattan (Nueva York) Alvin Bragg, último archienemigo del expresidente, pero los expertos jurídicos hablan de estas opciones: un delito de financiación de campañas federales o estatales o de conspiración para influir o impedir una elección.

¿Quién decide sobre la idoneidad de su imputación? Los miembros del gran jurado que instruye el proceso, ante los que Bragg ha construido su caso. Tienen que votar a favor al menos 12 del total de 23 ciudadanos de Manhattan que lo componen. El lunes escucharon el testimonio de un aliado de Trump, Robert J. Costello, exasesor legal de Cohen, cuya credibilidad buscaba minar. Después de testificar, Costello aseguró a la prensa: “Le dije al gran jurado que este tipo [por Cohen] no te diría la verdad ni aunque le pusieras una pistola en la cabeza”. El hecho de que el fiscal de Manhattan ofreciera a Trump declarar hace un par de semanas habla, si se cumplen las costumbres judiciales de la ciudad, de la inminencia de su imputación.

¿Qué pasará si lo imputan? Tendrá que presentarse en el juzgado. Pueden pasar varios días desde que sus abogados reciban la notificación y ese momento. También está permitido que haga una primera declaración por videoconferencia. Él se encuentra actualmente en Florida; al dejar la Casa Blanca, se mudó a la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, desde donde estos días está especialmente activo en la red social que fundó tras su expulsión en 2021 de Twitter. Se llama Truth Social y en ella lanzó el sábado por la mañana un airado mensaje escrito en mayúsculas en el que daba por hecho, basándose en “filtraciones”, que lo detendrían el martes. Personas de su entorno han asegurado a The New York Times que está en su ánimo el presentarse por su propia voluntad. Si se resistiera, podría darse el improbable caso de tener que emitir una orden de extradición a Florida, que tendría que autorizar el gobernador, Ron DeSantis, al que todos los análisis sitúan como el contrincante de mayor envergadura de Trump en la carrera por la designación republicana para las elecciones presidenciales del año que viene.

¿Y después? Más incógnitas. Tienen que tomarle las huellas, hacerle las características fotos de frente y de perfil de los reos, y leerle sus derechos (esa parte la recordará de las películas: “Tiene derecho a permanecer en silencio...”). Ese trance será en privado. Después, tiene que comparecer ante el juez para la lectura pública de los cargos y su declaración de inocente o culpable. A eso podría acudir esposado (con las manos por delante, o tras la espalda), aunque no es condición sine qua non. Todo ello lo hará acompañado por el aparatoso dispositivo del servicio secreto que lo acompaña en calidad de exmandatario. En este punto, como en tantos otros del proceso, Bragg se mueve en un precario equilibro entre probar que nadie, tampoco Trump, está por encima de la ley y dejar fuera de duda que no estamos ante un juicio político a una persona que tiene previsto presentarse a la carrera por la Casa Blanca, y que acabará enfrentado con bastante probabilidad, si llega al final, al presidente, Joe Biden.

¿Podría Trump acabar en prisión? Es poco probable. Falsificar documentos comerciales es un delito en el Estado de Nueva York con penas de hasta cuatro años. No está claro que el fiscal del distrito encargado del caso, el demócrata Bragg, vaya a pedir prisión para él. Incluso si no lo hiciera, si es hallado culpable, el juez podría encarcelarlo.

¿Se esperan protestas? El volcán informativo que entró en erupción el sábado por la mañana incluía un llamamiento a sus seguidores a protestar para “recuperar” el “país”. Esas palabras refrescaron los ecos de los mensajes que mandó en los días previos al asalto al Capitolio. Nueva York y Washington reforzaron la seguridad el martes en puntos clave de ambas ciudades, donde, de momento, se pudo ver a más reporteros que simpatizantes. Los medios informaron la semana pasada de que varias agencias federales y locales mantuvieron reuniones para prepararse para la eventualidad de una explosión de descontento entre sus seguidores.

¿Es esta su única causa pendiente con la justicia? No. Trump se enfrenta a varias investigaciones. Por un lado, la de su supuesta implicación en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. El Departamento de Justicia tiene abierto “el mayor proceso de la historia de Estados Unidos”, y, como parte de él, indaga en los supuestos intentos de bloquear la transición pacífica del poder por parte de quien fue derrotado en las urnas por Biden, pero que desde entonces se ha empeñado en las teorías, demostradas falsas una y otra vez en los tribunales, de que le robaron las elecciones. Está por ver si lo consideran responsable del ataque al Capitolio, como concluyó el comité de la Cámara que lo investigó durante un año y medio: sus nueve miembros recomendaron juzgarlo por incitación a una insurrección, conspiración para emitir falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos y por obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, la votación para certificar el triunfo de Biden. Relacionadas con aquel periodo entre las elecciones y el 6 de enero están las pesquisas de otro gran jurado, este en Atlanta, sobre su supuesto intento de influir en funcionarios republicanos para que revirtieran el resultado de las presidenciales en ese Estado, que se llevó el candidato demócrata. También tiene abierta la causa por los centenares de documentos clasificados de su etapa como presidente que se llevó consigo al dejar el cargo y que encontró el FBI en un registro en Mar-a-Lago. Aparte, están los procesos civiles, también pendientes, por sus negocios en Nueva York.

¿Y qué dicen en el Partido Republicano? Durante el fin de semana, destacados miembros de la formación conservadora salieron a criticar la idea de una imputación. Uno de los primeros fue Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, que prometió poner en marcha una investigación en el Congreso para dilucidar si se está interfiriendo en las elecciones “con juicios por motivos políticos”. Este martes, en una reunión anual de legisladores del partido, celebrada para hablar de la agenda conservadora en Orlando (Florida) y monopolizada por las noticias llegadas desde Manhattan, McCarthy ha lamentado que “un fiscal del distrito ande metiéndose en política nacional”. Por su parte, el senador por Kentucky Rand Paul tuiteó: “Una imputación de Trump equivaldría a un desagradable abuso de poder. [Bragg] merece ser encarcelado”. Aunque la reacción que más se ha hecho de rogar ha sido la de DeSantis, que criticó que un fiscal ignore “los crímenes que se producen en su jurisdicción” y prefiera “remontarse a un caso de hace años e intentar usar el pago a una actriz porno para perseguir una agenda política”. El periódico conservador The Wall Street Journal ha editorializado contra la idea de un arresto del expresidente, porque conduciría al país a “un circo mediático eterno”. “Y lo haría corriendo el riesgo de que un solo miembro del jurado pudiera bloquear un veredicto de culpabilidad y validar la afirmación de Trump de que se trata de un proceso político. (...) Un fiscal inteligente debería considerar el daño potencial a la confianza en el Estado de derecho al presentar un enjuiciamiento que al menos la mitad del país considerará político. Un cargo contra un expresidente o un candidato actual debe ser por delitos graves con pruebas indiscutibles”.

¿Cómo afectará todo esto a las aspiraciones de Trump en 2024? Es difícil saberlo. Podría enardecer a sus bases o convencer a los moderados de su partido, a los que necesita para ganar, de que no es una buena idea empeñarse en él como candidato, teniendo en cuenta que ha perdido tres elecciones consecutivas (las legislativas de 2018 y 2022, y las presidenciales de 2020). De momento, las encuestas confirman una vez tras otra que sigue siendo el político que mayor ascendente tiene sobre el conservadurismo estadounidense en estos momentos. Hace un par de semanas, Trump dejó claro a los periodistas en la jornada de cierre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) lo que él no piensa hacer: una acusación penal no impedirá que persiga la nominación de su partido. “No me plantearía dejarlo ni por un segundo”, añadió. “Probablemente, algo así me daría votos”.

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