Decenas de afganas huidas a Pakistán e Irán quedan en un limbo al anular España sus citas consulares para pedir asilo

Shayesta Q. manda por WhatsApp la foto de un hombre manco. Es su padre, y quien le amputó la mano izquierda es el exmarido de la joven, un talibán con el que su familia la obligó a casarse a los 18 años y al que los fundamentalistas liberaron de la cárcel nada más recuperar el poder en Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Ese día empezó su “miseria”, lamenta la mujer. También su huida. Shayesta cogió a su hijo M., de tres años, y escapó. Su exmarido intenta darle c...

Shayesta Q. manda por WhatsApp la foto de un hombre manco. Es su padre, y quien le amputó la mano izquierda es el exmarido de la joven, un talibán con el que su familia la obligó a casarse a los 18 años y al que los fundamentalistas liberaron de la cárcel nada más recuperar el poder en Afganistán, el 15 de agosto de 2021. Ese día empezó su “miseria”, lamenta la mujer. También su huida. Shayesta cogió a su hijo M., de tres años, y escapó. Su exmarido intenta darle caza desde entonces. Mutiló a su padre para que le revelara el paradero de la chica, encarceló a su hermano y la persiguió y encontró en Islamabad (Pakistán), donde la joven de 24 años llegó hace nueve meses. Shayesta logró huir de nuevo y hoy vive escondida, con “terror” a que “ese asesino” la encuentre, la mate e interne a su hijo en una madrasa fundamentalista para “hacer de él otro criminal”. Esta mujer tenía una esperanza: la cita que la Embajada española en la capital paquistaní le había dado el 30 de mayo para evaluar si le concedía un visado para viajar a España y pedir asilo. Estaba convocada el 7 de noviembre, casi cinco meses después, pero el 1 de ese mes la Embajada canceló la cita.

Shayesta y su hijo son una más de las “al menos 30 familias afganas perseguidas, de las que el 90% tienen a una mujer como cabeza de familia, cuyas citas concedidas hace meses por la Embajada de España en Pakistán fueron canceladas el 1 de noviembre”, explica por teléfono desde Valencia Inma Orquín, portavoz de Afghan Women on the Run (Mujeres afganas fugitivas), el colectivo feminista que tramitó las solicitudes de estas familias, junto con la ONG Un Gesto de Calor.

EL PAÍS ha tenido acceso al correo genérico de la Embajada que recibieron Shayesta y otros afganos, en el que se confirma la anulación por “razones administrativas”, se informa de que se les asignará una nueva cita, según el orden de llegada del primer correo que mandaron solicitando esta, y se precisa que, “dado el volumen de solicitudes”, este trámite “puede ser gestionado en un plazo largo de tiempo (varios meses o incluso más de un año)”; es decir, 2024.

En un correo enviado el martes por un empleado de los servicios consulares de la Embajada de España en Pakistán a un activista por los derechos de las afganas, al que también ha tenido acceso este diario, se lee: “La lista de espera [de afganos] es enorme. Estamos entrevistando casos que solicitaron cita en marzo de este año”. El Ministerio de Exteriores, contactado por EL PAÍS, asegura que no ha abandonado a estos solicitantes de asilo y subraya que España lleva año y medio ayudando a miles de afganos a salir del país para escapar de los talibanes.

En otra Embajada española, la de Irán, sostiene Orquín, “ninguna de las peticiones de cita” para tramitar asilo a afganos presentadas por su colectivo “desde el mes de marzo” ha obtenido respuesta. “Desde entonces, tenemos a 40 familias afganas esperando ser convocadas en Irán. Cuatro son afganas solas, y dos, madres solas con bebés”.

La anulación de estas citas concedidas hace meses en Pakistán puede tener “consecuencias graves”, advierte Orquín, sobre todo para las afganas que, como Shayesta, están solas con hijos pequeños. Casi todas estas mujeres entraron en territorio paquistaní con visados que ya han caducado. Ahora se encuentran en un limbo, sin poder volver a su país y en situación irregular en Pakistán.

Riesgo de deportación

La posibilidad de ser deportadas a Afganistán que se cierne sobre estas mujeres se ha agravado después de que el Gobierno paquistaní anunciara recientemente que repatriará a todos los afganos sin visado en vigor a partir del 31 de diciembre. “De acuerdo con un abogado afgano en Pakistán, esa expulsión se puede paralizar si se demuestra tener cita con una embajada de un tercer país para pedir asilo”, afirma la portavoz del colectivo feminista.

“Al cancelarse las citas con las embajadas españolas, el riesgo de caer en manos de los talibanes que amenazan a estas afganas aumenta”, critica Orquín. El martes, el Gobierno talibán prohibió a las afganas estudiar en la universidad, y el sábado les impidió que siguieran trabajando en las ONG nacionales e internacionales, dos nuevos pasos en la represión contra las mujeres de los fundamentalistas, de la que las afganas refugiadas en Irán y Pakistán tratan de escapar. Orquín describe la “desesperación” de esas mujeres, escondidas en esos dos países, “sin poder trabajar ni escolarizar a sus hijos”. “Están amenazadas de muerte por los talibanes. Han sufrido palizas y violencia sexual y el 95% están desnutridas. No tienen ni para comer y llevaban meses esperando estas citas que España ha anulado. Entre ellas, hay periodistas, una diputada, abogadas y enfermeras. Hasta una maestra y una pintora. Para los talibanes, basta con haber enseñado a una niña a leer y a escribir para merecer la muerte”, explica Orquín.

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por este diario afirman que no se ha producido “ningún abandono” por parte de España de los afganos que huyeron a países vecinos como Pakistán e Irán: “Más bien todo lo contrario”, sostienen. Y apoyan su afirmación en las cifras de afganos evacuados por las autoridades españolas tras la llegada al poder de los talibanes. Desde agosto de 2021, “España ha evacuado más de 4.500 afganos”. “En la actualidad, la complejidad de los expedientes hace que sea necesario más tiempo para gestionar estas peticiones, pero incluso en estas circunstancias no se ha dejado de dar citas en ningún momento. España está respondiendo a las peticiones y apoyando a los afganos en la medida de sus capacidades. Varias asociaciones profesionales, ONG y colectivos afectados han reconocido la labor de las embajadas y consulados por su participación en estas repatriaciones”, remarcan esas fuentes.

En otro correo electrónico remitido a la portavoz de Afghan Women on the Run el 18 de octubre, firmado por Rafael Ivorra Zaragoza, entonces encargado de Asuntos Consulares Afganos de la Embajada de España en Islamabad, este funcionario confirmaba la cancelación de “una serie de citas” y aseguraba que a los afectados “se les reasignará otra a su debido tiempo”.

Durante una conversación telefónica con Ivorra el 31 de octubre, el funcionario adelantó a Orquín que las afganas tendrían que pedir una nueva cita por correo electrónico. “Todas la pidieron al día siguiente, pero ni las 30 familias cuyas citas se cancelaron, que ahora tendrán que empezar el proceso desde cero, ni las otras afganas solas o solas con hijos que han solicitado ser recibidas han tenido aún respuesta”, denuncia la activista. “Estamos hablando de los casos que hemos tramitado nosotras. Ello no quiere decir que las embajadas de Irán y Pakistán no hayan dado citas a otros afganos”, aclara.

El 9 de diciembre, Afghan Women on the Run y otras cinco asociaciones feministas —El Club de las 25, Un Gesto de Calor, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Netwomening y Afghanistan Task Force—, a las que se sumaron CC OO y UGT, entregaron una carta a Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, que las recibió en la Cámara Baja. El texto denunciaba la cancelación de las citas de las afganas y sus familias. Según Magis Iglesias, de El Club de las 25, Calvo se comprometió a que esa comisión elabore un plan de acogida y distribución de las afganas, pactado con los países de la Unión Europea.

Las firmantes de la carta reconocían que, hasta el 1 de noviembre, las legaciones diplomáticas de España tenían una “actitud receptiva”. Orquín relaciona el “cambio de esa actitud”, que data en marzo, con el inicio de la guerra de Ucrania, el 24 de febrero. Fue entonces, sostiene, cuando España “empezó a denegar visados a afganos que cumplían los mismos requisitos que, hasta entonces, casi garantizaban la concesión del asilo”. Desde marzo, el Gobierno ha concedido 150.078 protecciones temporales a refugiados ucranios.

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