‘Qatargate’: La Defensora del Pueblo Europea pide explicaciones por los viajes pagados por Qatar a un alto funcionario de la Comisión
El Ejecutivo europeo admite que un director general se aprobó a sí mismo un viaje a Doha con los gastos pagados cuando su equipo negociaba un acuerdo con Qatar y reconoce que está trabajando en reglas más estrictas para evitar conflictos de interés
El Qatargate lleva sacándole los colores a las instituciones europeas desde que, en diciembre, la policía belga destapara una trama de corrupción presuntamente lanzada por Qatar (y con sospechas sobre otros Estados como Marruecos) que tiene desde entonces a varios eurodiputados y exparlamentarios detenidos a la espera de juicio. El sonrojo ha llegado ahora a la Comisión Europea, que venía preciándose de los...
El Qatargate lleva sacándole los colores a las instituciones europeas desde que, en diciembre, la policía belga destapara una trama de corrupción presuntamente lanzada por Qatar (y con sospechas sobre otros Estados como Marruecos) que tiene desde entonces a varios eurodiputados y exparlamentarios detenidos a la espera de juicio. El sonrojo ha llegado ahora a la Comisión Europea, que venía preciándose de los estándares más estrictos de transparencia en Bruselas. La Defensora del Pueblo Europea ha pedido explicaciones al Ejecutivo de la UE sobre los viajes a Doha pagados por Qatar al director general de su departamento de transporte. Además, como ha reconocido este lunes un portavoz de la Comisión, ese alto funcionario, el de más rango de su equipo, se autorizó a sí mismo dichos viajes tras constatar, sin ninguna evaluación externa, que no tenía conflicto de intereses pese a que su equipo estaba, en esos mismos momentos, negociando un acuerdo de aviación con el Gobierno catarí.
En una carta enviada a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la ombudsman o Defensora del Pueblo, Emily OʹReilly, hace referencia a las revelaciones realizas por el diario Politico sobre Henrik Hololei, el máximo responsable de la dirección general de Transporte de la Comisión, que viajó nueve veces de forma gratuita en Qatar Airways entre 2015 y 2021. Según ha confirmado este lunes la propia Comisión, en al menos uno de esos viajes (de varios días) el director general también tuvo pagados como mínimo los gastos de hotel en Doha.
En los pasados días, desde que empezaron las revelaciones de estos viajes, la Comisión ha subrayado que, en el momento de los hechos, y de acuerdo con las normas internas vigentes entonces, no se constató ningún conflicto de intereses que pudiera impedir dichos viajes costeados por Qatar o una empresa del país del Golfo, pese a que Hololei los realizó cuando su equipo estaba negociando un acuerdo de aviación con Qatar. Pero según ha reconocido este lunes un portavoz del Ejecutivo europeo, fue el propio Hololei el que se aprobó a sí mismo dichos viajes, ya que al ser el máximo responsable de su departamento, es el encargado de autorizar los viajes tanto a su equipo como a sí mismo, sin necesidad de consultar —puede hacerlo, pero no es obligatorio— a otra autoridad sobre la idoneidad del viaje. Una paradoja que a la Comisión le ha costado mucho explicar y que, según ha asegurado, está en vías de ser cambiada, en un intento de endurecer los requisitos para evitar conflictos de interés.
Esa promesa no ha impedido que O’Reilly quiera saber más. Por ejemplo, qué cambios se aplicarán a las normas internas, algo que la Comisión ha asegurado le hará saber en el plazo proporcionado por la propia O’Reilly: hasta el 3 de junio próximo. Pero aunque subraya que las preguntas de O’Reilly no implican que haya sospechas de una mala gestión, se ha apresurado a adelantar pistas: las reglas se van a “endurecer” y las posibilidades de aceptar viajes pagados serán “restringidas”; solo podrán correr con los gastos organismos como Naciones Unidas, el G-7 o G-20. La idea es que estas nuevas reglas se apliquen “lo antes posible”.
La Comisión también ha empezado a adelantar otros datos requeridos por la Defensora: asegura que los casos de viajes de funcionarios de la Comisión pagados por terceros son “extremadamente raros”, más aún si son fuera de la UE. Solo el 1,5% de las misiones de miembros de la Comisión Europea son pagadas de alguna forma (total o parcialmente) por terceras partes. De ellas, la cifra de los directores generales que participan en este tipo de misiones son más “limitadas” aún, solo entre 0,1% y 0,2% de los casos, y “en su mayoría”, para eventos dentro de la UE.
La larga investigación que continúa en manos de la justicia belga hace temer a algunos analistas que se pierda el ímpetu renovador que inundó a las instituciones en Bruselas nada más estallar el Qatargate. Actualmente, siguen bajo detención preventiva dos eurodiputados en activo, la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili y el socialista belga Marc Tarabella, a quienes les ha sido denegada recientemente la libertad condicional. Un tercer parlamentario, el italiano Andrea Cozzolino, está bajo detención domiciliaria en Italia a la espera de que la justicia decida sobre su extradición a Bélgica. A ellos se une el presunto cabecilla de la trama, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, que ha firmado un acuerdo con la justicia para hacer revelaciones a cambio de una pena menor. Su presunta mano derecha en la trama por la que se han incautado 1,5 millones de euros en efectivo —se sospecha que las cifras manejadas eran superiores—, el asistente parlamentario, Francesco Giorgi, fue puesto en libertad con un brazalete electrónico para poder ocuparse de la hija de dos años que tiene con su pareja, la griega Kaili.
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